LAS RENOBABLES LA RUINA DEL PAIS Las cancillerías de países europeos en Madrid acumulan quejas sobre el riesgo jurídico existente en España. El viernes pasado tuvo lugar el último ejemplo. La embajada de Dinamarca despachó con representantes de varios fondos de inversión que administran los ahorros de pensionistas del norte de Europa. La incertidumbre generada por la posibilidad de que el Gobierno aplique recortes (hasta del 30%) a las primas de las energías renovables mantiene en vilo a promotores, banca e inversores extranjeros. A medida que se acerca el 1 de julio, fecha prevista para que el Ministerio de Industria anuncie la rebaja de las primas, sobre todo al sector fotovoltaico, los inversores con intereses comprometidos en España extreman sus presiones antes las máximas instancias del Gobierno, como han hecho firmas de EEUU o la patronal bancaria AEB. Los últimos en sumarse a esta práctica han sido varios gestoras danesas de fondos de pensiones, que han remitido sus quejas por carta a los ministerios de Industria y Economía. En su escrito, enviado el pasado 21 de junio, los gestores de los fondos de pensiones, que agrupan a un colectivo de 700.000 inversores del norte de Europa, con unos activos bajo gestión de 30.000 millones de euros, reconocen que acudieron a España atraídos por “la decisiva y pionera actuación del Gobierno para establecer un marco legal y regulatorio que impulsara el desarrollo del sector de la energía solar desde 2006”. Cuatro años después, sin embargo, sus expectativas se han visto totalmente defraudadas. Coincidiendo con las quejas de otros inversores y asociaciones, el escrito abunda en el hecho de que cualquier modificación de la tarifa que suponga una alteración en las previsiones de rentabilidad de las plantas solares provocará a sus inversores -fondos de pensiones de funcionarios- pérdidas sustanciosas. Además, subrayan, la retroactividad no afecta a los primeros inversores, que ya vendieron sus activos, sino al comprador final que adecuó su inversión a expectativas de ingresos regulados a largo plazo. Pleitos y mercado exterior Las consecuencias que puede provocar la decisión del Gobierno ya han sido señaladas desde distintos frentes. Esta misma semana, la Asociación de la Industria Fotovoltaica (Asif) auguraba un auténtico parón en el sector a la vuelta del verano… y el inicio de los pleitos contra el Gobierno. Entretanto, la opción exterior parece la única salida para la empresa española con intereses en el sector fotovoltaico. También los fondos internacionales mirarán a otros mercados más amables. Ya en 2009 apenas se instaló nueva potencia en España, después del boom de 2007 y 2008 por las generosas primas del Real Decreto 661/2007. Unos pírricos 70 megavatios contemplan a la industria española. Por ejemplo, en lo que queda año una opción relevante es Italia, que a partir de 2011 prevé un drástico recorte de las primas. El país transalpino instaló 730 megavatios en 2009 y se convirtió en el segundo país europeo en su apuesta por la fotovoltaica después de Alemania, con 3.800 megavatios. De hecho, casi un 70% de las firmas españolas que miraron al exterior invirtió en Italia el pasado año y cerca de un 30% prevé hacerlo en el próximo ejercicio. Según datos de Asif, los mercados más trillados por las compañías españolas hasta 2009 habían sido Alemania y Portugal, mientras que el pasado año la principal apuesta fue EEUU, aprovechando la declarada apuesta de Barack Obama por las energías renovables. En todo caso, todo está en el aire. Hasta el punto de que ayer se supo que el Ministerio planteó a las asociaciones fotovoltaicas en la reunión del pasado lunes abandonar su drástica propuesta de ahorrar 1.000 euros anuales en los próximos tres años más un recorte de entre el 30-40% en el número de horas primadas a cambio de una moratoria de tres años, es decir, tres años sin hacer una instalación fotovoltaica. “Poco habrá escrito si pueden lanzarse esas ofertas y retirar otras”, aseguran fuentes jurídicas, que no creen que haya ni siquiera un borrador de real decreto ni un articulado listo a una semana vista de que Industria se comprometiera a tener cerrada la reforma y enviársela a la CNE. “La moratoria de tres años al sector le haría un daño horrible y al Ministerio de Industria no le solucionaría el impacto en tarifa los próximos años. Además, la moratoria nos dividiría porque a un promotor puro le podría parecer bien no tener impacto en la retribución de las instalaciones que tiene y no invertir durante tres años, pero a un fabricante o un instalador, por ejemplo, no puede estar tres años –en adición a la poco actividad de 2009 y 2010- con el marcador a cero. Sería también la muerte para ellos”, aseguraba Javier Anta, presidente de Asif, en un e-mail que remitió a sus socios tras la reunión con el ministro. |