Llerena - Badajoz

Una vez más, las pensiones


Vicenç Navarro
Público




Una vez más estamos viendo una avalancha liberal alarmando a la población diciéndole que el sistema de pensiones no es sostenible y tiene que sufrir cambios profundos que significan, todos ellos, una disminución de las pensiones. Entre estos cambios se incluye el retraso obligatorio de la edad de jubilación de 65 a 67 años. La mayor justificación para esta medida es que la esperanza de vida de la población española ha crecido cuatro años en el periodo 1980-2005, pasando de 76 a 80 años. Por lo tanto, los pensionistas están gozando de sus pensiones cuatro años más ahora que hace 25 años, lo cual –se nos dice– hará insostenible el sistema de pensiones al aumentar el periodo de beneficio cuatro años más cada 25.
El problema con este argumento es que es erróneo, pues ignora cómo se calcula la esperanza de vida. Supongamos que España tuviera sólo dos habitantes: Pepito, que muere al nacer, y la señora García, que tiene 80 años. La esperanza de vida promedio de España lsería (0+80)/2=40 años. Supongamos que en un país vecino hubiera también dos ciudadanos: Juanito, que tiene 20 años, y la señora Pérez, que tiene 80 años. La esperanza de vida promedio de este segundo país es (20+80)/2=50 años. El hecho de que este país tenga diez años más como promedio en su esperanza de vida que España no quiere decir (como constantemente se dice) que la señora Pérez viva diez años más que la señora García. Lo que ocurre es que Juanito vive 20 años más que Pepito. Y esto es lo que ha ocurrido en España (y en Europa). El enorme descenso de la mortalidad infantil y la mortalidad de los grupos etarios más jóvenes ha sido la mayor causa del aumento de la esperanza de vida promedio. Ni que decir tiene que la población anciana vive ahora más que hace 20 años. Pero no los famosos cuatro años que constantemente se citan. Se está exagerando (deliberadamente, en muchas ocasiones) el aumento de la longevidad (años de vida) de la ciudadanía para justificar la reducción de las pensiones.

Por otra parte, este aumento de años de vida varía considerablemente según la clase social de la persona. España es uno de los países con mayores desigualdades sociales en el mundo desarrollado. En nuestro país hay un gradiente muy marcado de mortalidad según la clase social. Exigirle, por lo tanto, a la mujer de la limpieza de la universidad (cuyo nivel de salud a los 65 años es igual al que tiene el catedrático emérito a los 75 años) que trabaje dos años más para pagar la pensión a este último es una profunda injusticia. Pero esto es, precisamente, lo que están proponiendo los que piden que se aplace obligatoriamente la edad de jubilación. Proponen que las clases menos pudientes (que vivirán menos años) trabajen más para pagar las pensiones de las clases más pudientes, que les sobrevivirán muchos más años.

Otro argumento que se utiliza para argumentar la insostenibilidad de las pensiones es que la juventud se incorpora más tarde al mercado de trabajo (antes a los 18 años, ahora a los 24) y las personas de edad avanzada se jubilan antes, con lo cual hay menos trabajadores con cuyas cotizaciones se pueda sostener a los pensionistas. Tal argumento ignora tres hechos. Uno es que la prejubiliación es algo corregible. En España las prejubilaciones se están utilizando para ayudar a los empresarios que quieren despedir a sus trabajadores de mayor edad. Esta situación debería prohibirse, como ya ocurre en varios países europeos. Si un empresario quiere disminuir su fuerza de trabajo y jubilar a sus trabajadores, debería ser la empresa la que absorbiera estos costes en su totalidad.

Otro hecho que aquel argumento ignora es que el retraso de entrada en el mercado de trabajo por parte de los jóvenes se debe a que la mayoría están educándose, adquiriendo mayor conocimiento, con lo cual, una vez se integren en el mercado de trabajo, tendrán mayor productividad, conseguirán mayores salarios y aportarán, por lo tanto, mayores cotizaciones sociales.

Lo cual me lleva al tercer hecho que aquel argumento ignora: el impacto del crecimiento de la productividad en la riqueza del país y, por lo tanto, en los recursos disponibles para pensionistas y no pensionistas. Constantemente se dice que el número de trabajadores cotizantes por pensionista será menor, derivándose de este hecho que las pensiones no se podrán pagar. Ahora bien, decir que habrá pocos trabajadores para sostener las pensiones es similar al argumento que pudiera haberse dicho hace 30 años cuando el 30% de la población trabajadora sostenía la agricultura del país. El descenso del número de trabajadores en agricultura (hoy es sólo el 4%) no quiere decir que haya disminuido la producción de alimentos, al contrario, ha aumentado la productividad enormemente. Con menos trabajadores se produce más alimento. Pues bien, sustituyan la palabra agricultura y pongan pensiones. El aumento inevitable de la productividad de un número menor de trabajadores puede sostener e incluso expandir las pensiones sin ningún problema. La ignorancia de este hecho lleva constantemente a errores mayores, como ocurre en el informe del Gobierno sobre las pensiones. Este comienza con una nota que intenta ser de alarma. Dice que hay 8 millones de pensionistas en 2010 y habrá 15 en 2040, de lo cual deduce (sin indicar por qué) que tenemos un problema grave. Pero ignora que en 2040 el PIB de España habrá crecido y será, como mínimo, más de siete veces el existente hoy. Se olvida con excesiva frecuencia que España consumía hace 40 años el 4% del PIB en pensiones y ahora más del doble, el 8,6%, y ello no ha supuesto que los no pensionistas tengan menos recursos. Todo lo contrario, tienen más, pues el tamaño de la tarta (el PIB) es 17 veces mayor.

Una última observación. La viabilidad de las pensiones no es un tema demográfico ni tampoco económico. Es única y exclusivamente político. La enorme popularidad (entre todos los grupos etarios) del sistema de pensiones público hace que la sociedad siempre pueda encontrar cómo conseguir los recursos, bien a través de las cotizaciones sociales, bien a través de los impuestos generales, para financiarlas.

Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de Public Policy en The Johns Hopkins University

No a la reducción del gasto público y al recorte de las pensiones

ATTAC en el estado español lleva tiempo muy preocupado observando la lectura exclusivamente liberal del análisis de la crisis en el Reino de España por parte del Gobierno, pero también proponiendo medidas alternativas al objeto de enfocar las posibles salidas desde posiciones sociales respetuosas con el sector público y los servicios públicos, la protección social y la exigencia de avanzar en el terreno de la justicia fiscal y la redistribución de la riqueza.

En primer lugar, ATTAC tiene muy claro que la crisis es sistémica, es decir del capitalismo, y que éste padece una grave enfermedad incurable, pero mientras tanto hay que proponer medidas que avancen hacia la democracia real y no solo formal, fortaleciendo los medios del estado frente a especuladores financieros de todo tipo y condición.

En segundo lugar, denunciamos las presiones intolerables de los financieros internacionales y directivos de las grandes transnacionales, incluidas las bancarias que a traves de sus clubes de influencia y dominación están extorsionando al Estado Español y su gobierno, con la amenaza de las agencias de calificación de “seguridad” financiera y solvencia económica, que de forma escandalosa y sin tapujos se han producido en el Foro Económico de Davos y se siguen produciendo. El brutal ataque especulativo que está sufriendo la deuda pública española por parte de los grandes jugadores del casino mundial, no hace sino reforzar las propuestas de ATTAC de controlar los mercados de capitales e implantar con urgencia un impuesto global sobre las transacciones financieras.

Estas mismas agencias y estos mismos agentes son los creadores de las burbujas inmobiliaria y fínanciera que ha hecho reventar la actual fase de la crisis. Estos expertos, que no fueron capaces de predecirla y con sus decisiones han arrojado al paro y el empobrecimiento a millones y millones de mujeres y hombres asalariados, pero también a millones de autónomos y pequeños empresarios y empresarias, pretenden aprovechar la coyuntura de incertidumbre para hacer que se olvide su actuación y dar otra vuelta de tuerca a su estrategia de desmontar la protección social, haciendo aparecer a las políticas sociales como las responsables del retraso de la recuperación económica, sustituyendo a los gobiernos elegidos por los ciudadanos por una cofradía de pretendidos sabios neoliberales, por encima de la gestión pública de los asuntos comunes, es decir de la política. Es decir, la romería de fracasadas y fracasados de Davos que tanto daño le han producido y producen a la humanidad, está ahora imponiendo al Gobierno de España su agenda con la inestimable colaboración del Banco de España, la CEOE, los “expertos” y secretarios de estado neoliberales del Gobierno y la derecha política y social.

En tercer lugar, la agenda ortodoxa y neoclásica adoptada por el Gobierno de España, de cuajar, reducirá los derechos sociales de las clases populares, empeorará las condiciones de jubilación y debilitará el carácter público y universal de los sistemas de protección social. Además estas premisas están defendiéndose entre la ciudadanía mediante falacias y datos que no respetan la verdad y además introducen el miedo al futuro a personas ya angustiadas por sus empleos, ingresos familiares e hipotecas y deudas.

Ante ésto ATTAC España, gracias a los y las economistas y sociólogos ligados a su Comité Científico, hará público en breve un trabajo sobre las pensiones que contendrá un análisis y unas propuestas científicamente contrastadas y, sobre todo, socialmente avanzadas y justas.

En cuarto lugar, se está cayendo en la típica-tópica salida a las crisis cíclicas del capital, apoyando medidas puramente monetaristas y clásicas -es decir NEOLIBERALES-, haciendo caer el peso de las cargas y sacrificios personales sobre los trabajadores, asalariadas, pymes y economía social, reduciendo sus derechos, empleos, garantías y protección, mientras que se subvencionan a bancos y grandes empresas en cuantías muy importantes, y se habla de reducir una vez más el maltrecho sector público en beneficio de los grandes negocios privados.

El Gobierno cede ante la derecha española y ejecuta su programa, mientras ésta se permite pedirle aún más y encima burlarse de sus decisiones, forzando la puesta en marcha ya de su agenda oculta.

ATTAC España es consciente de la necesidad de presionar al Gobierno, pero también a los poderes financieros, gran empresariales y de los centros de poder real, mediante información, movilizaciones y protestas de las y los ciudadanos, las clases trabajadoras y los sindicatos, movimientos sociales y colectivos autoorganizados, pero también mediante experiencias alternativas y participativas.

ATTAC España exige el fin de las SICAV, el fraude fiscal y la economía sumergida, y el nuevo trabajo esclavo y precario; la creación de un sistema financiero público, y la no privatización de las cajas de ahorros, al revés, hacer de ellas organismos que cumplan sus funciones sociales y ligados a los territorios.

ATTAC España pide a los sindicatos que ejerzan su papel de defender y organizar a los trabajadores y trabajadoras buscando alianzas entre todos ellos, los llamados mayoritarios y los territoriales o muy asentados en sectores profesionales y laborales concretos, con espíritu de clase y presionando con decisión al Gobierno, pero también a la CEOE.

ATTAC España, ante el semestre de presidencia española, denuncia que la Unión Europea que se ha construido es únicamente un gran mercado, regido por la doctrina neoliberal y cuyas directivas y reglamentos atacan de raíz a los derechos sociales de europeas y europeos, fomentan la desigualdad y favorecen a las transnacionales, obligando a los estados miembros a privatizar en su beneficio toda la actividad económica, de servicios y cultural.

No entendemos como el acervo legislativo europeo, impuesto por una Europa mayoritariamente derechista, conservadora y neoliberal, es aceptado sin rechistar por el Gobierno Español, cuando tanto el Parlamento Europeo como los gobiernos nacionales, como en consecuencia el Colegio de Comisarios y la Presidencia están en manos de la derecha europea, y por tanto su inspiración y espíritu legislativo es derechista. Las leyes y la economía sí tienen ideología, diremos más, en la orientación económica y del presupuesto está ahora claramente demostrada la deriva ideológica de sus inspiradores.

ATTAC España cree que sólo la movilización ciudadana y trabajadora, constituidas como sujeto político, puede cambiar esta situación.

Dar vuestra opinión porfi, y no la de los demas,que la podemos ver en Google o TV.Pues eso...