Barcarrota - Badajoz

La Audiencia Nacional española reconoce a los asesinados en Montejurra ‘76 como víctimas del terrorismo

Después de 27 años de batalla Legal, hemos conseguido que aunque tarde se haga Justicia. La Audiencia Nacional, contestando a un recurso de nuestro compañero el abogado JOSÉ ÁNGEL PÉREZ NIEVAS-ABASCAL, ha sentenciado que Ricardo y Aniano fueron victimas del Terrorismo, y por tanto acreedoras de todos los derechos como tales. La gran pena es que la madre de Aniano ya ha fallecido y no ha podido ver aclarada por la Justicia, la muerte de su hijo.


Queda claro, también en los Tribunales, que lo que hicieron con el Carlismo en 1976, fue un ataque terrorista para acabar con nuestro Partido y sacarnos de la circulación, por parte de quienes veían en nuestra pujante existencia un peligro inminente para su futuro.


El Ministerio del Interior deberá indemnizar, tras cuatro años de recursos, a los familiares de Aniano Jiménez y Ricardo García


La Audiencia Nacional ha reconocido a Aniano Jiménez Santos y a Ricardo García Pellejero como víctimas del terrorismo, según informó ayer el Partido Carlista, en contra de lo que durante dos años ha estado manteniendo el Ministerio del Interior, con lo que obliga al departamento dirigido por Ángel Acebes a indemnizar con 23 millones de las antiguas pesetas (tal y como dictaba la Ley 32/99 del 8 de octubre) a los familiares de cada una de las dos personas asesinadas en los sucesos del 9 de mayo de 1976 en Montejurra.

Pese a que Interior lo ocultó, ambos estaban hace años en un listado de víctimas del terrorismo

El Gobierno español deberá pagar 23 millones de las antiguas pesetas a cada familia.

La sentencia de la sección primera de la sala de lo Contencioso-Administrativo, dictada el pasado cinco de noviembre, echa por tierra todas las argumentaciones que hasta el momento había mantenido el Gobierno central para negar la indemnización. En este sentido, los únicos extremos que no respalda la Audiencia Nacional son el pago de las costas procesales por el Ministerio y la concesión de la distinción honorífica de la Gran Cruz prevista en la misma Ley ya que señala que “no ha sido solicitada en vía administrativa y cuya concesión, en su caso, corresponde no al Ministro del Interior, sino al Gobierno”. Por esta razón esta solicitud se comenzará a tramitar, una vez que se ha reconocido la condición de víctimas del terrorismo.

Se pone así un punto y aparte a una larga lucha jurídica que ha mantenido el Partido Carlista y a su frente el secretario general de Navarra, José Ángel Pérez-Nievas, durante cuatro años por tratar de demostrar algo tan sencillo como que Aniano Jiménez y Ricardo García fueron víctimas de una banda armada.

Sin embargo, contra esta decisión cabe todavía el recurso del abogado del Estado en nombre del Ministerio de Interior ante el Tribunal Supremo, aunque este extremo es poco probable.

Argumentos

La sentencia señala que las muertes se produjeron “por la actuación de una persona integrada en una banda o grupo armado”, tal y como exige la Ley para el reconocimiento de víctima del terrorismo, “con una coincidencia de objetivos y cierta estabilidad, que impedía el libre derecho de los ciudadanos a manifestarse”. El mayor apoyo que tiene esta sentencia es el hecho de que los nombres de los dos hijos de las recurrentes (Magdalena Pellejero y Natividad Santos) aparecen en la “relación estadística del gabinete de Administración, Documentación e Informática sobre víctimas del terrorismo del Ministerio del Interior (folio 87 y 88 del expediente administrativo tomo II), en los que figura grupo autor y en el interior de la casilla correspondiente c.tradicionalista”.

Este dato fue descubierto por el abogado de las madres de los fallecidos (Pérez-Nievas) al pedir la documentación existente al respecto, información que hasta el momento desde este departamento se había ocultado.

Pero la Audiencia Nacional, frente a las pruebas presentadas en numerosas ocasiones por el Partido Carlista y que implican a Manuel Fraga (entonces Ministro de la Gobernación) y a Adolfo Suarez (Ministro Secretario General del Movimiento en 1976), califican los sucesos de aquella mañana nublada de mayo como de “enfrentamiento entre los partidarios de Sixto de Borbón y los seguidores de Hugo Carlos de Borbón, tratando de obtener uno y otros la primacía de los actos religiosos y políticos programados conforme a ideologías divergentes aunque insertas en el Partido Carlista del que constituyen dos facciones distintas”.

Implicación del Estado

A pesar de ello, y aunque no ha sido ratificado en sentencias, numerosas pruebas recogidas desde el día siguiente de los asesinatos han venido a demostrar la implicación del Estado en estos sucesos.

En este sentido se encuentran las municiones halladas en la cima en las que se podía leer Pirotecnia Militar, 25 cartuchos, la pasividad de la Guardia Civil (con mayor presencia que nunca), las reservas de habitaciones realizadas desde el Gobierno o las declaraciones del fallecido general Sáenz de Santamaría, entonces Jefe del Estado Mayor de la Dirección General de la Guardia Civil. Éste, recordando los sucesos, señaló que “bajo la intención genérica de reconquistar Montejurra y arrebatarla a los que calificaban como rojos-marxistas, consiguieron que el Gobierno Arias-Fraga tomase en consideración la propuesta de organizar la operación, que recibió el nombre de Reconquista. Se establecieron contactos entre organismos como el SECED (Servicio Central de Documentación de la Presidencia del Gobierno y antecedente del actual CESID), la Guardia Civil y los dirigentes del Partido Carlista ya citados (Sixto de Borbón y José Arturo Marquez de Prado). El CESED, fundado por Carrero Blanco, estaba dirigido en aquel momento por el general Juan Valverde. Las reuniones fueron coordinadas por el propio Ministerio de la Gobernación, cuyo titular era Manuel Fraga”.

Además destaca que la financiación corrió a cargo de Oriol y Urquijo, presidente del Consejo de Estado (presente en el acto y en comunicación con el general Campano, secretario general de la Guardia Civil), “quien depósito varias cantidades en diversas entidades bancarias de Santander, Vitoria, Logroño, Pamplona y Burgos, destinadas a los desplazamientos de sus partidarios” y mercenarios como las asociaciones de ultraderecha: Guerrilleros de Cristo Rey, Batallón Vasco Español, Fuerza Nueva, Internacional Fascista Italiana y la Triple A argentina.

Familias

Aniano Jiménez Santos “Estamos muy contentos y emocionados de que lo hayan reconocido”. Esas fueron ayer las primeras palabras de Miguel García Pellejero, hermano del estellés Ricardo, asesinado en la cumbre de un tiro que surgió entre la niebla aquel 9 de mayo. “Al principio éramos un poco escépticos, aunque yo menos, porque sé que Pérez- Nievas tiene mucho tesón y al Partido Carlista también le interesaba para que se viera que no tuvo culpa de nada. El Gobierno tuvo en sus manos el pararlo y no quisieron. Por qué, pues ellos lo sabrán”.

Ricardo García Pellejero La reclamación del santanderino Aniano Jiménez Santos la llevó un cuñado que falleció hace un año y su testigo lo recogió otro, Laudelino Cisneros. “Es un día importante aunque agridulce. Ha tardado tanto que algunas personas como su madre o su cuñado no lo han podido ver. Moralmente se ha hecho justicia, después de tantos años se ve que fue un acto puro de terrorismo, con premeditación y todo lo que conlleva. Quiero agradecer el apoyo de Pérez-Nievas y de mucha gente de Navarra que nos han respaldado o escrito cartas; siempre lo hemos agradecido”.



//www.rebelion.org/spain/040610laa.htm


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LOS CRIMENES DE MONTEJURRA 1976

o


El último intento para acabar con el Partido Carlista







Versión corregida del texto facilitado por el General Sáenz de Santamaría :

ANTECEDENTES:

El Partido Carlista había experimentado una significativa evolución hacia la Democracia en los últimos años del franquismo. Cada año, la concentración carlista de Montejurra fue adquiriendo un carácter más reivindicativo hasta llegar a convertirse en punto de encuentro de las fuerzas progresistas estatales.

El acto se autorizaba como celebración religiosa legalizada. Posteriormente a la muerte de Franco, la presión de elementos ultraderechistas apoyados por medios como El Alcázar, y dirigentes del Partido Carlista (FALSO) de la facción de don Sixto de Borbón (SIXTO NUNCA TUVO MÁS PARTIDARIOS QUE AQUELLOS POCOS FASCISTAS O JUANISTAS QUE QUISIERON SERVIRSE DE EL PARA ATACAR AL PARTIDO CARLISTA Y DESDE LUEGO NINGUNO MILITANTE Y MENOS DIRIGENTE DEL PARTIDO CARLISTA, SEGURAMENTE EL GRAL. SANTAMARIA QUIERE REFERIRSE A LOS QUE SE HACIAN LLAMAR COMUNION TRADICIONALISTA O FET Y DE LAS J.O.N.S.), conocido por sus posiciones de carácter fascista y opuesto al pretendiente Carlos Hugo consiguieron la colaboración de servicios de la Seguridad del Estado.

Entre los hombres clave de esa decisión estaban José Arturo Márquez de Prado, Antonio María de Oriol y Urquijo, a la sazón presidente del Consejo de Estado, y el general Campano, entonces director general de la Guardia Civil (NINGUNO DE ELLOS MILITANTE DEL PARTIDO CARLISTA).

Bajo la intención genérica de «reconquistar Montejurra» y arrebatarla a los que calificaban como rojos-marxistas, consiguieron que el Gobierno Arias-Fraga tomase en consideración la propuesta de organizar la operación tendente a dicha «reconquista». La operación recibió el nombre clave de «operación Reconquista». Para ello se establecieron contactos entre organismos como el SECED (Servicio Central de Documentación de la Presidencia del Gobierno y antecedente del actual CESID), la Guardia Civil y los dirigentes del Partido Carlista (falso) ya citados. El CESED, que fue fundado por Carrero Blanco, estaba dirigido en aquel momento por el general Juan Valverde. Las reuniones fueron coordinadas por el propio Ministerio de la Gobernación, cuyo titular era Manuel Fraga.

ORGANIZACIÓN


Se adoptaron medidas tendentes a dar la impresión de que se trataba de una reconquista civil de los verdaderos Requetés, fieles a la tradición, que con su «fortaleza moral y política» como diría después el diario ultra El Alcázar -habían rechazado a los traidores a la verdadera ideología carlista-.


Para lograrlo, el Gobierno encargó al SECED la propaganda del acto, concentrando a simpatizantes en la zona de Montejurra –monasterio de Irache – a base de ofrecimientos económicos y de facilitar medios dc transporte. Asimismo se repartieron por el servicio citado – el SECED –gran cantidad de bastones y cachabos con el objeto, decían, de facilitarles la subida al cerro. Estaba claro que eran para ser empleados en la agresión prevista.


La financiación de la operación corría a cargo del señor Oriol y Urquijo, quien depositó en diversas entidades bancarias de Santander, Vitoria, Logroño, Pamplona y Burgos, cantidades destinadas a sufragar los desplazamientos de los simpatizantes. Por otra parte, organizaciones de ultraderecha como los Guerrilleros de Cristo Rey – J. Sánchez Covisa –,Fuerza Nueva y otras, contactaron con miembros de la Internacional Fascista italiana, con la Triple A argentina y con otras organizaciones similares.


Esto posibilitó que acudiesen a Montejurra conocidos miembros del fascismo internacional como Stéfano della Chiave, Augusto Canchi y el argentino Rodolfo Almirón, que más tarde sería escolta de Manuel Fraga. En Montejurra apareció por primera vez el mercenario Jean Pierre Cherid.






La Guardia Civil se hallaba en esas fechas bajo la dirección del teniente general Ángel Campano y tenía como subdirector al general de división Salvador Bujanda. Ambos eran miembros del Partido Carlista (falso) y mantenían una estrecha relación de amistad con Arturo Márquez de Prado (Pepe Arturo), principal dirigente de dicho partido (falso). Eso hizo que el señor Márquez de Prado estuviese los días precedentes, al acto de Montejurra en la Dirección General con una frecuencia exagerada y participando incluso en reuniones del Director general con su Estado Mayor y mandos implicados en la organización de los actos.


El señor Márquez de Prado solicitó para sus militantes, que iban a concentrarse en la cima del monte con anterioridad, que la Guardia Civil les dotase de radioteléfonos y les facilitase armamento pesado: ametralladoras.






ametralladora media MG 42/56,utilizada en Montejurra con trípode. Su cadencia de disparo es de1.200 D/M.Es arma reglamentaria del Ejercito Español


El jefe del Estado Mayor de la Dirección, a la sazón el entonces general de brigada José Antonio Sáenz de Santamaría, se opuso rotundamente a esas peticiones y logró que el director general Campano no accediera a las mismas,(???N.R.) limitándose la ayuda al envío de un destacamento uniformado de la Comandancia Móvil de Madrid que se instaló, con anterioridad al domingo 9 de mayo, en la cumbre de Montejurra y en la falda del monte, en las proximidades del monasterio de Irache. fueron las que, en definitiva, consiguieron restablecer la situación tras los enfrentamientos que tuvieron lugar el citado domingo 9 de mayo y a los que haremos referencia en los siguientes apartados.





DESARROLLO DE LOS ACONTECIMIENTOS:


Durante la noche del 8 al 9 de mayo los elementos reclutados por la ultraderecha se desplazaron a la cima del monte, donde se apostaron, Cuando los carlistas partidarios de Carlos Hugo estaban ya en la mañana del día 9, a punto de alcanzar la cima, se encontraron con el grupo de ultraderechistas partidarios de Sixto, el hermano de Carlos Hugo. Estos componentes del bando de Sixto abrieron fuego sobre los que llegaban, produciéndose un tiroteo con armas cortas, pistolas.


En el tiroteo resultaron dos muertos y varios heridos. Uno de los muertos fue Ricardo García Pellejero, que fue alcanzado por un disparo efectuado por el que fue llamado «el hombre de la gabardina», vestido con una larga gabardina, boina colorada y una pistola en la mano. Fue posteriormente identificado como Martín Garcia Verde,(Jose Luis Marin Garcia-Verde) comandante retirado del Ejército.




Hubo,además, en el tiroteo tres heridos graves y varios leves. Uno de los heridos graves, Adriano Giménez Santos (Aniano Giménez Santos), falleció cuatro días después.



(Ferran Lucas herido en la cabeza por los matones que provocaron la tragedia)


REPERCUSIONES DE LOS HECHOS:

Hubo tres detenidos y procesados:

– Martín Garcia Verde (José Luís Marín García-Verde) fue detenido en Huelva por la Guardia Civil. Era comandante retirado.

– Arturo Márquez de Prado fue detenido e ingresado en la cárcel de Pamplona.

– Francisco Carreras Mouriño fue detenido asimismo e ingresado en la cárcel de Pamplona.

El primero fue acusado de la muerte de Ricardo García Pellejero. Los otros dos fueron acusados como dirigentes de la acción violenta del día 9. El dirigente Sixto de Borbón Parma fue expulsado por el Gobierno, sin permitirse que el juez le tomara declaración. A los siete meses de su procesamiento, los tres procesados se acogieron a la amnistía por considerarse los hechos «un delito político». La Justicia, con carácter general, mostró muy poco interés en el esclarecimiento de los hechos.




CONCLUSIONES:

a) Actitud de Fraga

El día en que sucedieron los hechos, Fraga no estaba en España, pues estaba de viaje oficial en el extranjero. Como se encargó repetidamente de expresar ante los periodistas, estaba encargado de los asuntos de su departamento el entonces ministro secretario general del Movimiento, don Adolfo Suárez.


El señor Fraga, no obstante, y de manera más bien tibia, asumió la responsabilidad, pero minimizando los hechos que calificó como «una triste pelea entre hermanos». Ahora bien, en la preparación de la denominada operación Reconquista y en su disposición a apoyar a la ultraderecha en las movilizaciones previas, se mostró muy interesado.

b) Inicio de acciones antiterroristas

La conjunción de los distintos elementos que formaron la trama de esta operación es el primer paso de lo que durante la Transición constituyó el núcleo de las operaciones de la llamada «guerra sucia» contraterrorista. Así, vemos que formaron parte de la operación:


–Militares descontentos de la reforma democrática del Régimen.


–Partidos ultraderechistas residuales: Fuerza Nueva, Partido Carlista oficial.(FALSO, CON ESA DENOMINACIÓN SE REFIERE A LOS INTEGRADOS EN FET Y DE LAS JONS, EXPULSADOS TODOS ELLOS DEL CARLISMO POR DECRETO LEY DE DON JAVIER EN 193.


-Activistas violentos de estos partidos: AAA, Batallón Vasco Español, Guerrilleros de Cristo Rey.


–Mercenarios reclutados de los partidos ultras extranjeros: PIDE portugués, Triple A argentina, etc.


–Miembros aislados de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que, por su ideología, no encajaron la reforma del Régimen.




Todo este entramado operó de alguna forma apoyado, directa o indirectamente, por los aparatos del Estado en todas las acciones de lucha antiterrorista durante los años setenta y ochenta, en lo que fue el precedente de las acciones que constituyeron lo que vino a llamarse Grupos Antiterroristas de Liberación y sin que hubiese solución de continuidad entre los mismos. Hasta aquí el texto facilitado por el general Sáenz de Santamaría.


El general participó, como jefe de Estado Mayor de la Guardia Civil, en las reuniones preparatorias de la operación. Es un testigo presencial, un protagonista directo. Su testimonio cierra el círculo lógico que se desprendía del análisis de los hechos conocidos.



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El Partido Carlista pide que se interrogue a Almirón para esclarecer Montejurra’76

Diario de Noticias

El dirigente de la Triple A, y guardaespaldas personal de Fraga, participó en el asesinato de dos personas en Navarra



El Partido Carlista de Euskalherria-E.K.A. ha enviado una carta a la Audiencia Nacional para que antes de extraditarlo se aclaren estos hechos.



El Partido Carlista de Euskalherria-EKA en Navarra ha solicitado al presidente de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, mediante un escrito enviado ayer, que antes de proceder a la extradición de Rodolfo Almirón, terrorista de la ultraderechista Triple A argentina, que se le interrogue sobre los sucesos de Montejurra 1976, que acabaron con el asesinato de Aniano Jiménez y Ricardo García, en los que participó el detenido de forma activa.


En su escrito recuerdan que el sumario que investigaba aquellos sucesos “se cerró por aplicación de la Ley de Amnistía de 1977, sin que gran parte de los que participaron en lo que llamaron Operación Reconquista llegaran siquiera a ser identificados. Entre ellos se encuentra Almirón, que el Partido Carlista denunció públicamente cuando apareció actuando como guardaespaldas de destacados políticos”.


Los carlistas, con respecto a la Amnistía de 1977, recuerdan que “también hubo disposiciones de borrón y cuenta nueva en Argentina” por lo que piden que Rodolfo Almirón “sea interrogado por la autoridad judicial competente sobre su intervención en la preparación y desarrollo de los conocidos como sucesos de Montejurra 1976, que va a ser posible en Argentina y nos resulta imposible en España en situaciones similares”.


Su historia
Rodolfo Eduardo Almirón, antiguo jefe de seguridad de Alianza Popular y guardaespaldas personal de Manuel Fraga durante los últimos años de la década de los 70 y primeros de la década de los 80, fue dirigente de la Triple A argentina. Esta organización armada ultraderechista asesinó entre 600 y 1.000 personas en un año tras la muerte de Perón en 1974. En 1975 llegó a España, un año antes del golpe de Videla en Argentina.


El 9 de mayo de 1976, Rodolfo Almirón participó en los asesinatos de Montejurra, monte en el que los carlistas celebran su fiesta anual, en los que perdieron la vida Aniano Jiménez y Ricardo García. Pese a ser reconocido nunca fue encausado, al igual que Stéfano della Chiae o Jean Pîerre Cherid. Ese día estuvieron presentes miembros de los Guerrilleros de Cristo Rey, Fuerza Nueva, la Internacional Fascista Italiana o la Triple A argentina, muchos de los cuales integraron después las filas del GAL. A los pocos imputados, la Amnistía de 1977 les liberó.


Durante varios años se ocupó de la seguridad de Fraga, hasta que la revista Cambio 16 aireó el tenebroso pasado de quien cubría las espaldas del actual presidente vitalicio del Partido Popular. Según señalaba El Mundo cuando hace días descubrió a este ultraderechista en Valencia, “Alianza Popular le pidió a través de Alberto Ruiz Gallardón que se mantuviera en un discreto segundo plano, que velarían por su futuro y su economía. Y Almirón cumplió. Fue tan discreto que se olvidaron de él. Tuvo que vivir primero del sueldo de azafata de su esposa, luego como camarero en Cuenca y, finalmente, como cajero en una cafetería de la Plaza Mayor de Madrid hasta su jubilación”. Jorge Vestringe afirmó hace unos días que convenció a Fraga para que prescindiera de sus servicios cuando se conocieron sus crímenes.

Para la gente joven, esto les sonara a las batallitas del abuelito, pero no han pasado 27 han pasado 34 años de aquellos hechos, yo era un chaval con ganas de cambiar el mundo y ha estos elementos de fuerza nueva, guerrilleros de cristo rey y mas fascista, nos lo encontrabamos en todas las manifestaciones, protegidos por la G. civil y Policia de entonces, reventaban manisfetaciones y alguna cabeza mas que otra, por eso muchos os preguntais porque entonces no se juzgaron a los asesinos de la guerra civil, porque no se recuperaron a los muertos etc etc, aqui teneis el motivo ellos eran la ley, contra ellos no existian leyes condenatorias, contra ellos no habia jueces ni policias y aun asi se consiguio la democracia y la libertad, pero tuvimos que olvidarnos de hacer justicia y de otras muchas cosas.