Barcarrota - Badajoz

Iruñea. Falange y Tradición (FyT), el violento grupo de extrema derecha que durante todo 2009 cometió decenas de ataques contra la memoria histórica y amenazó de muerte a varias personas y cargos públicos, utilizó una instalación del Ministerio de Defensa para una de sus reuniones clandestinas. Así lo constata la jueza María Mar Benito Osés, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Iruñea, en el denso escrito que ha enviado al Tribunal Supremo. La magistrada señala, además, que el grupo ultra tenía firmes intenciones de proseguir su actividad delictiva mediante la captación de adeptos y la compra de armas. Por todo ello, la jueza pretende que sea la Audiencia Nacional (AN) quien juzgue a los cinco detenidos e imputados.

A lo largo de las más de 800 páginas de escrito, la jueza menciona la declaración voluntaria que Rogelio Taboada Plano, delegado en Nafarroa del partido ultra España 2000, hizo el 25 de octubre a la Guardia Civil. Taboada dijo haber participado en la reunión que el 10 de julio de 2009, en plenos Sanfermines, Falange y Tradición celebró en las piscinas de los militares General Mola, ubicadas en la calle Taconera. Según documentación oficial del Ayuntamiento de Iruñea, este recinto, denominado oficialmente Centro Deportivo General Mola, pertenece y es gestionado por el Ministerio de Defensa del Gobierno español. Su uso queda restringido a sus asociados, generalmente militares o sus familiares. El recinto, ubicado en pleno centro de la capital, en la calle Taconera, cuenta con las habituales medidas de vigilancia de los edificios oficiales para prevenir atentados.

Pese a ser propiedad de Defensa y de acceso restringido, Falange y Tradición, con un rosario de actos violentos a sus espaldas, celebró allí el encuentro más numeroso de todos los que tuvo conocimiento la Policía durante la investigación. El fin de la reunión, según las investigaciones policiales y judiciales, era reclutar activistas. En ella, José Ignacio Irusta, El Barbas, considerado por la Policía el máximo responsable del grupo ultra, solicitó a Taboada el número de teléfono de José Luis Roberto, presidente de España 2000, con el fin de obtener armas de fuego para emplearlas en acciones violentas contra integrantes de la izquierda abertzale en nombre de FyT. Taboada confesó después a los investigadores que ante la gravedad de esta solicitud abandonó el contacto y la relación que mantenía con El Barbas.

grupo "armado" La jueza insiste en que la gravedad de los hechos requiere la intervención de la Audiencia Nacional: "Nos encontramos con una pluralidad de actuaciones violentas con clara intencionalidad subversiva, provenientes de un grupo de extrema derecha organizado, estable, armado, con vocación de permanencia y jerarquizado, por lo que procede estimar que la competencia para conocer de la presente causa corresponde a la Audiencia Nacional". Con este párrafo cierra la magistrada Benito el informe remitido al Supremo el pasado jueves 4 de marzo, y hecho público ayer, en el que reitera su convencimiento de que se dan todos los elementos para que la Audiencia Nacional asuma la competencia de la causa.

La juez recuerda, además, que esta causa se inició precisamente ante el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, que acordó las intervenciones telefónicas que se habían solicitado por la Jefatura de Información de Guardia Civil y que posteriormente acordó su sobreseimiento provisional de la causa. "El Juzgado está yendo en contra de su propio criterio, que ha quedado plasmado en las resoluciones que dictó", añade la magistrada. Además, considera que existen indicios suficientes para estimar su solicitud, "puesto que no nos hallamos ante delitos de daños, amenazas o coacciones aislados, sino cometidos por un grupo estable, que pretende con estas actuaciones una finalidad que va más allá de la intrínseca a los correspondientes delitos".

La juez señala que "los actos llevados a cabo contienen la gravedad y capacidad suficiente para amedrentar a un grupo concreto de población", y recuerda que "todos los objetivos de los ataques se vinculan con la ley de la memoria histórica o con partidos, personas o intereses relacionados con la izquierda abertzale".

La magistrada también menciona el manifiesto que FyT envió a las medios de comunicación el 23 de septiembre de 2009. En él no sólo reivindicaba la autoría de los ataques cometidos hasta esa fecha -que se recogen en la parte inferior de estas páginas-, sino que apuntaba con detalles cuáles eran sus objetivos. Para la jueza, "establece claramente que sus enemigos son el separatismo terrorista, el comunismo criminal y el liberalismo anticristiano"" y advierte de que "actuará con los medios que sean necesarios para la instauración en España de un régimen político verdaderamente cristiano y nacional".

BANDa organizada FyT actuó por última vez en octubre de 2009, apenas unos días antes de que el 23 de ese mismo mes la Guardia Civil diera por desarticulado este grupo con la detención de cinco de sus presuntos miembros y cuyas identidades se conocieron ayer. Se trata de José Ignacio Irusta Sánchez, El Barbas, natural de Bilbao pero con domicilio en Sunbilla; Borja Pérez Illera, nacido en Irun, arrestado en la localidad zaragozana de Villanueva de Gállego y que desempeñaba en esta provincia su trabajo como soldado profesional del ejército; Javier López Monreal, El Lanas, detenido en Orkoien; y David Murillo Eslava y Fermín Domingo Turrillas, ambos arrestados en Barañain.