Barcarrota - Badajoz

Lo que se criticó en Benidorm no vale para Galicia. El concejal del PP Javier Presas y la edil no adscrita, ex del PSdeG, Ofelia Rey han presentado este mediodía en el Ayuntamiento pontevedrés de Silleda la petición de celebración de un pleno municipal para hacer efectiva una moción de censura a la alcaldesa socialista, Paula Fernández Pena.

La moción va firmada, además, por los concejales Javier Cuiña (no adscrito, también ex socialista), el líder del PP local, José Fernández Viéitez, y los ediles conservadores Eva Lojo, Alejandro Vidueiros y María Concepción Vázquez, que proponen como candidata a la alcaldía a Ofelia Rey.

La dirección del PP se había desmarcado de esta iniciativa y había anunciado que expulsaría a los ediles del partido que la apoyasen.

El PP criticó duramente al PSOE por arrebatarle el consistorio de Benidormcon el apoyo de un tránsfuga.

antifascista juguemos a hablar de corrupciones, a ver quien gana, empecemos por ejemplo por el señor bono, si ese que voto a favor de la ley del aborto y al dia siguiente hacia unas declaraciones arrepintiendose, pandilla de borregos inmorales,pero venga antifascista vamos a tirar de corrupciones, como se puede ser tan torpe cuando esta demostrado que el partido donde mas corrupcionas ha habido y hay es en el psoe, veenga empieza luego sigo yo.

PEOR ES IR A MISA LOS DOMINGOS Y DARSE GOLPES EN EL PECHO, ASISTIR A MANIFESTACIONES ANTIABORTISTAS Y LUEGO LLEVAR A LAS HIJAS A LONDRES A ABORTAR.
HABLEMOS DE CORRUPCIONES;
Corrupción: aprovechamiento del gobierno para beneficio personal y de los familiares y amigos.

Roldán, paradigma del corrupto, robó 1.600 millones de pesetas y fue un escándalo mayúsculo.
¿Cuales son los casos de corrupción del PP?

El 49% de la Funeraria de Madrid fue vendido por 100 pts a unos amigos del PP, cuando el fiscal calcula que valía 1.081 millones de pts.

Desde entonces ha dado 5.989 millones de pts de beneficio.

Han robado al Ayuntamiento unos 4.000 millones de pts (el doble que Roldán), y por ello están procesados tres políticos del PP (Luis María Huete, Simón Viñals y Antonio Moreno)

Alvarez del Manzano, anterior alcalde de Madrid, ha sido condenado por el tribunal de cuentas a devolver 17 millones que robó del presupuesto.

Gescartera era un chiringuito financiero permitido por el gobierno, pese a las irregularidades que se conocían de él. "Desaparecieron" 18.000 millones de pesetas (11 veces más de lo que se llevó Roldán). Dimitió la presidenta de la CNMV, pero Rato no.

Villalonga, por dejar la presidencia de Telefonica, fue "indemnizado" con 5.000 millones de pesetas.

Su mala gestión, comprando medios de comunicación, provocó unas pérdidas de casi un billón de pesetas. Recientemente Telefonica se ha deshecho de 15.000 trabajadores.

Romero de Tejada, secretario general del PP de Madrid, estaba contratado en una empresa de fotocopias, empresa en la que realmente no trabajaba ¿A cambio de qué favores cobraba?

Miguel Angel Rodríguez, anterior portavoz del gobierno, ha montado una agencia de publicidad que es contratada por el gobierno para sus campañas de propaganda. La última ha ordenado la Junta electoral que se retire. Por esta han cobrado 7.000 millones de pts.

El presidente del PP de Castellón está procesado por cobrar de una empresa una comisión de 8 millones de pts a cambio de permisos del gobierno.

Barbadillo, exconcejal del PP de Madrid, está siendo investigado por gastos irregulares de 483 millones de pts.

Aznar usó El Escorial, propiedad de todos y panteón de los reyes de España, para casar a su hija, y cargó los gastos de la boda al Estado. ¿Cuantos millones costó?

La Asociación Profesional de Inspectores Fiscales acusa a la Agencia Tributaria de centrar siempre la lucha contra el fraude entre los contribuyentes que ya declaran y olvidar las grandes bolsas de fraude "más graves" y "sofisticadas" que utilizan paraísos fiscales y sociedades financieras para no pagar.

Es decir, nos investigan a nosotros, pero no a los ricos, a ellos mismos.

Pero la corrupción de las corrupciones, el mayor aprovechamiento de lo público para beneficio propio, han sido las privatizaciones de las empresas públicas y la especulación con el suelo y la vivienda.

Empleando el BOE y decisiones administrativas, el PP está robando legalmente a manos llenas.

El PP ha privatizado desde 1996 47 empresas públicas, entre ellas: Telefónica, Argentaria-BBVA, Endesa, Iberia, Indra, Tabacalera-Altadis y Repsol.

El truco ha sido el siguiente: siendo públicas el gobierno nombraba la dirección de la empresa con gente del PP, se hacían cambios normativos y de contratos para evitar el despido de los directivos, y la empresa se privatizaba.

El resultado es que casi todas las empresas grandes del país están en manos del PP. Ya que al ser ahora privadas, cuando el PSOE llegue al gobierno, no podrá cambiar a los directivos.

En esas empresas el PP se dedica a enchufar a su gente, cobrando sueldos millonarios.

Los beneficios de esas empresas, en vez de que el Estado los administre, ahora los tienen ellos y los gastan a su beneficio.

Además controlan la economía del país, condicionando los medios de comunicación, ya sea comprándolos directamente, o financiando a los "suyos" con la publicidad de esas empresas.

Estamos hablando de un robo legal de billones de pesetas, a la vez que toman el control del poder económico del país para perpetuar al PP en el poder. Esto sí que es un escándalo. Lo de Roldán es una chorrada comparado con esto.

El otro robo legal billonario es la especulación con el suelo y la vivienda.

El PP ha disminuido la construcción directa de vivienda pública, ha permitido recalificaciones de suelo beneficiando a promotores privados, ha fomentado la subasta de los terrenos públicos y no ha controlado la venta del suelo.

En vez de de coger suelo y construir directamente sobre él viviendas, ha fomentado que haya intermediarios que van subiendo el precio del suelo y revendiéndolo, hasta que al final se construye.

El resultado es que una vivienda, en vez de valer 14 millones, pasa a valer 30 o 40. Esos 16 o 26 millones de diferencia se los embolsa el especulador. Al comprador de la vivienda le roban esos millones. Y los bancos también se forran con los intereses de los créditos hipotecarios.

El PP se ha dedicado a beneficiar a su gente y ha permitir que cada vez que se paguen las letras de los pisos, estén robando legalmente millones y millones.

Así se está robando directamente de los bolsillos de los españoles. El dinero del trabajo de años y años, se lo están quedando ellos.

Esto sí que es el atraco perfecto, y lo de Roldán una chapuza.

Mientras el PSOE exigió una Comisión de Investigación sobre las denuncias por espionaje en la Comunidad de Madrid y Esperanza Aguirre la aceptó, en Andalucía no se investiga absolutamente nada por orden de Manuel Chaves.


Ni se admiten Comisiones de Investigación en el Parlamento ni en los Ayuntamientos gobernados por el PSOE. Eso sí, basta que haya una sospecha, por ligera que sea, sobre militantes del PP para que se exijan investigaciones virulentas y se observe cómo fiscales y policías convierten la presunción de inocencia en un espectáculo de detenciones y acusaciones.

Recuerden que de las 108 comisiones de investigación pedidas por la oposición en el Parlamento andaluz, sólo se constituyeron ocho, cuatro de las cuales lo fueron cuando el PSOE perdió la mayoría absoluta. Ahora, como en el caso e su préstamo impagado o los negocios de sus hermanos, se niega a investigar los sobreprecios pagados en Fitur y el alcalde de Baena se niega a investigar las facturas falsas destinadas al pago de servicios en puticlubes. Tampoco se investiga el caso Ohanes, a pesar del vídeo abrumador en el que el alcalde socialista cogía dinero de un empresario. Eso sí, exigen investigaciones en Málaga y en Jerez, una ciudad donde la alcaldesa del PSOE ha colocado a su novio por la cara sin que se hayan dado explicaciones. Un escándalo político y moral.

Ejemplos de lo que no se investiga porque Chaves no quiere

a) El caso de su préstamo impagado, préstamo que pidió Manuel Chaves y 32 dirigentes más del PSOE de Cádiz, muchos de ellos del clan de Alcalá. Este préstamo no sólo no fue pagado jamás sino que fue hecho desaparecer de circuito informático de la Caja de Ahorros de Jerez. La Comisión de Investigación que se constituyó gracias a la suma de los votos de PP e IU fue abortada por la convocatoria anticipada de las elecciones por Manuel Chaves. Tras su victoria, jamás de constituyó de nuevo tal Comisión.

b) No se ha investigado el misterio de cómo los intereses de una cuenta de la Empresa Pública del Suelo de la Junta de Andalucía iban a parar a una cuenta del PSOE.

c) No se ha investigado el caso de los hermanos de Manuel Chaves, Leonardo y Antonio y la empresa Climo Cubiertas SA. Leonardo era quien debía aprobar contrataciones y Antonio quien las solicitaba a través de dicha empresa

d) No se ha investigado cómo n pequeño pueblo de Huelva con menos de un centenar de habitantes obtenía un gimnasio no pedido por su alcalde, entre otra ayudas, según confesión propia. En ese pueblo, Cumbres Mayores, Antonio Chaves tenía un negocio de casas rurales.

e) Ahora, no se quiere investigar por qué la Junta de Andalucía pagó un sobreprecio hasta cuatro veces el precio del mercado -, a la empresa de un condenado por haber pagado a un funcionario 50 millones de las antiguas pesetas. El condenado fue indultado, miren por dónde, por el ex ministro Bermejo.

f) El alcalde de Baena, y senador socialista, se niega a investigar una trama de corrupción que afecta a su equipo de gobierno y a él mismo, según los informes policiales, con facturas falsas y falsedad de documentos públicos.

g) Aunque tampoco se quiso investigara el caso de las facturas falsas del Ayuntamiento de Sevilla, en cuanto ha sido visto en un juzgado y por los tribunales, los socialistas implicados han sido condenados.

Chaves y las comisiones de investigación en el Parlamento andaluz

Manuel Chaves, en todo su mandato de 18 años, sólo ha aceptado dos comisiones de investigación cuando tenía mayoría absoluta y ninguna desde1995, hace 14 años. Con ello, ha condenado a la oscuridad a una institución cuyo lema histórico es "luz y taquígrafos".

En 27 años de autonomía los grupos parlamentarios, casi siempre de la oposición, han llegado a registrar 108 peticiones para abrir comisiones de investigación, de las que tan sólo ocho (un 7,4 por ciento de las reclamadas) se llegaron a constituir, y algunas ni siquiera se cerraron con un dictamen sobre los quienes, los cuántos o los por qués. Naturalmente ha sido el Partido Popular el que mayor número de iniciativas presentó en estos 27 años (un total de 63 peticiones de comisiones de investigación), seguida de Izquierda Unida (28 peticiones), reclamaciones que contrastan con las pedidas por el PSOE, que tan sólo registró tres comisiones de investigación y todas a instancias del propio Consejo de Gobierno. El resto, hasta las 108, fueron solicitadas por el Partido Andalucista, que trató de sumar fuerzas con IU, con los grupos centristas de la primera legislatura, o con los distintos grupos mixtos que se han constituido a lo largo de estos años.

Pero, claro, la primera vez que el PSOE perdió la mayoría absoluta, la oposición del PP e IU impuso cuatro comisiones de investigación, abortadas por el adelantamiento de las elecciones propiciado por Manuel Chaves. Tres comisiones fueron instigadas por el PP y una por la federación de izquierdas, y todas contaron con el voto en contra del PSOE. Se investigó sobre la empresa pública Inturjoven, sobre el proceso de fusión de las cajas de ahorro de Jerez y de San Fernando de Sevilla, con especial atención a las presuntas condonaciones de préstamos personales a dirigentes socialistas. Se investigó a la empresa pública Getisa y otros contratos adjudicados a empresas para trabajos de lucha contra incendios. Y se abrió una cuarta comisión de investigación relativa a los fondos de la comunidad invertidos en la Expo 92. Aquella fue la última, en setiembre del 95. Por eso, por ejemplo, nunca se pudo investigar por qué el propio Chaves y otros 31 dirigentes socialistas de la provincia de Cádiz no pagaron un préstamo de la Caja de Ahorros de Jerez que fue hecho "desaparecer" contablemente de la entidad. Desde entonces ni una investigación más.

Las ocho comisiones de investigación permitidas por el PSOE e impuestas al PSOE por la oposición fueron las siguientes

1.-En la primera legislatura (1982-1986), a instancias del Ejecutivo andaluz —presidido entonces por Rafael Escuredo— el Parlamento investigó las presuntas irregularidades detectadas en la Caja Provincial de Ahorros de Jaén, caja controlada y fundada por el PSOE desde su dominio en la Diputación de Jaén desde 1979.

2.-En marzo del 87, se investigó acerca de la adquisición por parte de la Junta de Andalucía (entonces presidida por José Rodríguez de la Borbolla) del Edificio Presidente en Sevilla, donde se pretendió ubicar buena parte de las consejerías, entonces establecidas en onerosas oficinas de alquiler. Sólo por la estructura, la Junta pagó alrededor de 2.000 millones de pesetas, la oposición demostró que la edificación estaba tasada en 1.200 millones. Hubo sospechas de comisiones ilegales para el PSOE, se desvelaron irregularidades técnicas y fue el principio del fin de la era de Rodríguez de la Borbolla.

3.-En la tercera legislatura (1990-1994), la primera de Manuel Chaves como presidente del Ejecutivo andaluz, se constituyeron dos comisiones de investigación en el Parlamento, ambas solicitadas por el PSOE, entonces con mayoría absoluta. Aunque cada una investigaría un asunto, ambas estaban ligadas por el escándalo del denominado «caso Ollero», en el que se investigaban judicialmente las comisiones que pagaron empresarios de la construcción a altos cargos de la Junta de Andalucía vinculados a la Consejería de Obras Públicas durante la construcción de la Autovía del 92.

4.-En la cuarta legislatura (1994-1996) el PP solicitó tres e IU, una pero todas fueron abortadas al adelantar Chaves las elecciones andaluzas. Se investigó sobre la empresa pública Inturjoven, sobre el proceso de fusión de las cajas de ahorro de Jerez y de San Fernando de Sevilla, con especial atención a las presuntas condonaciones de préstamos personales a dirigentes socialistas. Se investigó a la empresa pública Getisa y otros contratos adjudicados a empresas para trabajos de lucha contra incendios. Y se abrió una cuarta comisión de investigación relativa a los fondos de la comunidad invertidos en la Expo 92. Aquella fue la última, en setiembre del 95. Desde entonces ni una investigación más.

Precisamente, gracias al adelanto electoral, Chaves evitó que se investigara cómo un préstamo impagado por él mismo y 31 dirigentes socialistas más de Cádiz había sido hecho desaparecer contable e informáticamente de la Caja de Ahorros de Jerez, hoy Cajasol.

A pesar del gravísimo escándalo de los hermanos de Chaves, uno en una empresa y el otro concediendo contratos a dicha empresa o las irregularidades en el Parque Nacional de Doñana, jamás se ha investigado. De "luz y taquígrafos" a oscuridad total.

Desde 1995, catorce años, no ha habido ninguna comisión de investigación a pesar de los mil y un escándalos estallados en este tiempo.
Y HE PARADO, LOS ULTIMOS AÑOS SON MUCHO MEJORES

TOMA MAS

Ocupar el sillón de la Presidencia de Extremadura tiene jugosa recompensa. aprobaron en la mañana de ayer una proposición no de ley por la que los ex presidentes obtendrán una ‘jubilación de oro’ con el 80% de su sueldo durante la mitad del tiempo en el que hayan ejercido su mandato (doce años a 6.000 euros mensuales), coche, chofer y dietas vitalicias, entre otros privilegios.

Cuando finalice este periodo, percibirá el 60% de la nómina presidencial. Y, por supuesto, tendrá a su disposición coche y chófer, oficinas y como mínimo tres trabajadores eventuales. Para su vida ‘laboral’ se establecerán dietas por kilometraje, por asistencia y por acudir a distintos actos, así como derecho a la seguridad, pensión de viudedad y un seguro de vida. Todo a costa del erario de la Junta de Extremadura y, por tanto, de los extremeños que gozan de la renta per cápita más baja de toda España.

No se puede tener menos vergüenza.

¿ TU ERES EL QUE ME DICE A MI QUE DESVIO EL TEMA DEL COMENTARIO QUE SE HABLA? SI LEES EL TEMA NO SE TRATA DE LA CORRUPCION, SE TRATA DE UNA MOCION DE CENSURA, PERO YA QUE HAS EMPEZADO SEGUIREMOS.

Los alcaldes y y cargos del Partido Popular implicados en casos de corrupción llegan a la deocena, relacionados en su mayoría con recalificaciones presuntamente ilegales y con adjudicaciones irregulares.

La corrupción urbanística se ha cobrado algunas dimisiones , como la del director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, Enrique Porto.

Otros, como el alcalde de Orihuela , ha renunciado a ir en las listas a las municipales del 2007. El PSOE, IU y otros partidos también tienen sus casos de corrupción. Estos son los casos del Partido Popular:


EN ALICANTE:

Alicante: El juez ha imputado al alcalde popular, Luis Díaz Alperi, y dos concejales por delitos de prevaricación, tráfico de influencias y adjudicaciones irregulares. Además, el PSOE acusa al alcalde de aprobar en 2003 la revisión de un plan parcial en una zona en expansión para "calzar un centro privado en forma de concesión administrativa encubierta, en el único solar municipal reservado para hacer un colegio público".

Orihuela: El fiscal anticorrupción está investigando al alcalde de Orihuela, el popular José Manuel Medina, los concejales Mónica Lorente, José Antonio Rodríguez Barberá, Antonio Franco, y Eva Ortiz, más la ex edil Encarna Galiano, ahora asesora. El alcalde de Orihuela no ha dimitido, pero ha renunciado a ir en las listas de 2007 tras reconocer ante un juez favores (préstamo de un coche de lujo y de un chalé) que le hizo un promotor beneficiado con adjudicaciones municipales.

Torrevieja. El alcalde Pedro Hernández, del PP, estuvo imputado por la venta millonaria de un solar de su propiedad. Pero se archivaron provisionalmente las actuaciones judiciales contra el alcalde, y otros dos concejales del consistorio municipal, Pascual Ortiz y José Antonio Sánchez, acusados de prevaricación. A todos ellos se les imputaba el delito continuado de corrupción por solicitar créditos con los que pagar obras y servicios que no tenían presupuestados.

EN ÁVILA:

Navas del Marqués: El ayuntamiento de las Navas del Marqués dio permiso para talar un pinar para construir un complejo de golf y chalés. Se trata de una zona crítica para la cigüeña negra.

Navahondilla: pueblo con problemas de agua, quieren construir otro campo de golf y 1.150 chalés.

EN BALEARES:

Andratx: El alcalde del municipio, el popular Eugenio Hidalgo y un funcionario celador de obras, así como otras cuatro personas, fueron detenidas el pasado día 27 de noviembre por un delito de corrupción urbanística. La Fiscalía Anticorrupción atribuye a los dos primeros la creación de un "entramado societario" para "disfrazar" la procedencia de dinero obtenido con negocios inmobiliarios, supuestamente avalados con presuntas certificaciones falsas.

Santa Margalida: El alcalde de Santa Margalida (Mallorca), Antoni del Olmo, del PP, se vio obligado a renunciar a su cargo al tener abierta la Fiscalía de Baleares una investigación sobre una presunta trama de corrupción urbanística en el Ayuntamiento.

EN BURGOS:

Arlanzón: Construirán una gran urbanización de 640 chalés, un hotel, campo de golf y campo de tiro en 220 hectáreas de suelo público, de las cuales 76 están protegidas como monte público y como Lugar de Interés de la UE. Unos seis informes técnicos se opusieron a la construcción, pero ni la Diputación de Burgos, del PP, ni la Consejería de Medio Ambiente lo han detenido. La primera, de hecho, ya lo asignó a cinco constructoras. Las zonas del campo de golf son un robledal protegido "clasificado como suelo rústico de protección natural" según un informe. La Sociedad Parque Arlanzón está formada por, entre otros, el constructor José Méndez Pozo, condenado en 1995 por un escándalo urbanístico con otro gobierno del PP.

EN CÁDIZ:

Rota: Antonio Peña, concejal de urbanismo, del PP, está imputado por prevaricación.

EN CANARIAS:

Telde: En el municipio grancanario de Telde, la concejal Antonia Torres, del PP, está acusada de cobro de comisiones.

Caso Parques Eólicos: Celso Perdomo, ex director de Industria de Canarias (PP), está imputado en el caso Parques Eólicos.

La Oliva: El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha presentado una denuncia contra el ex alcalde de La Oliva y el presidente del PP de Fuerteventura, Domingo González, por delitos de ordenación del territorio y desobediencia continuada.

Mogán: En enero de 2007 fue detenido y puesto en libertad bajo fianza el alcalde de Mogán, José Francisco González (PP), por su relación en un caso de corrupción urbanística.

EN GRANADA:

Ogíjares: José Luis del Ojo, el diputado nacional y ya ex concejal de Urbanismo en el municipio granadino de Ogíjares, entregó el pasado martes (17 octubre) su acta de edil. Renunció a su cargo en ese ayuntamiento ante las presuntas irregularidades en la adjudicación de obras en el municipio de las que se le acusa. IU pide su cabeza en el Congreso de los Diputados y el PSOE llevó estas supuestas irregularidades a la fiscalía.

Almuñécar: Juan Luis González Montoro (ex alcalde de Almuñécar, actual concejal en ese ayuntamiento y diputado nacional) está imputado en un proceso judicial por supuestos pagos irregulares en su etapa de alcalde para intentar beneficiar a su partido (PP) en la campaña electoral. Fernando Callejón (concejal de Almuñécar) está imputado por un supuesto delito de malversación de caudales públicos, apropiación indebida y falsedad documental en relación a una presunta factura falsa por importe de 12.000 euros. El PSOE ha exigido al PP de Granada que los cese a ambos de sus cargos.

Alhendín: El concejal de urbanismo ha dimitido tras quedar en libertad condicional por cinco delitos. El PP de esa localidad mantiene abierta una investigación sobre la tramitación del polígono industrial de Marchalhendín, supuestamente fraudulenta, según el PSOE.


EN JAÉN:

Alhendín: El PSOE tiene previsto denunciar las presuntas irregularidades urbanísticas del Gobierno local del municipio, del PP, como la urbanización ilegal de un polígono industrial o el intento de convertir unos terrenos públicos donde se emplaza el colegio de la localidad en suelo libre.


EN MADRID:

Madrid: Diecisiete detenidos en la "Operación Guateque", que desmanteló una red de funcionarios municipales que cobraban comisiones ilegales a cambio de agilizar la concesiones de licencias o retrasar expedientes sancionadores en locales.

Seis de las personas implicadas en esta supuesta red de cobro de comisiones ilegales, entre ellos Victoriano Ceballos, jefe de División de Impacto y Análisis Ambiental de la Concejalía de Medio Ambiente, permanecen en prisión por delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y falsedad. Un total de 35 personas son investigadas por el juez, entre las que figuran los 17 funcionarios detenidos, otros empleados municipales y varios empresarios.

Brunete: El director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, Enrique Porto, dimitió después de que el PSOE le acusara de tener intereses personales en el desarrollo del Plan General de Urbanismo de Brunete (Madrid).

Navalcarnero: El edil de Urbanismo de la localidad, Miguel Ángel Fernández Colomo tiene terrenos e intereses en 10 de los 22 sectores en los que está dividido el municipio, gobernado por el PP, y acumula posesiones de 31.987 metros. Su familia tiene un total de 286.994 metros cuadrados, y a través de sociedades, el padre acumula hasta 175 propiedades en la localidad, según El Mundo.


Quijorna: La recalificación de todo un corredor de cinco kilómetros de largo entre el pueblo y la M-501 con suelo para edificar al menos 10.000 viviendas, ha puesto a la alcaldesa, Mercedes García, y a su equipo en solfa.

Torrelodones: El Alcalde Carlos Galbeño, del PP, está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción tras una recalificación de terreno y una expropiación para construir un aparcamiento, así como por cobros ilegales a empresarios.


Dos concejales del PP en ese municipio, Jesús María Pacios y Reyes Tintó han denunciado la actuación de Galbeño y por ello fueron destituidos. Tanto Galbeño como el presidente del PP de Torrelodones, y diputado nacional, Mario Mingo, se querellarán contra los ex concejales de su propio partido, según informa El Mundo.

Tres Cantos: Unas grabaciones de el ex concejal del PP, Antonio Reino Cortés - aparecidas en el diario El País - desvelaban la supuesta existencia de comisiones millonarias ante la aprobación por el municipio del Plan Urbanístico de la localidad en 2004.

Villanueva de la Cañada: El alcalde, Luis Partida (PP), ordenó en 1997 la compra de una finca de los constructires Francisco Bravo y Francisco Bravos Vázquez, que apoyaron al 'tránsfuga' Eduardo Tamayo cuando en 2003 impidió la formación de un gobierno del PSOE en Madrid junto a María Teresa Sáez. Los constructores compraron la parcela en 268.674 euros, y meses después, el ayuntamiento en 963.349 euros. Los Bravo recibieron a cambio suelo municipal tasado en 965.899 euros, que vendieron en tres meses por 2,5 millones, según El País.

EN MÁLAGA:

Alhaurín El Grande: A pocos kilómetros de Marbella y de Estepona, en Alhaurín El Grande, tuvo lugar la 'Operación Troya', por la que en enero de 2007 fueron detenidos el alcalde Juan Martín Serón y otras personas, principalmente empresarios, por supuestos delitos relacionados con asuntos urbanísticos.


Estepona: Un total de 25 personas, incluido el alcalde de Estepona, Antonio Barrientos (PSOE), fueron detenidas en junio de 2008 en el marco de una operación policial contra la corrupción policial en esta localidad.


EN MURCIA:

Una recalificación presuntamente ilegal en Águilas podría hacer ganar a un promotor 75 millones de eurosÁguilas: El fiscal jefe de Murcia, Manuel López Bernal, investiga al Gobierno murciano (PP) por la recalificación de una finca en Águilas situada en una zona protegida y en la que está previsto construir unas 4.100 viviendas y un campo de golf.

El propietario del grupo Hispania, Trinitario Casanova Abadía, podría haber ganado 75 millones de euros con el cambio de uso. La recalificación fue aprobada por la Consejería de Medio Ambiente y la de Obras Públicas, cuyo titular es amigo del promotor, según informa El País.

Torre Pacheco: El alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid, detenido por presunta corrupción urbanística y el juez ha decretado su ingreso en prisión comunicada y sin fianza. El pasado 31 de marzo fue detenido por el mismo caso el arquitecto técnico de Torre Pacheco, Ramón Cabrera, que está ahora en prisión.

Cartagena: El fiscal ha abierto diligencias informativas por la edificación de 5.300 plazas viviendas y 3.000 plazas hoteleras. Los ecologistas han reclamado por vía administrativa y denuncian a la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, y al el ex consejero de Medio Ambiente, Francisco Marqués, por permitir que se dañe el Espacio Natural Protegido del Saladar de Lo Poyo. El gobierno murciano, del PP, ha anunciado que frenará esta gran recalificación.


Además, en Cartagena, la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) ha presentado un contencioso administrativo por la construcción de 10.000 viviendas y un campo de golf en Espacio Protegido.

Mazarrón: La Justcia investiga el pago de 33.000 euros por parte del alcalde, Francisco Blaya (PP), al concejal Domingo Valera (Partido Independiente por Mazarrón -PIXM), cuyos tres concejales permitieron la recalificación de más de 41 millones de metros cuadros de suelo rústico, que será urbanizable, y donde se planean construir 43.000 viviendas. Las tres principales empresas beneficiadas: Polaris World, Euromarina, e Iniciativas Urbanísticas de Mazarrón.



Totana: La Guardia Civil detuvo a seis personas relacionadas con una presunta trama de corrupción urbanística. Dos de ellos fueron detenidos en Murcia, uno en Totana, dos en Pontevedra y otro en Madrid. Hay otras dos personas imputadas en Murcia, que no fueron detenidas. La operación está relacionada con la recalificación de 2, 2 millones de metros cuadrados (m2) de terreno rústico donde el grupo vigués Nuaria tenía previsto hacer 5.000 casas, un campo de golf y dos hoteles con spa.

Además, la Guardia Civil detuvo al alcalde de la localidad, José Martínez Andreo (PP), al jefe de la Policía local, a la secretaria del Ayuntamiento y a un empresario hostelero de la localidad, dueño del hotel Olimpia y promotor, por posibles delitos urbanísticos.




San Javier: El gobierno autonómico es responsable de la construcción de un puerto deportivo de 1.000 amarres que supone un importe de 6.000 millones de pesetas. Están en marcha dos contenciosos administrativo presentados por el Ministerio de Medio Ambiente, ANSE y Greenpeace contra el Gobierno Regional, por actuar en Dominio Público Terrestre. El juez ha paralizado de forma cautelar el proyecto mientras dura el proceso.

Además, también en este municipio, el PSRM-PSOE ha presentado una querella contra el alcalde de la localidad, José Hernández, por las presuntas relaciones mercantiles del primer edil con las principales promotores que construyen en el municipio.
PONTEVEDRA:

Tui. La Xunta suspendió el Plan general de Urbanismo del municipio en diciembre de 2005. Este mes se inició el juicio por prevaricación en el juzgado de lo penal número 2 de Pontevedra contra el alcalde, Feliciano Fernández Rocha.

La actuación está relacionada con un desmesurado incremento de la edificabilidad y las alturas en el municipio, la falta de respeto por los bienes patrimoniales, la recalificación de suelo rústico y la concesión de licencias irregulares.

Gondomar. La Fiscalía ha presentado una querella por prevaricación contra el alcalde, Carlos Silva Mariño (PP), que concedió al menos 300 licencias y permisos de obra irregulares.

Nigrán. El Plan General de Urbanismo incorporaba numerosas recalificaciones de suelo rústico, sobre todo en áreas cercanas a la costa y en concreto en el Monte de Monteferro, zona de protección ambiental que se encuentra sobre el mar.

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha presentado una denuncia penal contra el alcalde, Alfredo Rodríguez, y cinco ediles más por un supuesto delito de tráfico de influencias, pese a que el alcalde retiró el Plan General ante las airadas protestas de los vecinos , que irrumpieron en el plen0. Podrían estar implicados altos cargos del PP y empresarios como el presidente del Celta de Vigo, Carlos Mouriño. Ha dimitido Aurora Carbajal, concejala en el Ayuntamiento.

EN LA RIOJA:

Lardero: El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ha obligado a demoler parcialmente un bloque de 43 viviendas de cuya constructora el alcalde del municipio es accionista. El PSOE asegura que el actual Plan General Municipal recalifica el doble del actual suelo considerado urbano.

Santurde: El también popular alcalde de Santurde está siendo juzgado por una recalificación a su favor de 7 millones de euros.
EN SALAMANCA:

Salamanca: El PSOE acusa al Ayuntamiento de haber recalificado unos terrenos protegidos en favor de la familia del consejero de Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

EN SEVILLA:

Espartinas: el PA denunció al Gobierno local por un presunto delito de prevaricación , delito urbanístico y delito societario. Según la denuncia, el alcalde, Domingo Salado, y el concejal de Urbanismo, Javier Jiménez, habrían actuado de intermediarios al servicio de una promotora en la recalificación de una finca de la familia Guardiola (muy conocida en Sevilla).

EN TOLEDO

Seseña: Investigan la recalificación de los terrenos sobre los que que contruye Francisco Hernando (Paco 'el Pocero'). El alcalde del municipio toledano, de IU, denunció presiones del PP y el PSOE para aprobar el proyecto. Tras iniciar diligencias informativas contra las más de 13.000 viviendas de Hernando, el alcalde, Manuel Fuentes, fue denunciado y llamado a declarar por calumnias por 'el Pocero'. El promotor tenía empleados a varios concejales del PSOE, que dieron el visto bueno, cuando formaban parte de la anterior corporación, a las obras de 'el Pocero'. Por ahora, el Ayuntamiento tiene paralizado este proyecto de 1,6 millones de metros. Y también un segundo megaproyecto de 'Paco el Pocero': un polígono industrial de 1,2 millones de metros. El PP suspendió de militancia a sus ediles en esta localidad por su relación con el constructor.

EN VALENCIA:

Cullera: El Ayuntamiento ha aprobado la última modificación necesaria para que el Consell autorice el polémico megaproyecto de 610.000 metros cuadrados para más de 20.000 personas, que duplicará la cantidad de población de la localidad. El conocido como 'Manhattan de Cullera' cuenta con dos informes desfavorables de la Demarcación de Carreteras del Estado, dependiente del Ministerio de Fomento, y de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Incluirá la construcción de 33 torres de 25 alturas, dos de 40, varios edificios menores, y un puerto deportivo. Ha sido impulsado por Instituto Valenciano de la Vivienda. Un informe señala que no hay abastecimiento suficiente de agua en la zona. La delegación del Gobierno en Valencia ha llevado el proyecto a los Tribunales.


Riba-roja: Operación ligada a la de Mestalla. Juan Soler, presidente y accionista mayoritario del Valencia CF, compró por 36 millones de euros unas parcelas que en 2005 vendió en 168 millones. Un directivo del club ligado a la empresa compradora fue el mediador en la operación. Allí, el club hará su ciudad deportiva y se elaboró un Programa de Actuación Integrada (PAI) que contempla la construcción de 2.700 viviendas en 1,6 millones de metros cuadrados de suelo agrícola. Este PAI se forjó con un acuerdo entre Soler, el anterior consejero de Territorio, Rafael Blasco (PP), y el alcalde de Riba-roja, Francisco Tarazona (PP). Familiares del alcalde han comprado muchos metros cuadrados de las polémicas parcelas, y el PSOE se ha querellado contra ellos por delitos varios.

Valencia: La oposición en el Ayuntamiento (gobernado por el PP) y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia denunciaron como ilegal ante la Justicia el plan del Valencia CF y su presidente, Juan Soler -apoyado por la alcaldesa, Ritá Barberá y los ediles populares -, para derrumbar el estadio de Mestalla, recalificar su solar, y construir allí 750 viviendasy un gran área comercial, así como la privatización de una parcela pública para construir el nuevo campo del club. La operación le haría ganar al club unos 100 millones de euros.

-Entre 1996 y 2001, la administración popular del Ayuntamientos recalificcó y cedió siete parcelas escolares (29.532 metros cuadrados). Esto recortó un 12% el total de 269.909 metros cuadrados de reserva escolar.


-Congelada desde 1997 la parcela de 12.500 metros cuadrados reservados para la contrucción de una escuela pública en la Avenida de francia.
-Cesión de 3.233 metros cuadrado de suelo escolar recalificado a la Iglesia de los Mártires.
-Recalificación de 6.766 metros cuadrados de suelo escolar público en favor de la academia privada Marni.



EN VALLADOLID:

Arroyo de la Encomienda. La Audiencia de Valladolid investiga la recalificación de 33,5 hectáreas industriales , en el denominado SAU-9, para permitir la construcción de 2.984 viviendas. El cambio fue solicitado por la constructora Mahía, propietaria de los terrenos, y se materializó en un convenio urbanístico firmado por el alcalde, José Manuel Méndez (PP), con la representante de Mahía, María Iluminada Miguel.

Se da la circunstancia de que María Iluminada estuvo contratada por el alcalde en una empresa privada y es hija del concejal del Ayuntamiento de Valladolid y diputado provincial Dionisio Miguel Recio (PP). Además, Recio fue vocal de la empresa municipal de suelo de Arroyo (Emuva).

Por otro lado, el concejal de Obras de Arroyo de la Encomienda, Francisco Javier Cruz, ha sido sancionado por la Junta de Castilla y León porque dos de sus cinco viviendas eran de protección oficial.