Barcarrota - Badajoz

En Valencia, los hechos sugieren un supuesto de financiación ilegal del PP, de al menos 425.000 euros en 2002 y sobornos en especie por valor de al menos 30.000 euros. En Madrid, se habla de más de 4 millones de euros en comisiones que iban a parar a los bolsillos particulares de un consejero, dos diputados regionales y algunos alcaldes. Todo ello, a cambio de concesiones y adjudicaciones de obras a las empresas de Correa.

Los autos judiciales, contienen pruebas más que suficientes, por lo que sugeriría a Esperanza Aguirre y a otros correligionarios adoptar una postura contraria a la que exhiben. Ya estamos más cerca de descubrir que los supuestos delictivos endosables a parlamentarios y cargos públicos del PP, de momento a escala regional, no eran inventos de Baltasar Garzón.

Según ellos, aquí parece que el delincuente es el juez y que éste no tiene derecho a imputar, mientras que ellos tienen todos los derechos a vilipendiarlo e incluso a insultarlo y calumniarlo gravísimamente. Lo raro es que por el -momento- el Tribunal Supremo no haya movido un dedo para poner orden y mantener las mínimas reglas del Estado de Derecho.

Por el momento, vamos bien. Cuatro alcaldes madrileños ya se han aplicado el cuento o se lo han aplicado desde la dirección nacional, aunque no con todas las consecuencias en los cuatro casos. A pesar de todo, no entiendo esa exhibición chulesca y agresiva que les va a durar muy poco.

En este momento los Tribunales Superiores de Madrid y Valencia ya toman cartas en la cuestión y todos los presuntos delitos de los implicados se verán con claridad, despojados ya del velo de tanta falsa indignación

Por lo general, los autos de inhibición del juez Garzón a favor de los tribunales superiores de Madrid y Valencia describen conductas poco ejemplares de unos cuantos cargos públicos del PP. Pocos, entre cientos de dirigentes honorables, que es lo que debería poner en valor la dirección del partido en vez de caer en la tentación de echar balones fuera.

Esta es la triste realidad, sin embargo, algunos, y algunas, como Esperanza Aguirre, siguen empeñados en ocultar con extravagantes teorías conspirativas. Teorías muy cantadas por los sinvergüenzas que deshonran un cargo público y unas siglas honorables. Aguante cero con estas gentes.

En su día tuvo palabras muy acertadas el líder del PP en el País Vasco, Antonio Basagoiti, dolido y con razón por el hecho de que unos se juegan la vida en nombre de las mismas siglas que otros utilizan para forrarse. Así las cosas, queda fuera de lugar la venenosa asignación de intenciones a un juez que, en su función, no puede ni debe defenderse con las herramientas de quienes le descalifican gravemente. Garzón se ha limitado como juez a actuar en consecuencia.