Badajoz - Badajoz

tenian todas las personas asesinadas por ellos.
Las victimas de los etarras y las personas de bien tenemos que soportar ademas de su excarcelamiento que se quejen los familiares de estos asesinos. Y todavia volveran otra vez algunos politicos de IU y PSOE a defenderlos.

https://.abcdesevilla.es/espana/20131116/abci-lincha-kubati-201311151834.html

"Pobres" etarras se vulneran sus "derechos"que son mas importante que el derecho a la visa wue ..

Quise poner:
"POBRES" ETARRAS SE VULNERAN SUS "DERECHOS" QUE SON MAS IMPORTANTES QUE EL DERECHO A LA VIDA QUE TENIAN LAS PERSONAS ASESINADAS POR ESTOS ...

Pues esto lo ha permitido tu partido.

Tu cortedad de conocimientos es alarmante para ser "licenciado en medicina" lo que presupone ciertos cultura general.

Es cierto que MI partido, el PP, el que gobierna España se ha tenido que "comer el marron" auspiciado por Zapatero.

Es cierto que MI partido, el PP, el que gobierna España fue el que creo la doctrina Parot porque Gonzalez no tuvo coj... de hacer un codigo penal con penas completas a los etarras y demas basuras de la sociedad.

Asi que te dejo esto para que adquieras algo de conocimientos, cosa algo dificil, pues tu rencor y odio no te deja abrir tu mente.

>> Pero la historia, en lo que se refiere a la «doctrina Parot», empieza hace ahora siete años. El Gobierno socialista negociaba con ETA en Oslo y las cosas no iban demasiado bien.

El 26 de septiembre de 2006, se incorpora a los contactos por primera vez, el que los pistoleros, según el acta redactada por ETA, denominan «GO4» (representante del Gobierno número cuatro) que, según fuentes antiterroristas, era José Manuel Gómez Benítez, catedrático de Derecho Penal y que dos años después sería nombrado, a propuesta del PSOE, miembro del Consejo General del Poder Judicial.

Según el acta, manifestó lo siguiente sobre la «doctrina Parot»: «Esperamos que el Tribunal Constitucional la declare inconstitucional. En este sentido, ya estamos hablando con los componentes del mismo». Toda una declaración de intenciones, que no se pudo cumplir, algo que enfureció a los terroristas con las consecuencias de todos conocidas: además del atentado contra la T-4, con dos personas muertas, los asesinatos que siguieron después de la ruptura temporal y «formal» de las negociaciones.

La promesa, sin embargo, quedaba encima de la mesa y estaba por medio el gran mentor de las negociaciones con ETA, Alfredo Pérez Rubalcaba. Como ministro del Interior, ordenó una dura política antiterrorista («habrá más de 200 detenciones», y las hubo, bastantes más), hasta que consideró que ya había «derrotado militarmente» a los pistoleros y se aprestó a iniciar el nuevo «proceso», más con fines electoralistas que otra cosa. Como intenta ahora, pretendía que Rajoy no contara con mayoría absoluta para gobernar. El «proceso» quedó abortado al ganar los comicios generales el PP por esa mayoría que el líder del PSOE trataba de evitar entonces gracias al «gran éxito» de haber logrado el fin de la banda . Nadie se lo creyó entonces, nadie se lo cree ahora.

Pérez Rubalcaba, al que nadie puede negar su tremenda habilidad como político y negociador, había previsto, según las citadas fuentes, además del de la presión sobre el Tribunal Constitucional (que no se pronunció y validó la «doctrina Parot» hasta marzo de 2012, ya con el PP en el poder), otros movimientos. Para ello, se echó mano de otro catedrático, en este caso de Derecho Constitucional, Luis López Guerra, que había sido secretario de Estado de Justicia entre 2004 y 2007, año en el que cesó para cubrir la vacante que dejaba un magistrado español en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. En concreto, López Guerra fue elegido juez del Tribunal en octubre de ese año, de entre los tres nombres propuestos por el Ejecutivo, y empezó a ejercer como tal en febrero de 2008. Que la «doctrina Parot» se presentara ante esta instancia judicial era cuestión de tiempo.

Llegado el momento, cuando hubo que fallar sobre el recurso que la etarra Inés del Río Prada presentó contra la aplicación de la «doctrina Parot», López Guerra que, como español, es conocedor del fenómeno de ETA en su conjunto, fue uno de los que formó parte del tribunal y votó a favor de la derogación y de dar la razón a la pistolera del «comando Madrid». Como firmantes del fallo, hecho público en julio de 2012, aparecen otros magistrados, a los que, al menos sobre el papel, hay que suponer un menor conocimiento del problema del terrorismo etarra, ya que procedían de Andorra, Rumanía, Armenia, Georgia, Eslovaquia y Holanda.

En el caso de que mañana el fallo de la Gran Sala del Tribunal de Estrasburgo sea favorable a Inés del Río, la promesa realizada en Oslo, en septiembre de 2006 (y reiterada durante el último «proceso»), se habrá cumplido. Las víctimas del terrorismo ya han subrayado lo terrible que sería una decisión en este sentido. Como dijo el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, al conocerse la sentencia que había contado con el voto favorable de López Guerra: «Demuestra, como mínimo, una falta de sensibilidad absolutamente lamentable, y me quedo ahí, porque puede haber algún miembro del tribunal que podía haber advertido». López Guerra ha sido también diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid, vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de 1996 a 2001 y, anteriormente, vicepresidente del Constitucional entre 1992 y 1995.<<

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20 años a cuestas con un Código maldito

Suárez redactó en 1980 una ley para eliminar la redención de penas pero nunca se discutió Los jueces se lo propusieron en 1983 al PSOE, que dejó pasar 12 años ESPECIAL Toda la información sobre la 'doctrina Parot' GRÁFICO Las víctimas de ETA

JOSÉ MANUEL ROMERO Madrid 27 OCT 2013 - 00:06 CET

Reformas penales Reformas penales

Doctrina Parot Doctrina Parot



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La actividad criminal de ETA en España

576 576

provocó 829 muertos entre 1968 y 2010.



269 269

Cientos de etarras fueron detenidos,



9 9

encarcelados y condenados a altas penas de prisión por esos atentados. La inmensa



7

mayoría de terroristas presos (todos aquellos que cometieron los asesinatos antes de 1995)



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se benefició de una legislación flexible que el



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dictador Francisco Franco aplicó en plena



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Guerra Civil (decreto de 28 de mayo de 1937) para permitir la redención de penas mediante el trabajo a los “presos rojos” encarcelados.

Este sistema de cumplimiento de penas se plasmó después en el Código franquista de 1944 y continuó sin cambios en el de 1973. La democracia solo eliminó las redenciones de pena a partir de 1995, con el nuevo Código Penal del Gobierno socialista.

Hasta ese año, los etarras habían cometido 727 crímenes, por los que respondían de acuerdo a la legislación de 1973. Era tan favorable la normativa que permitía a terroristas con decenas de crímenes condenados a miles de años de cárcel poder salir en libertad cuando apenas llevaban 20 en prisión, dos tercios del periodo máximo de cumplimiento (30 años).

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La etarra Inés del Río ya está en la calle por orden La etarra Inés del Río ya está en la calle por orden de la Audiencia Nacional de la Audiencia Nacional

Razones para una excarcelación masiva Razones para una excarcelación masiva

Presos afectados por la 'doctrina Presos afectados por la 'doctrina



DESCARGABLE

Parot' Parot'

consecuencia de la aplicación del Código Penal de 1973, lo que desencadenó una fuerte alarma social.

Gobiernos y jueces trabajaron para remediar una situación provocada por la estricta aplicación de la ley. Así llegó en febrero de 2006 la sentencia del Supremo al recurso de Henri Parot, uno de los etarras con más asesinatos que reclamaba su excarcelación. El Supremo aprobó una interpretación jurídica novedosa que dejaba sin efectos prácticos las redenciones de pena y lo hacía con carácter retroactivo, la única manera de frenar la excarcelación masiva de etarras condenados con el Código de 1973.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado ahora ilegal la aplicación retroactiva de esa nueva doctrina del Supremo, lo que sitúa a 93 etarras y 37 presos comunes a un paso de la libertad. Distintos Gobiernos de la reciente etapa democrática proyectaron eliminar las redenciones de pena sin llegar a aprobar esa medida hasta 1995.

» El proyecto que nunca se llegó a discutir. El Gobierno de Adolfo Suárez (UCD) redactó en 1980 un nuevo Código Penal con 688 artículos que eliminaba las redenciones de penas para todos los presos. Ese año, ETA asesinó a 92 personas, el récord criminal de toda su historia. En la exposición de motivos, el proyecto de ley explicaba: “Se pretende que la sanción se cumpla efectivamente prescindiendo de la redención de penas por el trabajo, que producía de un modo casi automático, y al margen de consideraciones de prevención especial y general, la reducción de la condena impuesta en un tercio o más en la práctica totalidad de las más importantes penas privativas de libertad (…) La redención de penas por el trabajo es, desde el punto de vista político-criminal, contraproducente y por tanto, debe desaparecer”.

El texto legal, obra del ministro de Justicia Francisco Fernández Ordoñez, entró en el Congreso el 17 de enero de 1980. Tres meses despues se amplió el plazo para enmiendas y a partir de ese momento el proyecto languideció y murió sin ni siquiera llegar a discutirse. Adolfo Suárez dimitió en 1981, le sucedió Leopoldo Calvo-Sotelo y, apenas un año después, el PSOE ganó las elecciones y formó nuevo Gobierno.

» Primer Gobierno socialista. Redenciones para preventivos. En 1983, el Gobierno socialista de Felipe González aprobó una reforma parcial del Código Penal en la que mantuvo vigente el artículo 100 de la norma franquista, ampliando sus efectos a los presos preventivos, para los que también eran efectivas las redenciones de pena. Antes de aprobar esa reforma, el Consejo General del Poder Judicial elaboró un informe muy crítico con la ley: “La redención de penas por el trabajo, en el nuevo artículo 100, aumenta las consecuencias favorables del beneficio en relación con el Código vigente, por cuanto lo extiende a las penas de arresto y la prisión preventiva. El Consejo manifiesta su criterio contrario a la supervivencia de la redención de penas por el trabajo”. El Gobierno desoyó el consejo y mantuvo la situación heredada del franquismo en relación con el cumplimiento de las penas en la cárcel.

» Fraga contra González. La segunda legislatura socialista arrancó con el problema del terror agravado. En la sesión de investidura, el jefe de la oposición, entonces Manuel Fraga, pidió a González medidas urgentes para combatir a ETA. “Ha muerto el vicealmirante Cristóbal Colón de Carvajal, a los guardias civiles los matan de cinco en cinco y de diez en diez, ha habido un atentado grave contra el presidente del Supremo, hubo un ataque serio, con armas de guerra, contra el ministerio de Defensa. No se puede seguir haciendo el don Tancredo. Gobernar no es pedir árnica, es resolver los problemas. Hoy en España estamos ante una guerra revolucionaria en la que un bando combate a muerte y el otro no se defiende suficientemente ni utiliza los medios a su alcance. El nivel de impunidad que tiene el terrorismo en España no es comparable con ningún otro país distinto de los de Oriente Medio. El marco legal no es suficiente. Vamos a proponer que se modifiquen reglas del Código Penal para que no se puedan aplicar medidas de gracia para los delitos de terrorismo y conexos que deben cumplirse día por día”.

Felipe González encajó el reproche e intentó explicar por qué su Gobierno no eliminaba la redención de penas para terroristas: “El hecho de la redención o no de las penas por los delitos de terrorismo iba en su día dentro de un proyecto de ley que tenían en preparación y que con la consulta previa del Consejo del Poder Judicial retiró del proyecto de ley, porque el propio Consejo valoró que no se ajustaba a la Constitución y no se podía hacer la diferenciación de tratamiento entre uno y otro tipo de penados”. En los archivos del Consejo del Poder Judicial no figura ese informe del que habló González en el Congreso. Tan solo existe un informe anterior, ya citado en este artículo, en que el Gobierno de los jueces que defendía la eliminación de la redención de penas.

» Fin del Código franquista, 22 años después. La medida se introdujo 12 años después por el Gobierno socialista en el llamado Código Penal de la democracia de 1995. Para entonces, ETA había matado a más de 700 personas en España; los detenidos por estos crímenes contaban con que su estancia en prisión, por condenas de cientos o miles de años, se reduciría a menos de 20.