Badajoz - Badajoz

La acusación popular ha presentado esta mañana al juez Ruz la ampliación de la querella, que pretende imputar al marido de Cospedal, Ignacio López del Hierro, y a 13 nuevos empresarios, entre ellos el productor televisivo José Luis Moreno o un familiar de Juan Cotino, hasta 9 tipos delictivos distintos. Entre ellos contra la Hacienda Pública, blanqueo, asociación ilícita o cohecho.

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Ignacio Lopez del Hierro, en una foto de archivo- (EFE)

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La acusación a López del Hierro está fundamentada en las anotaciones que figuran en los papeles de Bárcenas, identificadas por el extesorero en sede judicial, de supuestas entregas de dinero del marido de Cospedal a la contabilidad B del PP. Se trata de dos anotaciones que figuran en los papeles de Bárcenas, de julio de 1997 y noviembre de 1998, en las que aparecen dos donaciones de 15 y 4 millones de pesetas respectivamente, atribuidas a López del Hierro.

A los exsecretarios generales del PP, Ángel Acebes y Francisco Álvarez Cascos, esta acusación les atribuye hasta 12 delitos diferentes, como el delito contable, fraude fiscal, blanqueo, cohecho, tráfico de influencias, o apropiación y falsedad de fondos electorales.

Basan su acusación a Cascos en los supuestos pagos recibidos por 600.000 euros mientras era secretario general, vicepresidente del Gobierno y ministro, y sus supuestas entregas a la supuesta contabilidad B por 282.000.

Y sobre Ángel Acebes, las presuntas dádivas recibidas de empresas privadas por 107.000 euros, y los ingresos bajo sospecha mientras era secretario general del PP por 2.3 millones de euros. Unos ingresos, según la acusación, que sirvieron para hacer pagos por similar cantidad.

Entre las pruebas solicitadas, esta acusación popular reclama que declare como testigo el presidente de las Cortes valencianas, Juan Cotino, que el Ministerio de Hacienda aporte los contratos de estas empresas con la administración o que el Tribunal de Cuentas analice las posibles donaciones de estos empresarios al Partido Popular.

Con toda probabilidad, el juez Ruz dará ahora traslado de la querella a la Fiscalía Anticorrupción para que informe al respecto, y con posterioridad decidirá sobre su admisión a trámite.
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