Badajoz - Badajoz

)El empresario español José María Mayor Oreja, ex presidente de FFC Construcción, reconoció hoy haber donado 60.000 euros al Partido Popular (PP) en 2011 de forma indirecta para sortear los límites impuestos por la ley.

En cambio, negó los pagos que figuran en la supuesta "Contabilidad B" del PP atribuida al ex tesorero de la formación derechista Jesús Bárcenas, en la que figuran dos donativos efectuados en 2008 y registrados bajo su nombre por un total de 165.000 euros, informaron fuentes judiciales.

El industrial español abandonó la constructora FCC el pasado 11 de marzo, día en que la Audiencia Nacional de España aceptó tramitar la querella por presunta financiación ilegal y pago de sobresueldos en el PP del presidente del gobierno español, Mariano Rajoy.

La querella se basa en los documentos manuscritos de la supuesta Contabilidad B del PP publicados por el diario El País el pasado 31 de enero.

Esos documentos revelan que de los 7,5 millones que aparecen en la Contabilidad B del PP entre 1990 y 2008, al menos 5 millones incumplían con la entonces vigente Ley de Financiación de Partidos, que rigió entre 1987 y 2007.

La normativa establece que los partidos no pueden recibir de la misma persona física o jurídica cantidades superiores a los 10 millones de pesetas (60.101 euros) al año. El límite subió después a 100.000 euros, pero el PP también lo superó.

La ley también prohíbe los aportes de empresas que presten servicios o realicen obras para la administración pública, ya sea de forma directa o indirecta, como es el caso de la mayoría de las empresas que aparecen en la Contabilidad B del PP.

Con un informe policial en su poder que acredita la veracidad de las cuentas B del PP, el juez a cargo del caso, Pablo Ruz, citó a declarar en calidad de imputados a nueve empresarios cuyos nombres aparecen en los manuscritos.

Uno de ellos es José María Mayor Oreja, hermano del ex ministro Jaime Mayor Oreja, quien ante el juez Ruz admitió haber pagado donativos pero no los que aparecen en la Contabilidad B sino un total de 60.000 euros abonados en 2011.

El empresario explicó que para poder efectuar los pagos buscó dos empresas del grupo FCC -Promociones Teide y BBR- que no tenían contratos con la administración, sorteando así la ley de Partidos.

Sin embargo, esto igualmente constituye un fraude de ley, aseguró la acusación.

La semana pasada declararon otros tres empresarios, Juan Miguel Villar Mir, presidente de OHL, José Luis Sánchez Domínguez, propietario de Sando (ambos negaron haber entregado dinero al PP en forma de donativos), y Alfonso García Pozuelo, de Constructora Hispánica,