Alburquerque - Badajoz

La Junta dejará de pagar las oficinas de rehabilitación de cascos antiguos
Un centenar de trabajadores de 22 ayuntamientos se verán afectados por una medida que pretende «evitar duplicidades»
04.10.12
La Junta de Extremadura no va a renovar con los ayuntamientos el convenio para mantener las oficinas del ARI (Área de Rehabilitación Integrada), tal y como se les viene comunicando por escrito desde finales de la semana pasada a los alcaldes de los municipios en los que se viene prestando este servicio desde hace 15 años. Lo ha confirmado también la propia Administración regional, en un comunicado en el que señala que va a eliminar estas subvenciones «para simplificar y eliminar trabas burocráticas y duplicidades».
En ese mismo texto se asegura que se va a continuar prestando el servicio pero que todavía no se ha definido de qué manera, al tiempo que se apunta que algunas de las competencias «serán asumidas por técnicos de la propia Consejería de Fomento, que mantiene a lo largo de la geografía extremeña distintas oficinas dotadas con personal propio, cuya finalidad es precisamente tramitar expedientes de rehabilitación». La consejera de Cultura, Trinidad Nogales, dijo ayer en Plasencia que cuentan con personal propio que pueden desempeñar este trabajo en departamentos de Fomento, Vivienda y Cultura.
La medida afecta a 22 localidades y a un centenar de empleados, ya que en cada caso son entre tres y cuatro los técnicos que desarrollan la tarea de ayudar a tramitar subvenciones para rehabilitar inmuebles de cascos protegidos; un cometido que comparten con vigilar que no se atenta contra el patrimonio histórico y cultural cuando se ejecutan obras.
La decisión del Gobierno extremeño de denunciar estos convenios tres meses antes de que cumplan significa que las oficinas del ARI dejarán de funcionar el 31 de diciembre y que su personal quedará en paro, tal y como se ha alertado desde UGT.
A este respecto, el presidente de la Fempex (Federación de Municipios y Provincias de Extremadura), Fernando Pizarro, señaló ayer que está convencido «de que el Ejecutivo regional planteará una nueva estructura que será eficaz», al tiempo que admitió que en el caso de Plasencia, donde es alcalde y donde se cerrará la oficina ARI de la plaza de la catedral, una posibilidad es que el servicio se preste desde el edificio de Servicios Múltiples que acoge las oficinas de la Junta.
El anuncio de que no se renovarán los convenios ha caído como un jarro de agua fría entre arquitectos, aparejadores, arqueólogos, historiadores y auxiliares administrativos del ARI, cuyos sueldos en algunos casos son sostenidos por las consejerías de Fomento o Cultura y en otros de forma conjunta con los ayuntamientos y mancomunidades, que muchas veces corren con el grueso de los gastos. Esto último es lo que ocurre en Badajoz, donde se está buscando la fórmula que permita mantener el ARI con esa denominación y en la misma ubicación de la Plaza Alta en la que se encuentra. Lo que aquí paga la Junta son 15.000 euros aproximadamente por el sueldo de la auxiliar, mientras que los 70.000 restantes que viene a costar al año corren por cuenta del consistorio, según indicó el edil de Urbanismo, Celestino Rodolfo.
«La labor que desarrollan es excepcional y queremos mantenerla, seguir pagando para que así sea, de manera que estamos buscando la fórmula jurídica que nos permita hacerlo. Pero también es cierto que la red de oficinas del ARI está sobredimensionada y supone un sobrecoste y eso es lo que ha analizado la Junta para esta decisión».
No podrán hacer lo mismo, sin embargo, en otros consistorios como los de Fregenal, Jerez de los Caballeros o Hervás, donde se teme por la pérdida de puestos de trabajo y también por la desprotección que sus alcaldes consideran que puede afectar el patrimonio.
«En Fregenal hay un antes y un después del ARI», aseguró ayer su alcalde, Juan Francisco Ceballos. «A partir de esta oficina se ha dado un salto cualitativo muy importante, se han aprobado ordenanzas, se ha puesto orden y sobre todo se ha sensibilizado a la población sobre la importancia del casco histórico de la localidad».
El primer edil de Hervás, Sergio Pérez, se manifestó en el mismo sentido y señaló que si se acaban las ayudas de la Junta para las oficinas de rehabilitación, por cuenta propia no podrán continuar «contando con técnicos especializados en patrimonio, tan importantes para nuestra judería, porque el Ayuntamiento no podrá asumir el coste».