Alburquerque - Badajoz

ROCÍO ROMERO :: BADAJOZ.

La nueva decisión judicial rebaja las actuaciones, lo que supone una rebaja del coste inicial que puede llegar al 90%
El TSJEx emite un nuevo auto que permite dejar las cubiertas en su estado actual
ELLOS OPINAN
CELESTINO RODOLFO, CONCEJAL DE URBANISMO: «Estamos satisfechos en parte porque reduce el coste de la obra y permitiría que la Facultad siga en el edificio, que es mi objetivo»
MANUEL SOSA, PORTAVOZ DE IU: «Hay que exigir responsabilidad políticas, la anterior concejala de Urbanismo (Cristina Herrera) debe responder por el derribo»
CELESTINO VEGAS, PORTAVOZ DEL PSOE: «Pido responsabilidades políticas a Celdrán por negligencia continuada en el caso del Cubo de Biblioteconomía, en 2009 dijo que no lo tiraría»
Una nueva decisión judicial manda derribar en parte el conocido como 'Cubo' de la Alcazaba, donde se ubica la Facultad de Biblioteconomía y cuya construcción con una licencia de obras contraria a la normativa urbanística de la ciudad en 1998 ha derivado en un largo proceso judicial que acumula ya doce años.
El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura establece en un nuevo auto que el Ayuntamiento debe demoler las dos plantas superiores, de forma que reduce el mandato original en dos plantas y se acoge al dictamen emitido hace meses por la Real Academia de las Bellas Artes de San Fernando. De esta forma, se mantendrá la planta baja (donde se encuentra el salón de actos) y la primera altura, ocupada por despachos de profesores.
No se rebajan las cubiertas
La importancia del auto también reside en que no obliga a rebajar las cubiertas en 1,35 metros, como establecía una decisión judicial anterior. Ahora «no se considera prudente el restablecimiento porque no hay constancia de que la reposición alterase la armonía del edificio». También entiende que esta actuación podría alterar la solidez del edificio y reconoce que una parte de la cubierta original estaba deteriorada antes de la rehabilitación.
El Tribunal argumenta que reducir la altura supondría un coste desmesurado. En el proyecto básico de restitución de la legalidad en la Alcazaba que presentaron los servicios municipales en 2007 se calculaba que el importe total de la actuación sobrepasaría los 8 millones de euros, una cantidad que casi doblaba la inversión en su construcción (4,8 millones de euros). Ahora, sin embargo, al permitir que las cubiertas se mantengan intactas, el coste se reduce entre un 80 y un 90%.
Este auto responde al recurso presentado por el Ayuntamiento en el que argumentaba la imposibilidad de realizar las obras necesarias para devolver el edificio a su estado anterior a la construcción de la Facultad y la biblioteca general en el antiguo hospital militar ubicado en el recinto almohade, como manda la sentencia.
El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura establece también ahora eliminar los tres torreones de remate de los patios que se sobreelevan respecto al resto de la construcción «y asoman de un modo muy ingrato y agresivo encima de la muralla almohade».
Del mismo modo, establece que se deben tapiar los dos grandes huecos abiertos con dinteles metálicos para devolver a la antigua capilla del hospital milital el aspecto de espacio cerrado y la reconstrucción de los volúmenes que había adosados. Es en esas dependencias donde la Academia de San Fernando propone que se deberían reubicar los despachos de profesores que se perderán con el derribo de las dos plantas superiores del cubo.
Por último, el TSJEx también considera necesarias varias actuaciones en el patio principal. Así, en el piso alto debe retirarse el cuerpo acristalado con celosías de madera y cubierta plana para restituirla a su estado anterior.
Del mismo modo, se debe devolver la diafanidad a la arquería del piso inferior y eliminar la carpintería. En un plazo de dos meses deben informar de las actuaciones desarrolladas a la Sala, según establece en un auto bastante crítico con la defensa municipal.
El auto no es firme. Contra él cabe recurso de casación en un periodo de diez días ante el Tribunal Supremo y los servicios jurídicos municipales estudian si recurrirán.
La Universidad de Extremadura, por su parte, emplazó ayer al Ayuntamiento a presentar recurso. La institución académica no es parte en este proceso, por lo que no puede personarse en el mismo. Además, la UEx aseguró que de llevarse a cabo el derribo aún "podría permitir que el centro continuara en su ubicación actual".