Mombeltrán - Avila

Delito Electoral
El alcalde de Fortuna, localidad murciana de 10.000 habitantes, “ofreció trabajo municipal y vales de comida a ciudadanos del municipio para que le votaran” en 2003 y ganó la alcaldía por mayoría absoluta “merced a esas recompensas y promesas”. Lo dijo primero la Audiencia Provincial de Murcia —hace ahora un año y medio que emitió sentencia condenatoria, más dura que la del Supremo— y ahora lo ha ratificado el alto tribunal, circunstancia que ha obligado a Matías Carrillo (PP) a dimitir de todos sus cargos públicos y a dejar el Partido Popular de Murcia. La condena por delito electoral es de cinco años de inhabilitación para el ejercicio del cargo de regidor, concejal “o cualquier otro de elección democrática”.

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¿Os suena este tipo de cosas?
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https://olitica.elpais.com/politica/2012/10/25/actualidad/1351175128_074599.html

Como se ve, se tarda su tiempo (más de 7 años) en llegar a una sentencia de la Audiencia Provincial, y algo más (casi 10 años) en resolver la apelación ante el Supremo. Pero al final se llega, con paciencia, esfuerzo y lo que sea, pero se puede llegar.
¿Por qué no toman buena nota desde el PSOE de Ávila? Si Castilla y León es tierra de peperos, tanto igual o más lo es Murcia. Pero parece que algunos murcianos no tiran la toalla.

Obsérvese que los hechos que condena esta sentencia, como otras parecidas en otras localidades, son un juego de niños comparado con lo que vemos en Mombeltrán ante nuestras narices. Aquí, además de este chantaje de votos por favores, enorme en la Villa, tenemos la bestial y descarada manipulación y trampa del censo.

Villanas y villanos: estamos más solos que los murcianos -que ya es decir y tiene tela- ante nuestro funesto pasado, presente y destino de atracos y delitos electorales. Aquí no hay una sentencia, pero no es necesaria para saber lo que todos sabemos; que en la calle Santiago y en Viñaesquinada -por poner sólo dos ejemplos de los dos primeros espadas de la lista julista- no habitan los que figuran en un falso y podrido papel llamado censo electoral. Sabemos que se da trabajo a familias enteras, y se ofrecen viviendas y se adjudican bienes municipales y se construyen o se dejan construir alturas, accesos, pareones, naves y casillas pisoteando todas las reglas, en función del voto favorable a un evidente capo. Sabemos, y los implicados también lo saben, no hace falta que nos lo defina un juez, que nos gobiernan localmente unos delincuentes electorales.

Así son las cosas, de acuerdo a unas leyes democráticas y constitucionales, que estos señores y señoras emplean fundamentalmente para ensuciar los sillones de representantes del pueblo con su corrupto culo.