Arenas de San Pedro - Avila

Esto es loque dicMuchos foreros pensarán que a quien importa lo que Robespiere piense y es verdad, pero como “me peta “y además animo este Foro que va en decadencia, lo cuento.

Hoy por hoy el partido UPyD es el partido parlamentario que más a la derecha está del espectro político español (mucho más que el Partido Popular). La mejor formar para aclarar esta afirmación es comentar sus posturas en los temas centrales del debate político actual.

El modelo de organización del Estado Español fue cuando se debatió la Constitución el tema (sin duda) más importante y aún hoy en día sigue siendo preeminente. Todos los partidos admiten el actual modelo del Estado de las Autonomías, aunque anunciando reformas (véase ayer la entrevista en el Mundo a Rajoy sobre este tema); pero UPYD se opone radicalmente argumentando falacias, veamos una: El enorme coste del Estado Autonómico.

Es opinión pacífica que el mayor coste de las autonomías es el mantenimiento de los servicios públicos de sanidad y educación asumidos por las Comunidades Autónomas ¿es que estos servicios iban a ser más baratos sí los prestase el Estado? ¿ Se conseguirían ahorrar costes sí estas competencias como quiere UPyD se devolviesen al Estado? UPyD habla de los gastos de los órganos políticos y es verdad que existen, pero los gobiernos y parlamentos autonómicos aportan un gran “valor añadido” que es la cercanía a los ciudadanos. Sobre los órganos a los que Parada Vázquez definen en el ámbito estatal como órganos de relevancia constitucional, en su transposición autonómica podemos hablar del Tribunal de Cuentas,, del Consejo Consultivo, y del Procurador del Común. En Arenas de San Pedro hemos tenido nuestros tratos con el Consejo Consultivo de Castilla y León: El Consejo Consultivo de Castilla y León tuvo que dictaminar de forma preceptiva aunque no vinculante la Reclamación Patrimonial de los hermanos Serrano al Ayuntamiento de Arenas; y en relación con la revisión de oficio del tercer pago de la Casa de la Cultura su dictamen favorable es necesario para sacar la nulidad plena del pago recurrido. Sí no existiera estos órganos estas funciones debían ser asumidas por el Consejo de Estado, que tendría que multiplicar, con gran coste, el número de letrados, pero aumentar de acuerdos con las necesidades a cubrir el número de consejeros, desvirtuaría la naturaleza de este órgano colegiado. Sobre el Defensor del Pueblo, podíamos decir lo mismo (claro, que los técnicos de esta institución son de un rango menor y cobran menos) paro se perdería en especificidad y en conocimiento ( no me cabe duda que los técnicos del Procurador del Común sabe más que los defensor del Pueblo sobre nuestra administración autonómica y los pueblos de nuestra Comunidad que los técnicos del defensor del Pueblo)

Todos los partidos políticos se han alegrado de la disolución de la ETA y todos están conforme en que a partir de ahora hay que abrir un proceso, todos menos uno: UPYD. La diferencias sobre ese asunto entre el Partido Popular y el Partido Socialista sólo es de ritmo, pero no en la asunción de la necesidad de este proceso. Sin duda será un mal trago que Rajoy tendrá que pasar.

Hay, en verdad, un desprestigio en la ciudadanía (puesta de manifiesto en la encuestas de opinión) sobre la clase política, en parte debido a ciertos hechos reprobables y sobre todo a ese pecado capital de los españoles que Fernández de la Mora definió como la “envidia igualitaria”. Pero la verdad es que la legislación ha avanzada mucho en el control de la transparencia de la clase política: hace unos días me enteré de que una reciente norma legal obligaba al Congreso y al Senado a hacer público el patrimonio de los diputados y senadores, así que interesado en ver como la ha ido la vida a una compañera de estudios, fui a la página Web del Congreso y allí estaban sus datos ( en fin, sí Rajoy busca a los mejores, poco currículo, para que la haga ministra). Sobre este asunto es de destacar la propuesta del Partido Popular sobre crear una nuevo tipo penal en el que se recoja la gestión económica manifiestamente negligente de los cargos públicos cuando proceda.

Creo que el aprecio y el orgullo de los españoles (naturalmente haciendo las críticas pertinentes, aunque siempre con responsabilidad) de las instituciones políticas españolas es un valor al que ha de aspirar la cultura política de los españoles. Desprestigiar a la Justicia y al Tribunal Constitucional como hace habitualmente Rosa Diez, no es comportamiento admisible en la dirigente de un partido parlamentaria es más bien propio del Jefe de un partido antisistema.e Robespierre, el del otro Foro.