Tapia de Casariego - Asturias

UPyD ha registrado en la Junta General una proposición no de ley en la que se insta al Principado a paralizar la tramitación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental del proyecto de explotación de la mina de oro de Salave, en el concejo de Tapia de Casariego.

La iniciativa de la formación magenta subraya que el procedimiento carece de "cobertura jurídica", ya que "finalizó con la publicación de la Declaración de Impacto Ambiental de 20 de diciembre de 2012".

UPyD exige además al Principado la garantía de que no se efectuará ningún trámite adicional en materia de evaluación de impacto ambiental de este proyecto al menos hasta que no se revoque previamente la declaración de impacto ambiental concedida y en vigor.

Según UPyD, se trata del mismo criterio que ha mantenido la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, que en su último informe señala que "no cabe reabrir ese expediente con el propósito de dictar una nueva declaración de impacto ambiental como si la ya citada no hubiese existido, o pronunciar una suerte de declaración de impacto ambiental complementaria".

A este respecto, ha añadido el partido, la Confederación advierte de que la tramitación del proyecto desarrollada por el Principado podría "vulnerar la legislación aplicable en materia de evaluación ambiental".

El diputado regional de UPyD, Ignacio Prendes, ha confiado en que esta iniciativa sirva para "imponer definitivamente la claridad y la cordura en la tramitación de este proyecto", al considerar que el Principado "lleva meses retorciendo los procedimientos legales con la intención de facilitar la aprobación por partes de un proyecto que resulta injustificable en su integridad".

Prendes también ha considerado "intolerable" que la empresa explotadora, Asturgold, haya anunciado un recorte de plantilla si no se resuelve la tramitación del proyecto con la intención de "chantajear al Principado para que éste incumpla la ley".

"Si la empresa apostó por un proyecto que no reúne las mínimas garantías, la responsabilidad es de la empresa, no de las autoridades públicas", ha remarcado.