Morcín - Asturias

Allá por el mes de diciembre de 2013 se habló en este foro de la depuradora de Las Mazas, y se dijo que en un asunto del mismo tipo los vecinos de la zona de El Pisón, en Gijón, habían conseguido una sentencia contra la depuradora que allí se construye, porque está situada a menos de 2000 metros de un núcleo habitado. Hoy veo en el periódico que los mencionados vecinos exigen la paralización de las obras porque el Tribunal Superior de Justicia así lo ordenó.
En el caso de Las Mazas, la depuradora está situada a menos de 500 metro del pueblo y no veo que nadie exija que se guarde la distancia mínima establecida por la ley, con lo cual los de Las Mazas sufrirán los olores, los mosquitos y demás inconvenientes de la depuradora
El saneamiento de río Riosa es una actuación muy necesaria, pero ¿tienen que soportar los de Morcín que se depure “la mierda”, que en gran medida viene de Riosa, tan cerca de sus viviendas?.
Pronto empezará la campaña para las elecciones municipales, pues ya veremos si el asunto preocupa a los candidatos a representarnos en el Ayuntamiento.

La actual consejera de fomento, ordenación del territorio y medio ambiente, en su dia viceconsejera en la última legislatura del PSOE,tiene por criterio y costumbre saltarse las leyes nacionales. Hace unos meses en unas declaraciones a la prensa, respecto a una sentencia de un juzgado de Madrid, sobre la depuradora del Pisón en Gijón, comentó que quién era una jueza de Madrid para dictar una sentencia de una obra en Asturias.
Sin entrar en detalles, el Ayuntamiento se saltó la normativa municipal. El Principado, dado que para esta obr de menos de 10.000 habitantes, no se exige un estudio medioambiental.
Por tanto, pasó por alto que a 50 metros hay un núcleo rural consolidado con 3 viviendas y 5.300 metros cuadrados de terreno urbanizable.
A 600 metros hay una barriada de unas 180 viviendas.
De la noche a la mañana y con alevosía, el molino fue derribado.
Respecto a la ley Raminp, 30 de Noviembre de 1961, el Principado de Asturias en 2007, hizo una chapuza para intentar anularla pero que a día de hoy, vistas las sentencias, deberíamos los asturianos dirigirnos por la del 1961.
Conclusión, dado que el alcalde y el resto de políticos de este municipio no van a aportar nada, el camino que tienen que tomar los perjudicados directamente o se sientan perjudicados, para empezar a hablar con el padre de la rapaza, hay que poner sobre la mesa 21.500 euros. Esto en otros tiempos era un cacicada del régimen, hoy día es un abuso del poder por los que nos gobiernan y mas ridículo, por la sociedad que los votamos.
Gente del camino.

En el Ayuntamiento nadie hizo nada, ni antes, para intentar modificar el emplazamiento que señalaba el proyecto, ni después de que comenzaran las obras, dicen que todo está bien porque lo dijeron en el Principado. Abren la boca, y a comulgar con ruedas de molino.
Hay algo más en el asunto que es muy preocupante, me parece (no estoy seguro) que el mantenimiento de las instalaciones será a cargo del concejo en el que se encuentren, si fuera así, otra vez a pagar los de Morcín lo que utilizan los de otros concejos.
Los pleitos son muy caros, no obstante hay muchas formas de mostrar la disconformidad, la protesta en la calle, en los periódicos, ante el Defensor del Pueblo, etc., pero parece que nadie se mueve.

Cabe otra posibilidad, que algunos de los afectados, camino de los 70 y con cáncer en la parte baja del ombligo, en la noche de San Juan, haga la hoguera en el salón de plenos.
Gobernantes, no están los tiempos para sendas verdes y menos para risitas.
Molín de Figares

Publicado en El Comercio:-

El Supremo tumba la depuradora de la zona Este de Gijón

Es la obra con la mayor envergadura presupuestaria en la ciudad, con 36 millones d euros y el 90% ejecutado.

Los vecinos de El Pisón le ganan la batalla al Estado al demostrar la ilegalidad del proyecto.

Marcos Moro y Olaya Suárez Gijón, 5 febrero 2016

El proyecto de la depuradora de El Pisón no se ajusta a la legalidad. El Tribunal Supremo ha tumbado de forma definitiva la obra, que ya ha sido ejecutada en un 90%. Los vecinos le han ganado el pulso al Estado después de siete años de batallas judiciales que concluyen con la decisión del máximo tribunal de desestimar el recurso interpuesto por la Administración General del Estado contra la sentencia dictada por la Audiencia Nacional, que ya había declarado nulo el anteproyecto y estudio de impacto ambiental que estableció en 2009 la ubicación de la depuradora del Este. Ante esta resolución no cabe recurso posible.

La administración solicitó la intercesión del Alto Tribunal después de que se decretara la nulidad del estudio inicial que daba cobertura a la instalación por «haber incurrido en una tramitación defectuosa». Ese extremo lo corrobora ahora el magistrado del Supremo José Juan Suay Rincón, catedrático de Derecho Administrativo: «La declaración del impacto ambiental practicada en el caso carece de motivación suficiente, no reúne la razonabilidad exigible y no responde a un legítimo ejercicio de discrecionalidad técnica, por lo que no puede quedar aquella inmune al control judicial». «No cabe cuestionar ahora en casación la corrección jurídica de la resolución impugnada y su pleno ajuste de derecho», añade. Impone, además, el pago de las costas a la Administración General del Estado.

Será ahora la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional la que ordene la ejecución de la sentencia. Según sostiene el abogado Marcelino Abraira, que representa legalmente a los vecinos afectados que han ganado el largo proceso judicial, «no cabe otra posibilidad que demoler lo construido».


El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) también había declarado ilegal la instalación al entender que la Administración no había justificado de manera suficiente el emplazamiento escogido en la zona Este del concejo. El mismo tribunal dio un paso más allá el pasado mes de febrero y ordenó a Medio Ambiente que interrumpiera de inmediato las obras. Sin embargo, la UTE formada por Aqualia Infraestructuras, FCC Construcción y Degremont continuaron adelante.

La Estación Depuradora de Aguas Residuales de El Pisón es en la actualidad la obra pública en construcción de mayor envergadura presupuestaria en Gijón, con 36 millones de euros de coste.

Los vecinos de Somió llevan siete años litigando contra la instalación conocida como 'la Plantona', en concreto, contra la Confederación Hidrográfica y contra el Ayuntamiento al considerar un perjuicio para la calidad de sus vidas. La del Supremo es la sexta sentencia que les dan la razón, aunque aún tienen «batallas por ganar», como que se ejecute la sentencia y se paralice de forma definitiva la obra.

El varapalo judicial supone un enorme escollo en el cumplimiento de la ley en materia de depuración de las aguas contaminantes. Debido a la falta de depuradora en la cuenca Este, Gijón vierte actualmente al mar, en tiempo seco, ocho veces más contaminación de la permitida por la Unión Europea para las aguas costeras de sus países miembros. Una sentencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo condenó en abril de 2011 a España por la deficiente depuración de sus aguas residuales urbanas en 38 localidades desde 2001. Gijón figura en esa lista negra por la ausencia prolongada de un tratamiento completo para los vertidos de su cuenca Este, que afectan a una población equivalente a 150.000 habitantes.

Multa de la UE

No sería el único incumplimiento que aprecia la Unión Europa. Según el abogado Marcelino Abraria, la Comisión podría ahora multar a España por la utilización de fondos públicos para la construcción de una obra cuyo proyecto no se ajusta a la legalidad. Los vecinos de El Pisón quieren llegar hasta el final y depurar, nunca mejor dicho, responsabilidades.

«Probablemente intenten ahora legalizar la depuradora de otra forma, pero si se hace un nuevo estudio de impacto ambiental, salvo que comparen El Pisón con la Plazuela o la calle Corrida, mal los veo. Un nuevo estudio de impacto ambiental obligaría a paralizar la puesta en funcionamiento de la depuradora construida y tendría una tramitación de alegaciones de unos dos años como mínimo», señala el abogado Marcelino Abraira, quien considera que «las responsabilidades hay que buscarlas en quienes tomaron una decisión manifiestamente arbitraria. Tanto técnicos como políticos».

Si la depuradora de El Pisón ha de ser demolida, ¿qué se ha de hacer con la de Las Mazas?. Ya veremos lo que dan de sí lo que están en el Ayuntamiento, porque hasta ahora parece que no tomaron el asunto con interés.