Luarca - Asturias

Una diputada regional y varios cargos del partido ocupan más del 25% de los apartamentos promovidos por UGT. Utilizaron a familiares para hacerse con las viviendas.
De los 56 pisos de protección oficial construidos en la calle Fortuna de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), situada en una de las zonas más revalorizadas de esa ciudad, al menos 15 de ellos se han otorgado a militantes y dirigentes del Partido Socialista de Cataluña (PSC), incluyendo a una diputada en el Parlamento catalán.
sí lo aseguró, en declaraciones a Radio Intereconomía Cataluña, el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de L’Hospitalet, Juan Carlos del Río, quien explicó que el consistorio, en manos del PSC e Iniciativa per Catalunya, cedió suelo municipal al sindicato UGT para la construcción de pisos de protección oficial en una parte de la ciudad próxima a la Ciudad de la Justicia, que agrupa todos los juzgados de Barcelona y L’Hospitalet.

Sin embargo, como ha podido comprobar el PP, más de una cuarta parte de las viviendas se ha asignado a personas directamente relacionadas con el PSC. Además de la diputada autonómica, que percibe un sueldo mensual de unos 4.000 euros, figuran, según Juan Carlos del Río, “ex altos cargos del Ayuntamiento de Cunit (Tarragona), familiares directos y amigos de miembros de la Ejecutiva socialista de L’Hospitalet”. Algunos de los beneficiarios de los pisos vendieron su vivienda anterior o la cedieron a familiares para poder acceder a un piso de protección oficial.

El caso más llamativo es el de un destacado dirigente socialista de L’Hospitalet que vendió su casa en junio de 2003 y el 11 de mayo de 2004 obtuvo uno de los pisos de promoción pública. Otro destacado militante del PSC también se benefició de una de estas viviendas mediante el ardid de poner a nombre de su hija la que ya tenía en propiedad.

Para tener derecho a un piso de protección oficial no se puede ser titular de otra vivienda protegida en cualquier lugar de España, ni ser propietario de una vivienda libre ubicada en la misma o distinta localidad en la que se sitúa el piso protegido, salvo que su valor, de acuerdo con el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, no exceda del 40% del precio de venta de la vivienda de oferta pública, o del 60% en el caso de familias numerosas; y cuando se trate de personas mayores de 65 años, con discapacidad o víctimas de la violencia de género o del terrorismo.
Cambio legal

No obstante, esto podría cambiar. La Generalitat actual, gobernada por CiU, quiere cambiar el sistema de sorteo. Otro cambio legal que prevé el Ejecutivo regional en este ámbito es que los propietarios de viviendas de protección oficial puedan adquirir una segunda residencia, una posibilidad que la ley actual no permite. El Gobierno catalán que preside Artur Mas quiere, además, rebajar el límite máximo de calificación desde los 90 años actuales hasta los 30. Pero también suprimir la vinculación de calificación de la vivienda a la del suelo.

CiU quiere eliminar los sorteos

El Gobierno de CiU pretende que sean los promotores, y no los ayuntamientos, los que gestionen el registro de solicitantes de viviendas de protección oficial (HPO), el mecanismo utilizado para adjudicar los pisos sociales. Así, los promotores se harían cargo de las listas de espera para acceder a los pisos y no habría sorteos. El Departamento de Territorio y Sostenibilidad dará a conocer este y otros cambios legales las próximas semanas y lo ha notificado a la Asociación de Promotores y Constructores.