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Multas de hasta 600.000 euros para escraches y concentraciones no autorizadas frente al Congreso


Insultar a un policía o dañar el mobiliario urbano supondrá hasta 30.000 euros
Prostitutas y clientes serán castigados si negocian en sitios con niños

Cospedal equipara los escraches con prácticas totalitarias
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Los escraches a instituciones se considerarán infracciones administrativas y serán sancionados

Las concentraciones no autorizadas frente al Congreso de los Diputados supondrán multas de hasta 600.000 euros, e insultar a un policía conllevará una sanción de hasta 30.000, según el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que maneja el Ministerio del Interior.

Alterar el orden público encapuchado o los escraches serán también actos multados por la ley, que incluye la posibilidad de que las fuerzas de seguridad establezcan "zonas de seguridad" cuando sea indispensable para mantener o restablecer el orden público.

Del mismo modo, prostitutas y clientes serán castigados si negocian servicios en parques, arcenes u otros lugares donde haya presencia de niños o donde se ponga en peligro la seguridad vial.

Veintiún años después de la llamada "ley Corcuera" de 1992, polémica por la conocida como "la patada en la puerta" que el Tribunal Constitucional tumbó, el Gobierno de Mariano Rajoy prepara un nueva Ley de Seguridad Ciudadana, cuyo anteproyecto verá previsiblemente el Consejo de Ministros el próximo viernes.

Un texto redactado en paralelo a la reforma del Código Penal y que pretende compensar la eliminación de la mayoría de las infracciones penales tipificadas como faltas, que con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana pasarían a considerarse infracciones administrativas de carácter muy grave, grave o leve.
Llenar el limbo jurídico

Según fuentes del Ministerio del Interior, no se trata de sancionar más sino de reducir el margen de discrecionalidad a la hora de reprochar o castigar una conducta ilícita.

Actos como los escraches (concentración a las puertas del domicilio o trabajo de un político) serán tipificados por primera vez, de manera que se llena el limbo jurídico de actos "nuevos" o de aquellos que dejará fuera el nuevo Código Penal.

Este asunto fue objeto de polémica en abril pasado, cuando se produjo una oleada de escraches contra domicilios de cargos públicos y miembros del PP.

El texto que ha diseñado el departamento que dirige Jorge Fernández Díaz tendrá que pasar el primer filtro de la comisión de subsecretarios, analizarse en el Consejo de Ministros, someterse al dictamen del Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial, volver a la mesa de Moncloa y debatirse, como ley orgánica, en las Cortes.

La nueva ley, que tendrá 55 artículos frente a los 39 de la todavía vigente, define la seguridad ciudadana y establece la obligatoria colaboración de la seguridad privada o de los detectives.

Además, regula las diligencias de cacheo e identificación siguiendo las recomendaciones de la defensora del pueblo para que estas no se practiquen por razón de raza.

También abre la posibilidad de que los agentes puedan llevarse el DNI de la persona a la que quieran identificar para comprobar si el documento es falso. Hasta ahora, con mostrarlo era suficiente, lo que ha sido aprovechado por algunos para eludir un mayor control al alegar que el DNI es personal e intransferible.
Los padres se harán cargo de las multas de sus hijos

Además, los padres deberán hacerse cargo de la sanción económica por los daños que causen sus hijos en acciones violentas.

Según el borrador que maneja el Ministerio, cuando un menor cause daños por perturbación del orden público en el mobiliario urbano o cometa cualquier infracción multada en la futura ley, serán sus padres los que tengan que asumir esa sanción económica.

Infracciones y multas

La propuesta inicial de Interior incluye, entre otros supuestos, las siguientes infracciones muy graves y graves:

INFRACCIONES MUY GRAVES: Multadas con entre 30.001 a 600.000 euros.

- La grabación y difusión de imágenes de agentes de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de su trabajo que atenten contra el derecho a su honor o su imagen y que puedan poner en peligro su seguridad o la de la intervención policial correspondiente.
- La perturbación grave del orden en actos públicos, religiosos, deportivos o espectáculos de otro tipo.
- Las concentraciones no comunicadas ante instituciones del Estado como el Congreso, el Senado, los parlamentos autonómicos o los altos tribunales, aunque en ese momento no tengan actividad.
- Las protestas no comunicadas o prohibidas ante infraestructuras críticas, como centrales nucleares o pistas de aeropuerto.
- Los escraches o actos de acoso a cargos públicos. La ley contemplará que la Policía pueda establecer un perímetro de seguridad que no deben sobrepasar los concentrados.
- Deslumbrar con dispositivos tipo láser a conductores de tren, metro o pilotos.


INFRACCIONES GRAVES: Multadas con entre 1.001 a 30.000 euros

- Alterar el orden público encapuchado o con cualquier elemento que dificulte la identificación.
- Amenazar, coaccionar, vejar e injuriar a los agentes de las fuerzas de seguridad cuando estén velando por el mantenimiento del orden público, por ejemplo en manifestaciones u otro tipo de protestas.
- El ofrecimiento, la solicitud, la negociación y la aceptación de los servicios de prostitución en las proximidades de zonas infantiles, como parques o colegios, o en lugares donde se ponga en peligro la seguridad vial, como los arcenes. Lo que significa que podrán ser sancionados tanto los clientes como quien ejerza la prostitución.
Interior deja claro que la prostitución como tal no se sanciona y que se multará en esos supuestos por la vulnerabilidad del lugar.
- La tenencia ilícita, el transporte, el abandono de la droga o de los útiles para su preparación, así como plantar y cultivar estupefacientes como la marihuana aunque no sea para traficar.
- El botellón cuando perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana y cuando no esté autorizado por la administración correspondiente.
- La conducción de cundas o taxi de las drogas que trasladan a drogadictos a los lugares de compra de estupefacientes.
- Los daños a mobiliario urbano como marquesinas, papeleras o contenedores, así como los actos vandálicos a servicios públicos.
- Obstaculizar la vía pública con neumáticos u otros enseres que impidan la normal circulación de vehículos y personas.
- Escalar como acción de protesta edificios públicos o precipitarse desde los mismos.




P.D. Estas normas son para "algunos",una represion por que no pueden PROTESTAR, esto es para mear y no echar gota, en este mundo de Dios tiene que haber de todo Riendote Riendote Riendote Riendote Riendote