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https://olitica.elpais.com/politica/2012/01/06/actualidad/1325872016_292972.html

La tarta de los ERE fraudulentos de Andalucía tuvo muchos comensales. La gran porción fue para los miles de trabajadores prejubilados, pero cada vez que se tramitaba un ERE pagado con el fondo público para empresas en crisis dotado con 647 millones, pequeñas porciones en forma de jugosos dividendos recalaban en bocas ajenas. Los golosos fueron las aseguradoras, consultoras, bufetes, sindicatos, intermediarios y empresas, cuyo empacho a costa de las arcas públicas fue colosal. Solo el hecho de que cobraron sus comisiones a lo largo de 10 años mitigó la indigestión y sobre todo hizo que no saltaran las alarmas del escándalo.

La juez del caso, Mercedes Alaya, ya ordenó a la Guardia Civil que detallara las comisiones y su posible ilegalidad entre las montañas ingentes de documentación que maneja. “Que investigue el conocimiento de las ilícitas prestaciones otorgadas por la Junta”, subrayó la magistrada sobre el supuesto enriquecimiento a costa de las arcas públicas.

Porque a los 647 millones presupuestados hay que sumarle el dinero gastado gracias al crédito de las aseguradoras, cantidad que ahora la Junta de Andalucía debe afrontar y que algunas fuentes elevan a 300 millones. Todo un quebradero de cabeza para la Consejería de Empleo. ¿Qué parte del dinero del fondo se destinó a estas elevadas comisiones y a subvencionar a empresas sin actividad económica u otras que presentaban beneficios?

De un total de 584 expedientes con ayudas públicas, 121 correspondieron a subvenciones directas a empresas, Ayuntamientos, fundaciones y asociaciones, que recibieron 65 millones según la agencia IDEA (pagadora de las ayudas).

Las comisiones del fondo de los ERE las cobraron a lo largo de 10 años

Sin embargo, los fondos para los ERE subvencionados beneficiaron a empresas que estaban lejos de sufrir crisis alguna y necesitar un capote. ¿Cómo lograron fondos públicos para reestructurar su plantilla? Pues porque el criterio que primaba no era solo el estrictamente económico, y además de la arbitrariedad en la decisión para subvencionar un proyecto u otro, primaban decisiones políticas de apoyar a grandes y pujantes compañías con una clara intervención en el mercado, una política que ya en su día sancionó la Unión Europea.

En el otro extremo, hubo compañías beneficiadas que eran insolventes —lo que infringía la Ley de Contratos de Administraciones Públicas— o mantenían poca o nula actividad económica y cuyos fondos nunca generaron el impulso económico objeto de la ayuda. Lo cierto es que muchas de esas empresas que recibieron subvenciones directas hoy están cerradas.

Al margen de las ayudas directas, la gestión de los ERE, que supuso el grueso del dinero (cerca de 580 millones) generó unas plusvalías a ciertas compañías que vieron en las prejubilaciones el negocio redondo.

Entre las empresas destaca la consultora Vitalia, que gestionó las prejubilaciones de 60 de los 72 intrusos identificados por la Junta en su investigación interna. Vitalia perteneció —actualmente está en proceso de disolución— a un entramado de compañías de seguros que abarca Personal Life, Norton Life, Fortia (disuelta por la Generalitat), Apra Leven y Eurobank. Por esta última la Audiencia Nacional tramita desde 2003 un sumario por estafa de la directiva a los accionistas con 18 imputados, entre los que destacan Eduardo Pascual y María Vaqué

Las subvenciones beneficiaron a empresas que no estaban en crisis

¿Por qué con este complicado historial la Junta acepta que Vitalia ejerza de consultora e introduzca su propia aseguradora? Porque ofrece a Empleo pagar las pólizas a plazos, una ventaja que no ofrecían otras aseguradoras.

Sin embargo, esto supuso una decisión perversa y una huida hacia adelante, ya que el coste de las pólizas se recalculaba con los años y los intereses crecían como la espuma. De ahí que la deuda de la Junta con las aseguradoras sea hoy descomunal.

“Hay una póliza de 2003 que aún no está liquidada. Y al final valdrá más que ninguna”, ejemplifica un abogado que gestionó ERE para Empleo. A Vitalia le sucedió en los ERE voluminosos (Faja Pirítica o Delphi) Uniter, una consultora con mejor fama pero también con altos porcentajes. Las voces que vieron irregular la falta de publicidad al otorgar esas comisiones a través de fondos públicos fueron varias. Incluso desde dentro de la propia consejería. Pero el sistema no se alteró con los años. “De 2003 a 2009 insistimos a la Junta para que se hicieran las ofertas a sobre lacrado. Y la respuesta fue en la próxima, en la próxima y en la próxima. Total, nunca se cambió”, rememora Roberto Carmona, exsecretario general de la federación metalúrgica de Comisiones Obreras.

Los otros comensales de la tarta

Al margen de las consultoras que percibieron ingentes comisiones por gestionar las pólizas de los trabajadores, en el pastel de los ERE participaron bufetes de abogados (encabezados por Garrigues y Estudio Jurídico Villasís). Los letrados facturaron abultadas minutas por las gestiones realizadas para las empresas y las asociaciones de trabajadores, pero que a menudo pagaba la Junta. Si Garrigues dio en la diana con el ERE de Santana, Estudio Jurídico Villasís acertó de pleno con el ERE de la Faja Pirítica. De momento, nadie pone el cascabel al gato y fija la cantidad que estos agentes externos recibieron de la Junta durante una década. Pero no cabe duda de que supera con creces los 10 millones ilegales percibidos por los llamados intrusos.
Junto a los abogados, cuyas facturas también abonaron a veces las consultoras, estas pagaron porcentajes de hasta el 5% a los intermediarios por lograr acuerdos entre la empresa y los sindicatos. Estos últimos también percibieron una pertinente comisión del 1%, al menos en grandes expedientes como Delphi. Era un sistema vicioso porque todos los implicados ganaban dividendos a costa de la Administración. Incluso las empresas solventes, que despedían trabajadores y no asumían los costes de dichos despidos, y a cambio contrataban mano de obra joven y barata.
En manos de la juez está ahora determinar el destino de hasta el último céntimo que no se destinó a las pólizas de los prejubilados. A través de la documentación que debe analizar la Guardia Civil y los interrogatorios a los protagonistas del festín monetario.
Entre los interrogatorios pendientes destaca el de Antonio Albarracín, exdirector comercial de Vitalia, que manejó cifras astronómicas durante 10 años. “Su ventaja era que aplazaba pagos y daba vidilla. Siempre quería vendernos que era muy cercano al PSOE”, relata un sindicalista que pide el anonimato.
Tras unos años en los que logró ser el consultor de

¡Cuánto sabes hija!Quién te lo ha contado mellamandignidad,ah no si sois la misma usuaria,pero para sacar a relucir todas las corrupciones,primero las de dentro,las del PP,lo que pasa es que no ibas a tener papel pa to lo que hay.......

Almaempena, todo se andara yo soy de la opinion que todo lo que huele a podrido hay que desecharlo, y no guardar nada sea del color politico que sea, estaras conmigo que los erers de Andalucia es un escandalo escandaloso, porque fijate es dinero publico dinero del pueblo llanoy es una cantidad considerable para tener encuenta, y yo estoy en la labor de si el pp hay corrupcion pues que salga a la luz y se lleven a quien tenga que llevarse, y si la hay en psoe pues iden de lo mismo , como en la casa real , aqui queremos que los dineros del pueblo sean para el pueblo y trasparencia en todos los partidos y sindicatos, yo no soy del yo y tu mas.

Sólo leo, y si usted lee, sabrá que en España tenemos corrupción desde el año 1982, esta corrupción no se ha creado este año, ni tampoco con la derecha . Pero seguiré recordándo a aquellos que no quieren recordar, porque "si no se habla, no se recuerda y por tanto no se sabe" pues bien primer caso de corrupción:
1982-1996
Caso Flick
Financiación alemana del PSOE
El llamado Caso Flick fue una gran trama de corrupción orquestada por el empresario alemán Friedrich Karl Flick, que sobornó a políticos de todos los partidos políticos representados en el Bundestag, y a cambio recibió cuantiosos beneficios fiscales.

El caso se extendió a España, ya que Fundación Friedrich Ebert, próxima al SPD, destinó donaciones de Flick por valor 1.000.000 de marcos alemanes para financiar al PSOE.

El diputado socialdemócrata Peter Struck declaró en la prensa alemana (1984) que otro diputado del mismo partido, Hans Juergen Wischnewski, habría entregado un millón de marcos de la trama de corrupción al mismísimo Felipe González, lo que provocó una célebre frase del entonces presidente del Gobierno español: "No he recibido ni un duro, ni una peseta, ni de Flick ni de Flock".
La implicados admitieron los hechos en la comisión de investigación, pero indicó que se produjeron un año antes de que se prohibiera a los partidos españoles recibir donaciones extranjeras. Finalmente, el Congreso de los Diputados absolvió a Felipe González con 263 votos a favor, aprobando las conclusiones elaboradas por la comisión acerca de la inexistencia de pruebas y la falsedad de las declaraciones.

El peor terrorismo de Estado de la historia de la democracia:
Terrorismo de Estado: GAL
Agrupaciones armadas parapoliciales practicaron lo que se denominó terrorismo de Estado o "guerra sucia" contra el grupo terrorista ETA y su entorno durante el gobierno de González. Creados y dirigidos por altos funcionarios del Ministerio del Interior de España, los grupos armados de liberación (GAL) estuvieron activos de 1983 a 1987 siendo responsables de 23 asesinatos, incluyendo a víctimas sin relación con el terrorismo.

Vamos por el año 1983 a 1987:

Caso Lasa y Zabala
Se conoce con ese nombre al secuestro y asesinato de José Antonio Lasa Arostegui y de José Ignacio Zabala Artano en 1983. Fue uno de los casos más conocidos de la denominada "guerra sucia" contra ETA. Después de un largo y complicado juicio, el juez dictó sentencia condenatoria contra el general Enrique Rodríguez Galindo, el ex gobernador civil de Guipúzcoa Julián Elgorriaga y el teniente coronel de la Guardia Civil Ángel Vaquero, declarándose la responsabilidad civil subsidiaria del Estado para el pago de las indemnizaciones.

Año 1987-1983. Felipe González dijo la misma frase que José Blanco: "Ni hay pruebas ni las habrá"<.
Fondos Reservados
Fue un escándalo político importante, pues se juzgó a siete ex altos cargos del Ministerio del Interior en la época del gobierno socialista de Felipe González por el uso irregular de los fondos reservados que entre los años 1987 y 1993, el Gobierno destinaba a la lucha antiterrorista y contra el narcotráfico. Durante el juicio quedó probado que el dinero sustraído, unos 5 millones de euros, fue utilizado para uso privado, pago de sobresueldos y gratificaciones a funcionarios y altos cargos de Interior y, en algunos casos, en enriquecimiento personal. Los ex ministros José Barrionuevo y José Luis Corcuera fueron absueltos de todos los cargos. Rafael Vera Fernández-Huidobro (ex secretario de Estado de Seguridad) fue condenado a siete años de prisión como autor de un delito continuado de malversación de caudales públicos. José María Rodríguez Colorado (ex director general de la Policía) fue condenado a seis años de prisión por el mismo delito. Julián Sancristóbal (ex director de la Seguridad del Estado) fue condenado a cuatro años de prisión como autor de un delito continuado de malversación de caudales públicos pero con la concurrencia de la circunstancia atenuante apreciada. La investigación del juez Baltasar Garzón sobre los fondos reservados había sido impedida desde la etapa de José Barrionuevo como Ministro de Interior, época en que Felipe González, presidente del gobierno, declaraba: «Ni hay pruebas ni las habrá». Sin embargo, frente a la negativa de Interior, Garzón obtuvo el apoyo que solicitó del Consejo General del Poder Judicial.

1993:
Caso Roldán
Fue desvelado en noviembre de 1993, provocando la destitución de Luis Roldán, director general de la Guardia Civil, y que estuvo al frente de la Benemérita durante el gobierno de Felipe González entre octubre de 1986 y diciembre de 1993. Luis Roldán aprovechó su cargo para enriquecerse ilícita y delictivamente mediante el cobro de comisiones de obras, de estafas a los constructores y mediante la malversación de los fondos reservados del Ministerio del Interior. Roldán también recibió, a partir de 1990, sobresueldos de 30.000 euros al mes a cargo a los fondos reservados y por parte de Rafael Vera, secretario de Estado para la Seguridad. Esa cantidad fue elevada a 60.000 euros desde 1991 y hasta su destitución.
Luis Roldán fue condenado en febrero de 1998 por la Audiencia Provincial de Madrid a 28 años de cárcel por los delitos de malversación de fondos públicos, cohecho, estafa y fraude fiscal. Roldán reconoció durante el juicio que se había llevado irregularmente más de 2,614.403 euros de los fondos reservados y casi 11 millones de euros en comisiones. La sentencia fue ampliada por el Tribunal Supremo en 1999 hasta los 31 años, imponiéndole además una multa de 9.616.194 euros y una indemnización al estado de 3.479.259 euros. Junto a Roldán fueron condenados su esposa Blanca Rodríguez-Porto y su testaferro Jorge Esparza Martín y absueltos por prescripción Elisa Rodríguez López (ex compañera sentimental de Roldán), Agustín Blázquez, José Herminio Lastra y Jorge Prieto Pardina. Jorge Esparza fue la persona que ayudó a Luis Roldán a ocultar los más de nueve millones de euros. La sentencia rechazaba el argumento de que el dinero que guardaba Roldán en sus cuentas suizas eran fondos destinados al PSOE.20

El Caso Juan Guerra en El País

A finales de 1989, Juan Guerra, hermano del entonces vicepresidente del Gobierno español, Alfonso Guerra, fue contratado por el PSOE para trabajar en un despacho oficial de la Delegación del Gobierno en Andalucía en calidad de asistente de su hermano. El despacho era utilizado para actividades diferentes a las asignadas, lo que le valió a Juan Guerra ser acusado y juzgado por los delitos de cohecho, fraude fiscal, tráfico de influencias, prevaricación, malversación de fondos y usurpación de funciones.
Juan Guerra había cambiado el paro de 28.023 pesetas, que cobraba cuando su hermano era el látigo de la oposición, en 1980, por suculentos beneficios, chalés y lujosos coches. En muy poco tiempo, el “hermanísimo” pasó de operario en la fábrica sevillana de Santa Bárbara y de vendedor de enciclopedias junto al comunista José María Torres Zapico, a mandar más que el propio delegado del Gobierno, gracias a los buenos oficios de su hermano Alfonso, que hizo realidad en su propia familia las promesas de redimir al proletariado, ya que su otro hermano, Adolfo -el famoso de los langostinos del Sena-, ya era director de Mercasevilla y se distinguía por la liberalidad con la que utilizaba la "visa oro", mientras Antonio, "el patillas", recorría España abriendo gasolineras o comprando solares con la tarjeta de presentación de "hermano de Alfonso".

El caso Juan Guerra, oficialmente modesto empleado del PSOE con un sueldo de 129.370 pesetas líquidas mensuales, saltó a la luz pública por mediación de su ex mujer Ángeles López Rubio, ya fallecida, quien harta de las palizas de su marido (así consta en la denuncia que formuló contra él en comisaría) inició una peregrinación con la documentación que comprometía a su marido hasta que la información acabó en manos del líder popular Manuel Fraga.
SENTENCIA: Finalmente, en 1995, Juan Guerra solo fue condenado por un delito fiscal. El y su socio Juan José Arenas fueron condenados a dos penas de un año de cárcel por un fraude fiscal de 253.627 euros cometido durante los años 1988 y 1989 en su empresa Corral de la Parra, en un caso sentenciado definitivamente por el Tribunal Constitucional en abril de 2001. Además de la devolución de estos 253.627 euros (42,2 millones de pesetas), ambos fueron condenados a pagar dos multas de 150.200 y 210.000 euros (25 y 35 millones de pesetas).
GRADO DE CUMPLIMIENTO: Hoy, todavía, se sigue intentando recuperar parte de este dinero defraudado. Así, en marzo de 2004, el Juzgado de lo Penal número 4 de Sevilla ordenaba subastar dos pisos y un Mercedes propiedad de Juan Guerra para devolver a la Agencia Tributaria la cantidad antes citada. Fuentes judiciales afirman que este procedimiento se debió a que Juan Guerra se declaró en su día insolvente y “al haber resultado infructuosos todos los intentos de cobrar por otras vías”. El juzgado decidió subastar estos bienes embargados, consistentes en un piso con plaza de garaje y otra finca urbana en Sevilla, valorados, respectivamente, en 120.200 y 144.200 euros, así como un coche Mercedes sin tasar. Los fondos procedentes de este embargo se destinarán en primer lugar a saldar la cuenta con Hacienda, luego las costas del proceso y finalmente la multa, si se pudiera. Por su parte, el socio de Juan Guerra, Juan José Arenas, ya ha abonado la totalidad de su deuda. Solo le queda algún fleco pendiente en la tasación de las costas del proceso, según las fuentes judiciales consultadas. En cuanto a las dos penas de un año de cárcel cada una, el juzgado concedió a Juan Guerra en julio de 2002 la suspensión de la condena dado que carece de otras penas privativas de libertad y sólo fue condenado a seis años de inhabilitación en uno de los cinco juicios celebrados contra él, en la denominada Trama Fridex sobre la recalificación de unos terrenos en Alcalá de Guadaira (Sevilla). El hermano del dirigente socialista Alfonso Guerra, que vive recluido en la localidad costera de Conil de la Frontera (Cádiz), fue absuelto en otros cuatro sumarios referentes al uso de un despacho oficial en la Delegación del Gobierno; el de Fracosur sobre la compra de unas fincas; el de Comasa, referente al proyecto para construir un hotel en vísperas de la Expo 92 de Sevilla, y el de Litomed, sobre el desvío de enfermos renales de la sanidad pública a una clínica privada.

Caso Francisco Paesa
Francisco Paesa, era un ex agente del Ministerio del Interior en la etapa del gobierno socialista de Felipe González. Fue investigado por orden del tribunal por un presunto delito de encubrimiento al haberse acreditado que ayudó a Roldán a ocultar 10.818.218 euros en Suiza. El fallo de la sentencia destaca que Roldán mintió al asegurar que había devuelto esa cantidad. Añade que el dinero fue transferido en 1998 por Beatriz García Paesa, sobrina de Francisco Paesa, desde el Aresbank de Madrid a un banco de Singapur tras la fuga de Luis Roldán, perdiéndose la pista a partir de entonces mediante ingresos físicos en diferentes bancos del país asiático. Posteriormente Paesa entregó al prófugo Luis Roldán al entonces ministro de Interior, el socialista Juan Alberto Belloch, por 1.800.000 euros y después fingió su muerte e incineración en Bangkok (Tailandia) en julio de 1998. Sin embargo reapareció en junio de 2002 para comprar con un pasaporte ficticio y la ayuda de su sobrina, su chalé en la localidad madrileña de Las Rozas. Actualmente se encuentra en paradero desconocido.

Caso Filesa
Fue un caso de corrupción consistente en la creación de una trama de empresas (Filesa, Malesa y Time-Export) cuyo fin era la financiación ilegal del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), para hacer frente a los gastos originados por las campañas electorales del año 1989, hechos todos ellos establecidos como probados por la Judicatura. José María Sala i Griso, senador socialista, fue condenado por un delito de falsedad en documento mercantil y por un delito asociación ilícita. La condena por falsedad en documento mercantil fue anulada por el Tribunal Constitucional. El diputado socialista Carlos Navarro y los responsables de Filesa, Luis Oliveró y Alberto Flores, fueron condenados por el Tribunal Supremo. El 1 de diciembre de 2000 el Gobierno de José María Aznar les concedió el indulto parcial, de tal forma que se redujeron a la mitad sus condenas. Este indulto se extendía a un total de 1.443 condenados y era el de mayor peso político concedido por un Gobierno desde la Transición. Otros acusados condenados fueron Aída Álvarez (ex coordinadora de finanzas del PSOE), su marido Miguel Molledo y los empresarios Juan Antonio Molina y Eugenio Marín, quienes tuvieron que indemnizar a los accionistas de la hoy llamada Iveco-Pegaso y de Cepsa, por resultar en su día perjudicados.

Y así suma y sigue. La corrupción está desde entonces, da igual qué color político tenga, si es de parte de miembros del PP, que los juzguen y si es por parte de miembros del PSOE, también que los juzguen. Y después tenemos esos casos en lugares más pequeños como son nuestros pueblos, que ahí la corrupción, en muchos de ellos son el medio de vida de algunos políticos. Todos los conocemos, alcaldes y concejales que se han tirado decenas de años gobernando y que hoy tienen sus patrimonios inflados, aunque quieran demostrar que no, sólo hay que ir a los registros de propiedad para saber sus propiedades y las de su familia. No tapemos la corrupción de unos con la denuncia de los otros. Si realmente todo esto nos preocupa, hagamos el ejercicio de responsabilidad de denunciar a los responsables, a los que pagaron por callar, a los que compraron el voto por promesas, a los que daban trabajo femenino a cambio de "favores", a los que acosaban si no les votaban, a los que asustaban a los pensionistas para que les votara, a los que clandestinamente en esquinas y mentideros cambiaban las papeletas y asegurarse que las suyas iban a las urnas y así se aseguraban el "sillón", etc. denunciemos todos al mismo tiempo, yo ya lo hice en su tiempo y seguiré haciéndolo hasta el final. Hay alguien más coherente por ahí?

Bueno despues de todo esto ,mas alguna otra cosilla que seguro no se ha enterado ni Dios,sigo con mis mismas ideas,el ladron sea del partido que sea,de la casa que sea,del banco que sea o de donde sea, tiene que pagar de alguna forma todo este patrimonio que nos pertenece al pueblo llano os imagináis que todos estos devolvieran el dinero que no es suyo?donde estaria la crisis?toda la apatia hacia las leyes o el descredito de bancos,politicos y representantes de España estaria resuelto,y digo yo,sin animo de ofender,si vosotros teneis esta informacion es que ha salido publicada en algun sitio con lo cual otras cabezas pensantes y con poder de solucionarlo tambien lo sabe,por que no actuan?.Que yo no quiero entrar en pp o psoe,que quiero que haya transparencia,honradez que los ciudadanos de a pie podamos creer en algo mas que no sea en nosotros mismos.

Imagino que cualquiera que tuviera pruebas feacientes de cualquier corrupcion, visitaria el juzgado o algun periodico como el Mundo por ejemplo, pero eso si hacen falta las pruebas, todos o muchos en el pueblo dejamos correr la imaginacion y claro aqui nos conocemos todos sabemos de nuestras familias el antes y el ahora, y la verdad creo que habria mucho paño para recortar.

Sevillano.-.1, entiendo que cualquier ciudadano que tenga las pruebas fidedignas de que alguien o alguna empresa o institución ha cometido algún tipo de corrupción, el sitio para su denuncia es el Juzgado, porque es el único que tiene la obligación de juzgar, mandar a investigar y dar resolución a ello, a los periódicos sólo van aquellos que NO les interesa la verdad y lo único que quieren es hacer "ruido", desplegar cortinas de humo y salpicar de sospechas y dudas para conseguir un beneficio, que por norma general es económico.

Urge, los hombres de negro, que comiencen ya con la investigacion de las cuentas, de partidos politicos hasta nivel de pueblo, y de los sindicatos y todo aquel que reciba subvenciones de dinero publico, yo quiero saber si mis impuestos son bien administrados y no sirven para el enriquecimiento ilegalmente de algunas personas, tambien deberian de quitar la subvencion a partidos politicos y sindicatos con poner una casilla en la declaracion de la renta al igual a la ya existente para la iglesia catolica, asi cada cual pondria a donde quiere que vaya su ganito de arena, nose porque yo tengo que pagar a sindicatos, que ni me van ni me vienen, cuando yo ya pago el mio que no recibe subvenciones.