Purchena - Almeria

Este gobierno, (y el anterior también), está obsesionado en cuadrar las cuentas via recortes. Se recorta en Sanidad, se recorta en Educación y se recorta en Dependencia, pero no se intenta cuadrar esas cuentas por la vía de la recaudación. Más de 70.000 millones de euros se nos escapan cada año por las cloacas del fraude fiscal. Una lucha sin cuartel contra esta delictiva práctica (tan extendida en nuestro país), nos permitiría recuperar muchos millones de euros. Obligar a la Iglesia, tal como se está haciendo en Italia, a que pague el Impuesto sobre sus Bienes Inmuebles (IBI), aportaría 2.800 millones adiccionales a las arcas del Estado; recuperando de forma obligatoria el impuesto sobre el patrimonio, se conseguirían casi 2.000 millones más. Si a todo esto le añadimos una reforma fiscal eficaz y progresiva que consiga que tributen más los que más tienen, obtendríamos suficientes recursos para no tener que recortar en servicios básicos y esenciales.

El fraude fiscal en España es enorme y se concentra en las grandes fortunas, en las grandes
empresas que facturan más de 150 millones de euros al año y en la banca (responsables del
72% de todo el fraude fiscal) y que supera los 80.000 millones de euros. El problema no es que
España no tenga fondos. Lo que ocurre es que el Estado no los recoge, y por lo tanto no
puede crear empleo. Ahí está el problema silenciado en los mayores medios de difusión.