Pechina - Almeria

A QUE PARECE QUE HABLARA DEL P P QUE MALO ES QUE SE PUEDAN GUARDAR ESTOS TEMAS.

Y después de decir todo esto tener que tragárselo con patatas,ya estaría yo como mínimo en Australia.

EN ESTE VÍDEO SE BATEN TODOS LOS RÉCORD DE CARA DURA AL IGUAL QUE EN PECHINA

El Estado pagará una indemnización de 40 millones a una empresa de la que el Ministro de Defensa era consejero
Por Javier Fonseca
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Instalaza, que fabrica entre otros componentes bombas de racimo demandó al Estado estando el PSOE en el gobierno por suscribir un convenio por el que España se comprometía a dejar de usar esas bombas, prohibidas en varias resoluciones de Naciones Unidas. Morenés fue el representante de Instalaza hasta dos semanas antes de las elecciones generales.

Javier Fonseca. 08.04.12. Pedro Morenés, Ministro de Defensa, fue consejero de la empresa de armamento bélico Instalaza entre 2005 y 2007. Después ocupó el puesto de representante hasta el 4 de octubre de 2011 según recoge el Boletín Oficial del Registro Mercantil. Sólo dos semanas antes de las elecciones.

La empresa de armamento de guerra Instalaza fabricaba (entre otras) bombas de racimo, una de las últimas partidas se le vendió, por ejemplo, al gobierno de Gadafi. Los dueños de la empresa decidieron demandar al Estado en mayo del año pasado (estando el PSOE en el gobierno) por aprobar una ley en 2008 en base al Tratado de Dublín contra las bombas de racimo. Alegaban que esta prohibición les haría perder dinero. Es decir, una empresa de armamento pide una indemnización al estado porque ha prohibido el uso de bombas que ya habían sido vetadas por la ONU por su peligro.

Diario El Aguijón ha sabido que Instalaza venderá la deuda a una tercera empresa que a su vez la revenderá y finalmente el Gobierno pagará alegando que no es una empresa de armas la que cobra. El dinero con el que se saldará la indemnización saldrá del erario público.

Las bombas de racimo han sido prohibidas por diversos convenios internacionales por las consecuencias que provocan y que han causado la mutilación de miles de niños: las sub-municiones esparcidas por las bombas (de la hasta hace 5 meses fábrica de Pedro Morenés) tienen un rango de fallo de entre el 5% y el 30% por lo que pueden quedar bombas enterradas sin explotar siendo peligrosas tiempo después de terminada la guerra, tal que las minas antipersonas. Son especialmente peligrosas para los niños por sus formas llamativas, como "pelotitas de tenis o latas de refrescos".

Las preguntas que se suceden tras esta indemnización astronómica sobre todo si se tiene en cuenta que Instalaza incumplía una resolución sobre estas armas que estaban prohibidas por la ONU, lo que hace que sea muy dudosa la moralidad e incluso legalidad de esta demanda de indemnización.

La "carrera" de Pedro Morenés siempre ha estado ligada al negocio del armamento militar. Además de ser representante de Instalaza, ha sido presidente ejecutivo en España de MBDA (uno de los mayores fabricantes de misiles del mundo); presidente de Segur Ibérica, una empresa de seguridad privada con varios contratos con el Ministerio de Defensa; presidente de Kuitber, una consultora de defensa; consejero de Aritex, una constructora de diseño industrial con contratos militares. Morenés ingresó en la política de la mano de José María Aznar como Secretario de Estado de Defensa y Seguridad. Tanto antes de ese cargo como después, siempre estuvo involucrado directamente con la industria armamentística, algo que sus críticos señalan que si no es ilegal, al menos es inmoral, y no muy presentable.