Pechina - Almeria

Comentarios sobre la contrarreforma laboral del PP

Hoy el BOE publica el mayor ataque jamás conocido en democracia contra los derechos de los trabajadores.

Desde su nacimiento, el derecho laboral se ha caracterizado por su carácter tuitivo, protector del trabajador, sujeto desigual en la relación entre patrón y obrero. Y para dignificar sus condiciones laborales nacieron las disposiciones sobre trabajo de menores, sobre jornada, sobre protección social, y poco a poco, con mucho esfuerzo y, también hay que decirlo, con mucho derramamiento de sangre, se consiguió el derecho laboral hoy vigente.

Un derecho laboral, el español, en el que ese equilibrio entre quien tiene solo la fuerza de su trabajo frente al que pone los medios de producción y obtiene el beneficio, se obtenía imponiendo límites a la libertad del empresario a la hora de fijar las condiciones laborales, o exigiendo la acreditación de alguna causa para poder extinguir la relación.

Sin embargo, todo lo que creíamos conocer o saber, los límites que creíamos inalcanzables por el apetito reformador neoconservador, los logros alcanzados en tantos años de lucha sindical han saltado por los aires.

No se trata simplemente de la cuantía de la indemnización por despido en los contratos indefinidos. Podemos discutir eternamente sobre cuál es la cuantía que debe costarle a un empresario el despido de su trabajador y es muy probable que, respetando ciertos márgenes que tienen que ver más con la dignidad del trabajo y del trabajador que con el beneficio empresarial, todas las cifras que se den sean válidas.

No, no es ese el debate que suscita este Real Decreto Ley. Es el retroceso en los derechos básicos de los trabajadores. Es que abre de par en par, la puerta a la libre decisión y disposición del empresario, tanto en el momento de la contratación, como durante la vigencia de la relación laboral. Pero también al extinguirla.

Antes de que se inicie la relación laboral, o en el momento en el que ésta va a comenzar, la nueva normativa le ofrece al empresario la posibilidad de recurrir para contratar a un menor de 30 años, al contrato de aprendizaje y formación con las novedades de una duración máxima de 3 años, un salario que en el mejor de los casos no superaría el 85% del Salario Mínimo Interprofesional congelado, con posibilidad de realizar la formación en la propia empresa y, hasta ahora inédito, posibilidad de seguir contratado en la misma empresa con otro contrato de igual tipo. Convertimos a los jóvenes sin formación en eternos aprendices precarios.

Pero el Real Decreto Ley aprobado va más allá, y por primera vez en nuestra legislación democrática crea un contrato de trabajo, incentivado fiscalmente y con deducciones en materia de Seguridad Social que pueden alcanzar hasta el 100%, contrato en el que es posible el despido libre y gratuito, sin alegar causa y sin indemnizar, durante su primer año de vigencia.

El nuevo contrato de apoyo a los emprendedores expresamente establece una duración mínima de 3 años, la exigida para poder aplicarse las bonificaciones, así como un periodo de prueba de un año. Durante el periodo de prueba, cualquiera de las partes puede rescindir la relación laboral sin derecho a reclamación alguna por la contraparte. En nuestro ordenamiento, la regla general era un periodo de prueba máximo de 6 meses exclusivamente para puestos de trabajo que exigieran una titulación universitaria de grado medio o superior para su realización, como había interpretado la jurisprudencia el artículo 14.1 del Estatuto de los Trabajadores, si bien en los demás casos la duración de este periodo de prueba no excedía de 2 meses, 3 si se trataba de una pequeña empresa. La nueva regulación supera, incluso, los 9 meses previstos en la relación laboral especial del personal de Alta Dirección.

Ahora el empresario, o siguiendo la nueva terminología, el emprendedor podrá contratar y expulsar a un trabajador durante ese primer año, sin derecho a indemnización ninguna. Si se hubiese tratado de un contrato temporal, al menos a su finalización el trabajador tendría derecho a una indemnización, escasa eso sí, de 8 días de salario. Pero algo es algo. Con el nuevo contrato de apoyo al emprendedor, no hay nada más que la larga cola del paro.

Durante la relación laboral, nuestra legislación protegía al trabajador frente al poder de dirección del empresario imponiendo límites a su facultad de modular la relación laboral. Otro puente que ha saltado por los aires.

El empresario asume el papel protagonista a la hora de decidir la modificación sustancial de las condiciones de trabajo y del convenio colectivo aplicable en la empresa. Se suprime el control de la Autoridad Laboral, se reduce a la insignificancia el papel de las organizaciones sindicales al primar el sindicato de empresa sobre el de ámbito superior, donde ésta organizaciones tienen más poder de influencia.

Pero la regulación va más allá e incluye por primera vez entre la enumeración legal de lo que se entiende por modificación sustancial de condiciones de trabajo, es decir, la variación de las condiciones que se consideran esenciales en la relación laboral, no solo la forma en que se remunera, sino también el quantum, la cantidad remunerada. Ahora el empresario, con la simple celebración de un periodo de consultas con los representantes de sus trabajadores y una comunicación a la Autoridad Laboral, pero sin necesidad de su autorización, puede modificar la cantidad a percibir por los trabajadores por su esfuerzo y trabajo.

A partir de la nueva regulación, dispone el empresario de una bolsa de horas, de la posibilidad de distribuir a su antojo hasta el 5% de la jornada anual de sus trabajadores. Eso sí, respetando los límites de descanso entre jornadas y semanal fijados legalmente. Acabáramos.

Y al final de la relación laboral, cuando el empresario ha decidido extinguir los contratos de trabajo, la nueva regulación le simplifica la toma de decisiones. Desaparece la autorización administrativa previa para el expediente de regulación de empleo y el papel de la Autoridad Laboral se limita a canalizar la decisión del empresario. La patronal ve así cumplida su gran aspiración histórica.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que hasta ahora cumplía el importante papel de analizar las causas alegadas y emitir informe sobre la concurrencia o no de las mismas, se limitará a partir de la nueva regulación a realizar un informe meramente formal sobre si la comunicación de la decisión empresarial reúne todos los documentos e informaciones exigidos y sobre si se ha llevado a cabo o no el periodo de consultas con los representantes de los trabajadores. Ya tenemos una idea de lo que valora el nuevo Gobierno a los organismos encargados de velar por el cumplimiento de la legislación laboral vigente.

¿Y quiénes podrán acogerse a esta nueva regulación de los despidos colectivos? Las empresas con reducción de ingresos o ventas, también durante nueve meses consecutivos. Difícilmente puedo imaginar, salvo honrosas excepciones que tienen que ver con macroempresas internacionales, empresas españolas que no hayan visto decrecer sus ingresos, no durante los últimos 9 meses, sino incluso durante los últimos dos años. Y continúa de esta manera el círculo vicioso: la presión fiscal unido a la ausencia de inversión pública o privada hace crecer el desempleo. Las personas en paro o los que, conforme a la nueva regulación, tienen justificado miedo a perder su trabajo consumen menos, lo que hace que las empresas vean de nuevo disminuir sus ventas haciendo que puedan recurrir al expediente de regulación de empleo, mandando a más gente al paro y así sucesivamente.

Pero hay más. Decía al comienzo de este artículo que la discusión no estaba en la indemnización por despido. El Real Decreto Ley aún nos guardaba alguna otra sorpresa. Hasta ahora, cualquier trabajador despedido improcedentemente tenía derecho, a elección del empresario, a la readmisión en la empresa o a la indemnización. Y en ambos casos, y salvo que el empresario depositase la indemnización en las 24 horas siguientes, tenía derecho el trabajador a los salarios devengados desde el despido hasta la primera sentencia o resolución que declarase improcedente el despido. Son los conocidos salarios de tramitación que pretenden compensar al trabajador de los ingresos no obtenidos por una causa imputable exclusivamente a su empresario.

Sin embargo, conforme a la nueva regulación el trabajador solamente tendría derecho a esos salarios en el caso de que, declarado improcedente el despido, el empresario optase por la readmisión.

Y no es el debate la generalización de la indemnización de 33 días por año de servicio, porque realmente lo que se ha generalizado con esta norma es una indemnización de 20 días con un tope máximo de una anualidad de salario. Si el empresario decide modificar el horario o la jornada que el trabajador venía desempeñando o la remuneración a percibir mensualmente y éste no está de acuerdo, que extinga el contrato: tendrá derecho a 20 días de salario. Si el empresario considera que sus ingresos o ventas han disminuido durante nueve meses consecutivos pues despido colectivo. E indemnización de 20 días de salario con tope de 12 meses.

Es decir, en el peor de los casos, toda una vida laboral dedicada a una empresa reducida a una anualidad de salario.

Pero no se vayan todavía, aún hay más. El legislador ha decidido que la nueva indemnización de 33 días debe aplicarse también a los contratos indefinidos en vigor antes de la entrada en vigor de la norma. Es decir, aplica unas condiciones laborales más dañinas para el trabajador con carácter retroactivo, pues aunque establece una doble regla de cómputo de la indemnización, 45 días hasta la entrada en vigor, 33 para el periodo trabajado con posterioridad, olvida sin embargo el legislador que el contrato de trabajo indefinido nace con unas condiciones fijadas en el momento de su firma, que no se confirman o ratifican año por año y que solamente les puede afectar aquellas normas que establezcan regulaciones más beneficiosas. Bueno así era hasta hoy.

Como Inspector de Trabajo y Seguridad Social y como progresista no puedo mostrar más rechazo hacia la nueva regulación de las condiciones de trabajo impuesta unilateralmente por la parte más fuerte de la sociedad, el Gobierno, y que beneficia unilateralmente a la parte más fuerte de la relación laboral, el empresario.

Precisamente la desregulación, la barra libre, el liberalismo mal entendido nos han llevado a esta crisis. Nadie en su sano juicio puede creer que también nos vaya a sacar de ella.
SOLO ME QUEDA LA SATISFACION, DE NO HABERLES VOTADO Y A LOS SEÑORES ASALARIADOS QUE VOTARON PP LES ACONSEJO QUE VALLAN PELANDO PATATAS, PORQUE PARA TRAGARSE ESTO HACE FALTA ACOMPAÑARLO CON ALGO.

ya me veo negociando con los jefes cuanto les tengo que pagar en el caso de que decidan despedirme si hay perdidas

y tambien me imagino la reunion para hablar de lso convenios ahora que no sirven para nada, ellos subiendo horas y bajando sueldos y nosotros dando las gracias por poder trabajar y que no les falte de nada

bonito el país de la pandereta compañeros!yo creo que esto no va a terminar bien la verdad,y es una pena...

SIN COMENTARIOS

Esto es lo que tenemos, es lo que habeis votado, y es lo que la gente de izquierdas hemos conseguido con nuestra forma de actuar, con lo que hemos permitido que hagan nuestros dirigentes, y sobre todo con lo que van a seguir haciendo con las decisiones que se están tomando en el seno de la izquierda.
Nos alegramos con la victoria de alguien que lleva 30 años en el poder sin hacer nada, y apoyando decisiones que se han tomado durante estos años en contra del trabajador, y ahora viene diciendo que nos va a salvar porque va a pedir que se revise el concordato con la iglesia, ¿y durante los años que ha estado en el poder qué ha hecho?. Yo os lo digo ahora, aumentar lo que cada año recibia la iglesia en España, mientras que nos subia los impuestos a los trabajadores.
Los sindicatos lo mismo, han permitido desde hace muchos años, que cada vez que se negociaba un convenio, el trabajador fuese perdiendo año a año derechos y han seguido callados y poniendo el cazo, y ahora, se rasgan las vestiduras porque, un partido defensor del capital haga esta reforma, ¿qué esperaban? ¿es que pensaban que estos nos iban a dar más sueldo y más derechos?. Ya somos mayorcitos todos para creer en fantasmas.

DECÁLOGO PARA VOTANTES DEL PP

1. Agricultores que habéis votado al PP: Os quitan la subvención del gas-oil.

2. Pensionistas que habéis votado al PP: Os aumentan la pensión un 1 % y pagáis un 5 % más de IRPF.

3. Funcionarios que habéis votado al PP: Trabajareis más y cobrareis mucho menos.

4. Interinos y personal contratado por la Administración que habéis votado al PP: Os mandan al paro y por mucho tiempo.

5. Dependientes que habéis votado al PP: Se cancelan todas las peticiones de ayuda.

6. Jóvenes que habéis votado al PP: Se suprime las subvenciones por alquiler para vivienda.

7. Ciudadanos en general que habéis votado al PP: Os sube el IBI.

8. Ciudadanos en general que habéis votado al PP: Os sube el IVA.

9. Ciudadanos en general que habéis votado al PP: Os elimina centros asistenciales; llámese, hospitales, ambulatorios, casas de salud.

10. Ciudadanos en general que habéis votado al PP: Os reduce sustancialmente las aportaciones para investigación y desarrollo.


TODOS LOS QUE LOS VOTARON NO SE ESPERABAN ESTO .
LOS QUE NO LOS VOTAMOS ESPERÁBAMOS ESTO Y MAS,LUEGO NOS CABE LA SATISFACION DE QUE POR NOSOTROS NO HA SIDO.

a mi lo que me hace gracia son los comentarios como:
Habeis votado a pito habeis votado a flauto...
Y sois los primeros que apoyais el bipartidismo..
vengaa como dice Jartikoestoy..cogamos una pandereta y vayamonos de fiesta..que el pais lo arreglan los VOCAZAS!

El mejor alcalde de España falsifica un acta para recortar derechos laborales
0 COMENTARIOS ESTADO DE LA NACIÓN
Gabriel Amat, actual presidente del PP provincial, de la diputación de Almería y alcalde en sus ratos libres de Roquetas de Mar, fue calificado por Javier Arenas como "el mejor alcalde de España". Hoy ha sido denunciado por CCOO por falsificar un acta y así justificar el incumplimiento sistemático del convenio laboral de los funcionarios del Ayuntamiento

Bruselas sospecha que el Gobierno español infló los datos de déficit de 2011
Rehn matiza que aun no se conocen los datos oficiales y que, por tanto, no se puede confirmar
La Comisión insta a acelerar la elaboración de los presupuestos de 2012 con un objetivo del 4,4%
CLAUDI PÉREZ / EL PAÍS Bruselas 14 FEB 2012 - 13:07 CET842
Archivado en: Comisión Europea UE Déficit público Organizaciones internacionales Finanzas públicas Relaciones exteriores Finanzas
El comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn, ha asegurado que las sospechas de que España no hace lo suficiente para recortar el déficit y que eso puede provocar sanciones “son pura especulación”. Pero Rehn no ha despejado todas las dudas respecto al hecho de que el Gobierno podría haber hinchado el déficit y estar retrasando la presentación de presupuestos: "A finales del año pasado, el nuevo Gobierno español identificó un desvío significativo en el déficit público, pero al mismo tiempo adoptó acciones rápidas para limitar esta desviación mediante varias medidas fiscales", se ha limitado a señalar.

Rehn ha reiterado en Estrasburgo que espera que el Gobierno español presente las cuentas de 2012 “lo antes posible”, pese a que estos no llegarán hasta finales de marzo, después de las elecciones andaluzas. El Ejecutivo ha ligado la presentación de presupuestos a las previsiones económicas de Bruselas –que llegarán el 23 de febrero-- con la intención de ganar algo de tiempo y con la esperanza de que unas previsiones negativas conlleven una senda de reducción del déficit más suave (España tiene que recortar hasta el 4,4% este año y al 3% en 2013).

Rehn ha echado un jarro de agua fría sobre esas aspiraciones. Ha explicado que España debe presentar los presupuestos basándose en dejar el déficit en ese 4,4% este año. El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, había abierto la puerta a esa posibilidad, que ahora se desvanece, en la última cumbre. Si finalmente eso es así, el Ejecutivo debería poner en marcha un tijeretazo adicional, para recortar unos 40.000 millones de euros este año, lo que abocaría a España a una recesión aún más profunda, y a más paro. El Fondo Monetario Internacional prevé una caída del PIB del 1,7% este año, similar a la del Banco de España (1,5%).

Además, la Comisión Europa ha instado hoy a España a corregir seis desequilibrios macroeconómicos (de los 10 analizados) que considera "excesivos", como el paro, lo que podría desembocar en última instancia en una multa de unos 1.000 millones de euros --muy improbable-- si no se actúa en consecuencia. España suspende en desempleo, deuda pública y deuda privada, cuota de mercado en las exportaciones, posición neta de inversiones y déficit por cuenta corriente.

Estamos esperando a las cifras oficiales, pero no nos creemos los cálculos que se están manejando”
Según informa Reuters citando a tres fuentes oficiales de la UE, a las que no identifica, la Comisión Europea sospecha que el Gobierno de Mariano Rajoy infló las cifras de déficit de 2011 con vistas a mejorar el balance de 2012 y hacer que los objetivos para este año sean más asequibles.

Desde el Gobierno español, fuentes de La Moncloa han negado categóricamente que las afirmaciones que han hecho desde el presidente a varios de sus ministros de que el déficit estará sobre el 8% supongan una manipulación de la realidad. Para la oposición, la sospecha de Bruselas merece una explicación, tal y como ha denunciado el PSOE.

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Moncloa niega categóricamente la información
Ante el supuesto incumplimiento de los planes de estabilidad comprometidos ante Bruselas -hasta finales de marzo no se publican las cifras oficiales-, las fuentes añaden que "es muy posible" que este retraso voluntario conlleve la imposición de sanciones para España. "No es que nos atraiga la idea, pero si hay una desviación, y es evitable, tendremos que hacerlo", ha añadido a Reuters uno de los altos funcionarios de la UE.

El nuevo Gobierno anunció en los primeros días tras tomar el poder que el déficit público iba a cerrar 2011 con un déficit del 8% frente al 6% esperado antes de conocer los datos oficiales de ejecución presupuestaria, responsabilidad de la intervención del Estado. De hecho, en el mismo día, tres ministros llegaron a dar cifras diferentes sobre el desfase presupuestario, que según los analistas y a tenor de lo avanzado por el Ejecutivo estará en torno al 8,3%.

El anterior gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero había comprometido ante la Comisión Europea un déficit del 6%, pero el mayor deterioro económico registrado en la segunda mitad del año -que se saldó con el regreso del PIB a tasas negativas- dio al traste con estos cálculos. La Comisión Europea esperaba un 6,6%.

En este sentido, aunque el Ejecutivo comunitario es consciente de que tanto la caída de ingresos de la Seguridad Social como el mayor gasto en prestaciones de desempleo han desviado al alza el déficit, considera que las cifras que se están manejando de más de un 8%, tal y como llegó a afirmar el presidente, Mariano Rajoy, en sede parlamentaria, son exageradas. “Estamos esperando a las cifras oficiales, pero no nos creemos los cálculos actuales”, señaló una de las fuentes citadas por Reuters.

Otro de los altos funcionarios consultados por esta agencia asegura que Eurostat, la oficina estadísitica europea, publicará una cifra inferior al 8% el 23 de febrero, cuando emitirá un primer avance.

Entre sus primeras decisiones tras llegar a La Moncloa, el Gobierno de Mariano Rajoy adoptó medidas para reducir el déficit en unos 15.000 millones. De ellos, 8.900 millones correspondían a un recorte del gasto público. El resto se calculó en función de la subida de impuestos. De entonces hasta ahora, el Ejecutivo también ha puesto en marcha la reforma financiera para sanear a la banca y, el pasado viernes, la del mercado laboral.

Cualquier sanción por desviación de los objetivos de déficit sobre España -que seguramente sería una multa económica, añade Reuters- será independiente a los informes sobre desequilibrios económicos que hoy tiene previsto presentar la Comisión. Este análisis también dejará en un mal lugar a España por sus niveles de paro, pero sin llegar a imponer sanciones.

Frente a esta actuación contra los desequilibrios, el incumplimiento de los objetivos es motivo de sanción en tanto en cuanto España está bajo un programa de déficit excesivo por superar los límites del 3% del PIB que fija el Pacto de Estabilidad. En esta misma tesitura, de hecho, están 20 de los 27 Estados miembros.

Se puede decir mas alto pero no mas clarooooo. donde quedan los trabajos para la gente que supera los 30 aÑos???, los echan a la calle para meter a los menores por 4 duros??? de pena