Guazamara - Almeria

La Junta reduce los puestos que exigen oposiciones y da rienda suelta a los puestos "digitales"

miércoles, 20 de enero de 2010

Es lo que desprende de sus medidas y decisiones. La Junta ha reducido a la mitad la oferta de empleo en las consejerías, algo que podría tener sentido dada la crisis económica que se sufre, pero no ha puesto trabas ni límites a los empleos creados en las empresas públicas, que son el mayor agujero económico que tiene la Junta de Andalucía. Téngase en cuenta que los puestos públicos exigen pruebas y oposiciones mientras que las contrataciones en las empresas públicas son, según la Cámara de Cuentas, altamente irregulares, es decir, suelen ser a dedo. Según CSI-CSIF ayer se produjo «el mayor escándalo en la gestión de la negociación de empleo público en la Junta de todos los tiempos».

La Consejería de Justicia y Administración Pública justificó la reducción de plazas y advirtió en su comunicado que «estará condicionada por la austeridad de los presupuestos de la comunidad autónoma para el presente ejercicio y de la actual coyuntura socioeconómica», tras lo que agregó que la convocatoria en la que trabaja Justicia está orientada principalmente a puestos que estarán dedicados a la atención de la dependencia. Además, la Consejería informó de que los cuerpos y categorías profesionales se convocarán a partir de las próximas semanas «a fin de ajustarse a los criterios que den una respuesta adecuada a las necesidades de la administración y la ciudadanía».

CSI-CSIF y el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAFJA) criticaron ayer la «drástica» reducción del número de plazas de la oferta pública de empleo de la Junta para 2010 —menos de la mitad de las ofertadas el pasado año—, mientras que en los últimos años no ha dejado de crecer el número de empresas públicas de la administración autonómica y la cifra de trabajadores empleados en ellas. Responsables de ambos sindicatos se refirieron a ello tras la reunión que mantuvieron ayer con el secretario general técnico de Administración Pública, Rafael Cantueso, para abordar la oferta de empleo público de la Junta para 2010. La propuesta, que CSI-CSIF y el Sindicato de Funcionarios no dudan en calificar de «imposición», reduce a la mitad el número de plazas ofertadas respecto al año pasado. Así, se pasa de las 1.165 de 2009, a las 545 previstas para este año. Además, tal como señalaron CSI-CSIF, CC. OO. y UGT, no se va a convocar ninguna plaza para personal laboral.

Según ABC, de esta reducción, según responsables sindicales, tuvieron conocimiento en el transcurso de la reunión mantenida ayer con el secretario general técnico. Este hecho contrasta con el procedimiento seguido años anteriores, en el que los sindicatos recibían la propuesta de puestos y la documentación relativa a ella una semana antes del encuentro con la Junta. De hecho, el vicepresidente de Safja, José Manuel Mateo, afirma que propuso al secretario general técnico durante la reunión que se facilitara a los sindicatos toda la información relativa de la oferta pública de empleo y se fijara otro encuentro dentro de unos días para negociarla. Sin embargo, continúa Mateo, Cantueso se negó a ambos extremos. Según la presidenta regional de sector autonómico de CSI-CSIF, Alicia Martos, el secretario general técnico mostró durante la reunión «una voluntad cero de negociación»De hecho, añade, el responsable de la consejería «dio por concluida la negociación de la oferta de empleo público» tras acabar el encuentro.

Los sindicatos se preguntaron ayer por qué la crisis afecta a las contrataciones que exigen pruebas y oposiciones pero no a las contrataciones de las empresas públicas andaluzasa. Tal como afirma Martos, «hay una necesidad mediática de transmitir que se están llevando a cabo políticas restrictivas» en la función pública, sin embargo, en las empresas públicas, fundaciones y encomiendas de gestión «no hay limitación alguna». Por su parte, Mateo señaló que mientras se han recortado en los últimos años el número de plazas de empleo público, la Junta ha pasado de tener de una veintena a más de ciento cincuenta empresas públicas. Además, denunció un uso de la oferta pública de empleo como «instrumento electoral», ya que el número de plazas convocadas sube en los años de elecciones, como pasó en 2003 y 2007.

Safja anunció que recurrirá ante los tribunales. CSI-CSIF dijo que pedirá el cese del secretario general técnico y del director para la función pública por estas razones y por la «filtración interesada» de la oferta de empleo, que conocían las academias para preparar oposiciones. CC.OO. anuncia movilizaciones, pero sin concretar. UGT, nada.

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