Carboneras - Almeria

Alcaldes bajo sospecha

La operación «Poniente» es el último eslabón de la cadena de corrupción de Andalucía, en la que medio centenar de alcaldes han sido investigados. La mayoría de ellos pertenecen al PSOE.

ABCActualizado Domingo, 25-10-09 a las 08:15

La operación «Poniente» ha puesto al descubierto una trama de corrupción en el almeriense Ayuntamiento de El Ejido, centrada, sobre todo, en el blanqueo de capitales y las irregularidades empresariales. Este caso, sin embargo, no es aislado, ya que medio centenar de alcaldes han sido investigados en Andalucía desde que se destapó la operación «Malaya» que afectó al Ayuntamiento de Marbella y que marcó un punto de inflexión en las denuncias e investigaciones.
La mayoría de estos casos tienen como eje la corrupción urbanística, siendo el delito más frecuente la construcción en terrenos no urbanizables. Y aunque estos casos afectan a todas las siglas políticas, la mayoría de los cargos públicos investigados pertenecen al PSOE. Estos son algunos de los casos más importantes por provincias.
Almería
De entrada, el de El Ejido, cuya trama de corrupción en la que está implicado su ex alcalde, Juan Enciso, afecta a un partido independiente, el PAL y se centra en delitos de blanqueo de dinero, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental.
Pero este no ha sido el único caso de corrupción destapado en la provincia en los últimos años. Un ejemplo reciente es el que afectó al ex alcalde de Ohanes, Juan Francisco Sierra (PSOE), quien está acusado de un presunto delito de cohecho tras destaparse un vídeo en el que pedía dinero a un constructor a cambio de favores urbanísticos.
Aunque posiblemente sea el que afecta al hotel de la playa de El Algarrobico el episodio más conocido de la ocupación urbanística ilegal. De hecho, el regidor de Carboneras —localidad en la que se empezó a construir este establecimiento—, Cristóbal Fernández (PSOE), está imputado por seis delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias en la venta de un terreno junto al hotel de El Algarrobico.
Málaga
Málaga es la provincia que acumula un mayor número de denuncias, con la comarca de la Axarquía a la cabeza de las investigaciones judiciales. En cualquier caso, en los tres últimos años siete alcaldes —dos socialistas, tres del GIL, uno del PP y un independiente— fueron detenidos por delitos como prevaricación, cohecho y contra la ordenación del territorio. Más de 300 personas serán juzgadas en 2010 por corruptelas urbanísticas.
Alhaurín El Grande, Alcaucín, Almogía, Estepona, Manilva y Marbella, primer municipio español disuelto por corrupción urbanística, han sido los principales municipios afectados. La operación «Malaya» se saldó con 86 procesados. El último municipio que se ha visto salpicado por escándalos ha sido Almogía, gobernado por el PSOE, donde se investiga a más de veinte personas, entre ellos el alcalde Cristóbal Torreblanca, por supuestas ilegalidades urbanísticas.
Otro caso sonado y reciente ha sido el destapado por la operación «Astapa», que se saldó con más de medio centenar de imputados, entre ellos, el ex alcalde socialista, Antonio Barrientos. Sin olvidar la también reciente operación «Arcos», donde se investigan delitos de cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental, y donde están imputadas 13 personas, entre ellas, el alcalde de Alcaucín, José Manuel Martín Alba (PSOE).
Cádiz
El litoral es el más afectado por la corrupción urbanística, como demuestran, en el caso de Cádiz, la más de media docena de casos destapados en los tres últimos años. Uno de ellos afecta al recientemente dimitido ex alcalde de la Línea, Juan Carlos Juárez, quien tendrá que hacer frente a su imputación en el caso «Roseworld». Tampoco se han salvado municipios como Chiclana, donde el alcalde del PSOE, José María Román, está implicado en un delito de malversación por el archivo de más de mil expedientes sancionadores de urbanismo entre 2003 y 2006; ni tampoco El Puerto de Santa María, cuyo ex alcalde, el independiente Hernán Díaz Cortés, está denunciado también por presuntas irregularidades urbanísticas.
Granada y Huelva
Las otras dos provincias costeras han registrado menos escándalos, aunque también se han dado episodios importantes. En Granada destaca Almuñécar, cuyo alcalde Juan Carlos Benavides tiene cerca de un centenar de pleitos abiertos y cinco procesos penales, la mayoría de ellos por exceso de edificabilidad.
Otro ejemplo destacable fue el de Armilla, donde el ex alcalde del PSOE, José Antonio Morales, y doce imputados más se vieron salpicados por el caso «Nevada», por tramitar irregularmente el centro comercial de ese mismo nombre. En Huelva, el concejal de Urbanismo de Almonte, Francisco Agustín Periañez (PSOE), está imputado por negociaciones prohibidas para la recalificación de dos polígonos industriales.
Jaén
Es otra de las menos afectadas, pero se han dado casos como el de Torredelcampo, cuyo alcalde Blas Sabalete (PSOE) está imputado por no denunciar irregularidades urbanísticas, y Pozo Alcón, cuya ex alcaldesa, la socialista Carmen Escudero, está implicada, junto a 72 personas más, en la construcción de viviendas en suelo no urbanizable.
Córdoba
En esta provincia, cuatro han sido los puntos calientes de la corrupción. En la capital, la construcción de unas naves de 40.000 metros cuadrados sin licencia para venta al por mayor de productos importados de China a cargo del empresario imputado en el caso «Malaya» Rafael Gómez Sánchez «Sandokán» se cruzó en el camino político de Rosa Aguilar y el hoy alcalde de Córdoba Andrés Ocaña.
El Ayuntamiento impuso una multa de 27,4 millones, que nunca llegó a cobrar porque un juez consideró que caducó. Se abrió una comisión de investigación en el Consistorio y la Fiscalía rehusó ahondar en un caso muy turbio sobre el que siempre sobrevoló la connivencia municipal.
El otro caso sonado fue el de Baena, donde se descubrió una presunta red de facturas falsas auspiciada por el secretario personal del alcalde, Luis Morano y un técnico municipal, y financiada por recursos públicos que luego iban dirigidos a placeres sexuales y uso particular.
Sevilla
En la provincia el caso más importante es el «Mercasevilla», que afecta al Ayuntamiento de la capital y que tiene una doble vertiente. De un lado, la petición al grupo La Raza, por parte de dos políticos socialistas, de comisiones (450.000 euros), a cambio de que la Junta le conceda una subvención.
De otro, la adjudicación a la constructora Sando, que había pagado comisiones de 246.000 euros a la Fundación Mercasevilla, de la opción de compra en concurso público de los terrenos de la empresa municipal a pesar de que había ofertas más ventajosas de otras constructoras.

https://ww.abcdesevilla.es/20091025/nacional-andalucia-actualidad/alcaldes-bajo-sospecha-200910242232.html