Benahadux - Almeria

Más de 10.000 políticos españoles gozan de un conjunto de privilegios procesales-penales a la hora de ser juzgados por sus delitos. Ni Inglaterra ni Alemania gozan de esta protección. Este aforamiento implica la alteración de las reglas de la competencia judicial penal en beneficio de determinadas personas, en este caso, de la casta política española.

Los delitos de los aforados, por tanto, no los investiga un juez cualquiera, sino los dos tribunales de alto rango cuyos nombramientos están más politizados: el Supremo para cargos nacionales y los TSJ para los autonómicos.

En este sentido, cabe recordar cómo funciona este mecanismo burocrático-judicial para la protección de los políticos españoles. Los partidos eligen a los miembros del CGPJ, que, a su vez, nombra a los jueces del Supremo, quienes luego se encargan de juzgar a los cargos políticos.

En este sentido, Juan Luis Gómez Colomer, coautor del mayor tratado sobre el aforamiento, ha asegurado a El Mundo que "el aforamiento es un incentivo a la corrupción, porque facilita la impunidad de los políticos que delinquen." Tampoco es sorprendente, por tanto, que este verano sólo 19 diputados votaran a favor de la propuesta de la UPyD de anular este privilegio del que se benefician el presidente del Gobierno, sus ministros, los parlamentarios nacionales e inclusos cargos insólitos como los tres adjuntos al defensor del pueblo andaluz.

ahora viene cuando te llamaran facha u otras lindezas por haber mencionado a UPyD positivamente.