Benahadux - Almeria

El Ayuntamiento de Manacor (Mallorca) no acababa de decidirse. A pesar de la falta de mantenimiento en la red de suministro, de la subida de tarifas, del problema con los altos niveles de nitratos detectados —se recomendó a los bebés y embarazadas no bebieran agua del grifo—, no acababan de asumir la gestión del abastecimiento del agua. Y eso que la remunicipalización del servicio estaba en la agenda política desde 1997, cuando el grupo de Esquerra Unida hizo su primera petición. El paso se dio, finalmente, el pasado noviembre, cuando el Consistorio ejecutó el rescate en detrimento de Aguas de Manacor, la empresa privada que se había encargado del negocio en los últimos 27 años.

El caso del municipio mallorquín no es único. Arteixo (A Coruña) tomó la misma decisión en julio pasado. La Línea de la Concepción (Cádiz), en septiembre. Y tres pequeñas pedanías de Jerez (Guadalcacín, Estella y Torrecera) se han sumado recientemente. Pero la desprivatización del agua es todavía una excepción en España, donde el 50% del abastecimiento continúa en manos privadas. En Europa, ese porcentaje se reduce al 30%. En el mundo, hasta un 10%.

“El debate sobre la remunicipalización del agua se está abriendo y crecen las plataformas y partidos políticos que defienden esa tendencia, pero va muy lento”, analiza el secretario general de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS), Jaime Morell. En cambio, el gerente de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (Aeas), Roque Gistau, le resta trascendencia por los escasos casos existentes.

La pugna entre privatización y desprivatización es todavía muy desigual en un país en el que el abastecimiento del agua es en algunos casos una fuente más de financiación pública. La titularidad del suministro hasta los hogares es municipal, pero conviven dos modelos de gestión: el público o el concesionado, que da el control a una empresa privada o a una sociedad mixta público-privada, de gestión compartida. Este último es el modelo que se ha seguido, por ejemplo, en el área metropolitana de Barcelona, cuando el año pasado Agbar y el Gobierno metropolitano sellaron una alianza para alargar las concesiones de agua de Agbar en 23 municipios de su influencia.

París y Berlín son las capitales europeas de la remunicipalización
Solo esa reprivatización afecta a casi tres millones de personas. En España, en el último par de años, se ha producido una docena de casos de municipios que han decidido asumir por completo el abastecimiento del agua. Algunos otros se lo plantean o, incluso, han iniciado las tramitaciones necesarias para hacerlo efectivo. El proceso es lento: las remunicipalizaciones ejecutadas este año afectan a algo menos de 150.000 consumidores.

El gran pero que pesa en España reside en el tipo de municipios que se ha subido a ese carro. Son todos de pequeñas dimensiones, nada que ver con los dos grandes ejemplos europeos en un proceso que ha ganado fuerza mediante plataformas ciudadanas y que no sabe de colores políticos, como sí ocurre en el caso español. El Ayuntamiento de París dio en 2008 portazo a dos grandes multinacionales de capital francés (Suez y Veolia) para recuperar Eau du Paris, y el de Berlín tomó una vía parecida en noviembre pasado para recobrar la Berlin WasserBetrieb. El problema del caso alemán es y será su alto coste. La Administración berlinesa deberá recomprar el 49,1% de las acciones que vendió de su compañía de suministro en 1999. El precio: 590 millones de euros que se embolsará Veolia y otros 650 millones que irán a parar a RWE.

“Para remunicipalizar ha de existir un compromiso político y, a partir de ahí, lograr un acuerdo para expulsar al operador privado”, señalaba Emilio Pachón, el gerente de Aguas del Huesna, en unas jornadas sobre remunicipalización del agua organizadas en Barcelona el pasado 26 de noviembre por la plataforma Agua es Vida y la alianza global Reclaiming Public Water.

En la sociedad Aguas del Huesna se encuentra quizá el origen del movimiento remunicipalizador en España. Son 17 municipios sevillanos, con unos 300.000 habitantes en su conjunto, que decidieron dar marcha atrás en el proceso privatizador que se les había planteado para asegurarse el suministro del agua en 1994. Aquella privatización acabó en un mejunje de sobrecostes en las inversiones proyectadas y de incumplimientos que en 2007 derivó en un expediente de rescate de la concesión y en la puesta en marcha de una empresa pública que se encarga de abastecer agua a esos municipios. El mayor tiene 50.000 habitantes; el menor, apenas 300.