Benahadux - Almeria

Los malvados, los rojos, los demonios, sí.. esos que dicen son muy malos han evitado, y ha sidos los unicos partidos que aparte de hablar, han hecho posible que 310 familias de la provincia de Almería NO se queden en la calle por desahucios. Casi todos ellos con hipotecas, que han pagado religiosamente durante años y que por perder el empleo no podian afrontar.
¿Que ha hecho el PP?
Pues el PP de Mariano Rajoy ha recurrido ante la justicia el decreto antidesahucios de Andalucía, ya que según los populares, se deja en indefensión a los bancos y sus accionistas.
Ellos rescatan bancos.
Otros, los malvados, prefieren rescatar familias.

Venga, ahora a seguir dando caña en 13Tv y Intereconomía.

Esa es la gran diferencia entre la derecha y la izquierda.

Lo que pasa, y espero que no os siente mal, pero es la más cruda realidad, es que el PSOE no lo hubiese hecho si no es por las presiones de IU en las negociaciones del pacto de gobierno.

Es más, estas medidas nos están costando sudor y lágrimas entre la militancia, que para nada está convencida de haber pactado con los socialdemócratas, pues para cada medida que se está tomando de izquierdas desde la Junta de Andalucía, IU la tiene que pelear a uñas y dientes, pues la negativa principal del PSOE ante estas, siempre está presente.

La ley antidesahucios, el observatorio del banco de tierras públicas, ahora los 20 millones que hemos pedido que se destinen a pagar los recibos de agua y luz a familias en riesgo de exclusión, la banca pública y un largo etc. son la piedra en el zapato del PSOE y están cediendo por miedo a que se rompa definitivamente el pacto de gobierno, pues la cosa ya está bastante tirante.

La realidad está ahí, el PSOE lleva gobernando Andalucía más de 30 años y jamás ha planteado tal alternativa. Ahora intenta anotarse el tanto, pero la gente no es tonta, posiblemente y en ocasiones despistada y de memoria selectiva, pero tonta no es. Y creo que es más que visible, que es IU quien ha hecho posible la alternativa. De eso no puede caber la menor duda.

Yo creo que estas medidas no ayudan en absoluto a combatir la pobreza, es más, hasta puede aumentarla, un país donde no existe la seguridad jurídica no es atractivo para que haya riqueza, que es la que crea trabajo. Yo estaría a favor de otras medidas más efectivas, los ciudadanos han pagado los platos rotos de las políticas suicidas de los bancos con el apoyo de Zapatero y del presidente del Banco de España y ahora vienen aquí a decirnos que los " socialistas" son " muy buenos" cuando han esquilmado a España y a los ciudadanos a base de políticas erróneas y de dejar y permitir el abuso sin control de las cajas españolas, ellos son los culpables directos de la situación de crisis en España, ellos son los culpables directos de que la pobreza aumente en Andalucía, ellos son la casta que vive de nuestro dinero a todo lujo, véase nuestro señor alcalde con un sueldo digno de ministro pero no de un maestro o profesor, este es el ejemplo de la izquierda, bandera de UGT y 54.000€ para mis huevos...como diría yo.

Esto es para que vayan tomando nota los trabajador@s, y no votéis al PP$OE. En ética Política estamos seguro que si IU, no esta en el Gobierno de Andalucía, Pedro y Rafaela, están hoy día en la uta calle, como ocurre en el resto de España.

GRACIAS A IU, que defiende a los trabajadores, y luego votan a sus maltratadores PP$OE


Pedro Carmona, en su casa. // ENRIQUE GÓMEZ
Pedro y Rafaela son dos jubilados cordobeses, de 70 y 65 años, a los que las cosas no les han ido bien en los últimos años. Pedro trabajaba en una empresa de transportes de Córdoba, Ávila SA, que quebró en la década pasada y despidió a medio centenar de padres de familia que llevaba casi toda la vida trabajando en ella. Pero no se rindió. Pedro compró un camión, hipotecó su casa (que compró en 1981 y que ya tenía pagada) y las cosas le volvieron a ir mal.

“Hay un momento en el que tienes que decidir entre comer o pagar la hipoteca”, explica este jubilado cordobés al que iban a desahuciar de su casa el 29 de noviembre tras una orden de un juzgado cordobés en julio. La casa, en la que vive desde 1981, ya no es suya, sino que pertenece a BBK Bank Cajasur. Pero desde ayer, la vivienda ha vuelto a ser de su propiedad, al menos temporalmente. La Junta de Andalucía, con su nueva Ley de Vivienda -aún no recurrida por el Gobierno-, ha expropiado temporalmente su uso para que Pedro, su mujer y sus hijos puedan vivir en ella al menos durante tres años más.

Pedro y Rafaela viven con apenas 1.000 euros al mes de sus pensiones, que no les llega para pagar las facturas, en una casa de 76 metros cuadrados en la calle Nuestra Señora de la Merced, de la capital cordobesa. Poco antes de jubilarse, Pedro tuvo un accidente con el camión en el que había depositado todos los ahorros de su vida, se rompió un dedo y ya todo le fue mal. Ahora, al menos, “hemos recuperado la esperanza”, asegura, al tiempo que declina seguir hablando del pasado porque se le pone un nudo en el estómago y le brotan las lágrimas.

“Este caso evidencia la utilidad social de la labor de intermediación y protección que realiza la Consejería de Fomento y Vivienda”, ha señalado Marisantos Córdoba, delegada territorial del departamento que dirige Elena Cortés. Córdoba ha animado a todas las personas que se encuentren en riesgo de perder su vivienda a acudir a la oficina provincial del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda. “El Gobierno andaluz tiene herramientas eficaces para defender el derecho a la vivienda. Es fundamental que las personas que ven amenazado este derecho tomen la iniciativa y hagan uso de todos los recursos que ponemos a su alcance”, ha añadido.

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicó ayer el inicio de este procedimiento, el número 33 desde la entrada en vigor de la Ley de Función Social de la Vivienda, el segundo en la provincia de Córdoba tras el incoado el pasado 18 de noviembre en Doña Mencía. El anuncio publicado en el BOJA es el paso inicial del proceso de expropiación, de aplicación durante un máximo de tres años a los inmuebles en procedimientos de desalojo instados por entidades financieras y sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos, siempre que amenacen el derecho a la vivienda de personas en riesgo de exclusión social. Una vez realizada esta publicación, la sociedad adjudicataria del piso dispone de un plazo de 15 días para presentar alegaciones.