Abejuela - Almeria

Todo el mundo vio y oyó a los asesores socialistas de Almería, pero el fiscal archiva diligencias

jueves, 07 de mayo de 2009
Después de ver lo que vimos, vemos ahora lo que vemos. Tenemos que recordar aquello. Primero, el vídeo. Primera y segunda parte.

Primera:

Y segunda parte:

Pues muy bien. El PSOE anunció ayer querellas, después de que la Fiscalia acordara archivar el caso de los enchufes en la Diputación de Almeria, en la quev arios asesores socialistas fueron grabados con cámara oculta mientras contaban que cobraban del organismo provincial, pero su trabajo estaba en el PSOE.

El secretario de Relaciones Institucionales y Politica Municipal del PSOE de Almeria y parlamentario andaluz, Juan Antonio Segura VIzcaíno,
anunció ayer que los servicios juridicos de su partidose plantean acudira los tribunales para interponer demandas contra varios politicos del PP al entender que se ha atentado contra (la dignidad y la imagen» tanto personal del PSOEcomo de la institución provincial.

Entre los presuntos futuros demandados se encuentran el lider del PP en Andalucia, Javier Arenas, el secretario nacional de Política Autonómicay Local del PP, Juan José Matari, el portavoz del PP en Diputación, José Fernández, el diputado provincialdel PP Manuel Alías, el
diputado provincial Miguel Ángel Castellón, la diputada nacional del PP Carmen Navarro, y al parlamentario andaluz del PPJosé Cara.

La Fiscalía acordó archivar las diligenciasde investigación abiertas a raiz de la denuncia interpuesta por el PP de Almeria, al estimar que la contratación y la retribución acordada para los asesores del grupo socialista en la Diputación «quedan fuera del ámbito de la jurisdicción
penal», por lo que no serían constitutivos de un delito de malversación de fondos, tal y como apuntó el portavoz popular en la institución, José Femández Amador.

El escrito que suscribe el fiscal jefe, Juan Bautista Parra, apunta que los hechos, que salieron a la luz pública en octubre de 2008 mediante
un reportaje grabado con cámara oculta y difundido en Intereconomía y la revista Época, no son constitutivos de infracción penal, si bien concede que puede cuestionarse la actuación de la Diputación desde el punto de vista de la «gestión y la acción política», al tiempo que señala que el «reproche » competería a la vía contencioso- administrativa.
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