Redován - Alicante

A partir de mañana lunes, diversos colectivos de abogados adscritos a colegios como el de Orihuela, Mallorca u Orense se van a manifestar en contra de la Ley de Tasas Judiciales que se va a aplicar de inmediato y que ha sido recientemente aprobada en el congreso por el PP en solitario. Esta Ley establece unas tasas que oscilan entre los 50 y 750 euros para poder recurrir una resolución en los tribunales. Es decir, que si el tribunal de primera instancia no nos da la razón, y entendemos que el fallo no es justo y queremos interponer recurso a instancias superiores, tendremos que rascarnos el bolsillo, apoquinar billetes o salir con el rabo entre las piernas del juzgado con la lógica impotencia, el consabido cabreo y la resignación propia de quienes no pueden “permitirse el lujo” de defender sus derechos por falta de recursos económicos. Otra vuelta tuerca más al ciudadano pagano de las crisis que montan los poderosos. La justicia es para los ricos. Esta frase, que se repite constantemente de un tiempo a esta parte, cobra valor de denuncia al ser pronunciada por una mujer a la que le iban a quitar su vivienda por avalar la de su hijo. Y ese es el camino que llevamos. Aquí solo van a poder permitirse “lujos” que deberían estar al alcance de todos, quienes ya los tienen de sobra porque les sobra el dinero. Y el que venga detrás que arree, como dicen en este y otros pueblos. Si al ciudadano ya le va a costar una pasta sacar recetas para un jarabe, gastarse los cuartos en privatizadas escuelas infantiles, o diezmar su peculio tan trabajosamente ganado y mal pagado para que sus hijos puedan ir a la Universidad, añadamos ahora la potencial probabilidad de vernos envueltos en un proceso judicial, en defensa, por ejemplo de una linde, pared medianera o propiedad unilateralmente no reconocida, para que tengamos que hacer el correspondiente apartijo monetario con el que hacer frente a los gastos del proceso. Y añadamos también, como no, la minuta correspondiente a nuestro letrado defensor, que en algunos casos no son moco de pavo, y lo digo por experiencia. Si ya teníamos un mal concepto de la justicia por falta de confianza, ahora tendremos que agregarle el miedo y el desasosiego si tenemos que recurrir a ella por lo que pueda afectar a la ya precaria, en la mayoría de los casos, economía del ciudadano medio. La contrapartida que ofrece el Gobierno es que lo que se recaude con estas tasas se destinará a la asistencia de la justicia gratuita. Si ellos lo dicen.