Catral - Alicante

La policía descubre que los residuos de la Vega Baja del Segura, origen de la trama de sobornos a políticos, se enterraban en fincas al estilo de la camorra de Nápoles

La basura de los corruptos

La trama de corrupción conocida como ‘caso Brugal’ (Basuras Rurales Gestión Alicante) mantiene imputados a altos cargos del PP en Alicante. El juez cree que los millonarios contratos para tratar las basuras eran obtenidos por empresarios a cambio de favores a políticos. Ahora, la policía ha descubierto que parte de esas basuras se enterró ilegalmente durante al menos tres años en tierras de cultivo de la provincia con el consiguiente riesgo para los vecinos, al más puro estilo de lo que hace la Camorra en Nápoles.

Los millonarios contratos de la basura. Igual que en la corrupción en Nápoles o la mafia de Los Soprano, el principio de la investigación contra la corrupción política y económica en Alicante fue la basura, de ahí el nombre de caso Brugal (Basuras Rurales Gestión Alicante). En la causa –que derivó al pago de sobornos a políticos a cambio de favores a empresarios y constructores– están imputados el expresidente del PP en la Diputación de Alicante José Joaquín Ripoll y los dos últimos alcaldes de la capital, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo.

Uno de los empresarios implicados es Ángel Fenoll, que resultó favorecido por el millonario contrato del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja, según el cual se debían tratar adecuadamente durante 20 años las basuras generadas por los 400.000 vecinos, empresas y el hospital de la comarca, que incluye Orihuela y Torrevieja como principales ciudades. Fenoll ya pasó un mes en prisión después de denunciar que concejales de Orihuela iban a cobrar tres millones de euros de manos de la empresa Urbaser –del conglomerado de Florentino Pérez– por obtener la contrata de basuras de la ciudad. Las grabaciones del sumario muestran el agradecimiento de otros empresarios por los supuestos favores conseguidos: “Te debo una comida, pero de rabo”, comenta satisfecho Enrique Ortiz, otro de los empresarios imputados y que fue presidente del Hércules Club de Fútbol.

Los policías que desde 2007 se encargaban de la operación Brugal sospechaban que Fenoll –que cobraba por tonelada de basura tratada, según el contrato– no estaba procesando la basura, sino que la estaba enterrando de manera ilegal. Así lo acreditaban las llamadas intervenidas por orden judicial, en las que se hablaba de “tapar agujeros”. El pasado año, un exempleado de Proambiente, la compañía propiedad de Fenoll, conductor durante once años de la citada empresa, contó, primero a la policía y después al fiscal, cómo desde 2008 hasta la fecha de su despido sacaba toneladas de basura sin tratar desde la planta de residuos de Proambiente, donde supuestamente debían ser tratados, hasta unas fincas ubicadas en Orihuela (Alicante), donde las vertía de manera completamente ilegal.

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