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"CASO BRUGAL"

Anticorrupción implica a Carlos Mazón en las irregularidades de la Fundación del Hércules
La Policía y la Fiscalía sospechan de un «entramado» de altos cargos de la Diputación relacionado con la adjudicación de obras.

La Policía y la Fiscalía Anticorrupción sospechan de la existencia de un «entramado de supuestas irregularidades llevadas a cabo por altos cargos de la Diputación en lo referente a la contratación de obra pública». Y a la cabeza de esa supuesta trama sitúan a Carlos Mazón, diputado provincial, antiguo responsable del departamento de Infraestructuras y actual director general de la Cámara de Comercio.
Esas sospechas, basadas en un buen número de intervenciones telefónicas, han derivado en la apertura de una pieza separada del 'caso Brugal' que ha recaído en el Juzgado de Instrucción número 4 de Alicante.
En dichas pesquisas están también implicados Ignacio Mangada, ex presidente de la Fundación del Hércules y miembro del Consejo de Administración del club, el concejal del PP en el Ayuntamiento de Sant Joan Nicolás Pérez, y los empresarios Rafael Gregory y Antonio Bonete.
De las pesquisas se desprende que la Diputación adjudicó obras de menor cuantía a empresas con la condición de que financiaran a la fundación, que pasaba importantes apuros económicos y arrastraba en 2008 una importante deuda.
La Policía cree que tanto Mangada como Gregory, imputado como presunto intermediario en la trama corrupta vinculada al negocio de la basura de la Vega Baja, utilizaron sus influencias en la corporación para presionar a empresarios a fin de que aportaran fondos a la entidad deportiva.
En la documentación se cita entre esos industriales a José Enrique Garrigós, presidente del Consejo Regulador del Turrón de Jijona y Alicante y actual presidente de la Cámara de Comercio, y al secretario de los turroneros, Federico Moncunill. También se habla de una deuda con el Grupo Subús.
Igualmente, los investigadores tratan de averiguar si el Hércules Sociedad Anónima Deportiva (SAD) transfirió bienes y dinero procedente de las vallas publicitarias del estadio Rico Pérez a la fundación a fin de sustraerlos al embargo que pesaba contra el club por parte de Hacienda.