Catral - Alicante

Los esfuerzos por achicar agua de las vías abiertas en la barca del culebrón Bono están siendo ímprobos. Tanto la judicial, taponada bochornosamente por el fiscal general del Estado, al dar carpetazo a la investigación de las irregularidades; como la política, anulada en el Parlamento por la Comisión del Estatuto del Diputado. Pero son tantas las propiedades de Bono y familia y tantos los vasos comunicantes con redes clientelares en torno a quien fue durante más de veinte años factótum de Castilla-La Mancha, que se van abriendo nuevas brechas donde quedan de manifiesto presuntas irregularidades dignas de investigación.

La lupa del Tribunal de Cuentas y de la Intervención General del Estado ya están encima de las supuestas responsabilidades de la Junta castellanomanchega en la construcción de la ciudad de El Pocero. Y, al propio tiempo, la Justicia tiene delante el caso de los trabajadores ilegales. Pero la tercera autoridad del Estado sigue negándose a asumir responsabilidades políticas, y a ofrecer explicaciones, en tanto que se escuda en que todo obedece a una campaña difamatoria contra su persona. Son tantas las evidencias y tan contundentes, que ha perdido toda credibilidad política.poco a poco paso a paso