Villarrobledo - Albacete

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Mariano Rajoy, hace justo un mes: «He cometido el error de creer en un falso inocente, pero no el delito de encubrir a un presunto culpable». Fue otra mentira más; destruir «los efectos o los instrumentos de un delito para impedir su descubrimiento» es algo que se llama encubrimiento y está penado con hasta dos años de cárcel, según el Código Penal. Lo que ha pasado con los discos duros de los portátiles de Luis Bárcenas es un escándalo más, otra demostración práctica de la infinita transparencia del PP, de su colaboración con la justicia, de lo mucho que trabajan para que resplandezca la verdad. Los responsables del partido -empezando por su presidente y su secretaria general- no pueden pretender que alguien se crea que borrar los discos duros de su extesorero en mitad de un proceso judicial sea un acto inocente, el resultado de seguir el protocolo informático habitual. Ni un tuitero de Nuevas Generaciones de los que se hacen fotos con la bandera franquista se puede tragar una trola tan descomunal.


No es siquiera la primera vez que en la sede del PP se destruye una prueba relevante para esta investigación. Es lo mismo que ocurrió hace unos meses, cuando la Audiencia Nacional pidió al partido su libro de visitas para comprobar si esos generosos donantes que aparecen en su contabilidad B visitaron Génova 13 en las fechas en las que Bárcenas apuntó los donativos. El partido aseguró entonces que había borrado ese fichero para cumplir con la ley de protección de datos; la misma ley que sirve como excusa para todo y que un día de estos dirán que se ha comido los deberes de Rajoy. Sin embargo, los discos duros perdidos no solo dejan mal al PP. También demuestran una vez más hasta qué punto es cuestionable la instrucción que lleva a cabo el juez Pablo Ruz. Lo normal ante un delito tan grave como para poner al sospechoso entre rejas sin fianza es que, antes de una medida tan extrema, se hubiese registrado su casa, su lugar de trabajo y sus equipos informáticos. De hecho, lo habitual suele ser que esta clase de registros lleguen antes incluso de llamar al sospechoso a declarar. Es lo que habría pasado si Bárcenas, en vez de extesorero del PP, fuese un pederasta, un narco o un simple concejal de urbanismo acusado de corrupción. Es lo que probablemente habría pasado si fuese otro juez quien llevase esta investigación.

En el auto que mandó a Bárcenas a la cárcel, hace más de dos meses, Ruz argumentó que una de las razones era «evitar la ocultación, alteración o destrucción de pruebas». ¿Qué pruebas? ¿Las que tan diligentemente no ha querido buscar? De paso, como en los monólogos de Gila, Ruz telefoneará al PP para preguntar qué día les viene bien para el registro de Génova 13. ¿Es el enemigo? Que se ponga.