La Gineta - Albacete

Con la aprobación de la llamada Ley de tasa judicial ya no podremos decir aquello tan socorrido (como falso) de que "la Justicia es ciega". Ahora lo que más escucharemos lamentar al ciudadano de a píe es que la justicia es "para ricos" o para "quien pueda pagársela". Es decir, como la educación, la sanidad, la dependencia...

Esta ley, aprobada solo con los votos del PP y por procedimiento de urgencia, viene a agravar la sensación de indefensión del ciudadano cuando se enfrenta a la poderosa y costosa maquinaria judicial que ponen en marcha las administraciones y las grandes empresas contra él.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz- Gallardón, enmarca esta ley en el contexto de crisis que vivimos y afirma que "ayudará a financiar la justicia gratuita" pero lo único que conseguirá es dificultar el acceso de los ciudadanos a la misma y por tanto la indefensión más que el derecho a la tutela judicial efectiva que recoge la Constitución.

De lo que se trata es de que el ciudadano pague y no haga perder tiempo y dinero a la Justicia. Así, una persona que intente recurrir una multa de tráfico de una cuantía de 100 euros tendrá que pagar 200 de tasas o un trabajador que reclame un despido improcedente tendrá que abonar 750 euros independientemente del veredicto. Claro que hay excepciones: ninguna de las administraciones públicas tendrán que pagar nada por el uso de la justicia. Toma universalidad.

Esta Ley ha unido en la crítica no sólo a todos los partidos de la oposición sino también a abogados, jueces y procuradores que la tachan de "inconstitucional" y anuncian recurso.

Teniendo el cuenta que el recurso de inconstitucionalidad sobre el matrimonio homosexual ha tardado 7 años en resolverse... "largo me lo fiáis" debe pensar Gallardón.

José María García Diago