Jorquera - Albacete

Los alcaldes de los ayuntamientos que no paguen sus deudas tendrán que responder con su patrimonio.

La sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal obligue al Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán a pagarle en un mes a la empresa Aroa los 600.000 que le adeuda desde hace más de once años por la ejecución de varias obras —entre ellas la construcción de la nueva casa Consistorial— sino porque hace una advertencia clara a su alcalde y al secretario de la Corporación: si no pagan en un mes tendrán que responder con su patrimonio.

Así las cosas, el TSJA requiere al alcalde para que en el plazo de un mes —el fijado por la nueva Ley de Morosidad— abone la deuda a Aroa, destacando que la responsabilidad de la notificación de esta decisión, el mismo día que la reciba, recae drectamente en el secretario de dicho ayuntamiento. Si ambos no cumplen con sus respectivas obligaciones —el uno no cumple con la notificación y el otro no satisface la deuda—, advierte el TSJA, se le impondrán multas coercitivas. Y aquí está la clave y lo novedoso: «estas multas recaerán, respectivamente, en el patrimonio personal del señor alcalde y del señor secretario judicial», aclarando que «las multas coercitivas se impondrán con periodicidad semanal hasta la completa ejecución», es decir, hasta que se termine de pagar los 600.000 euros. Además si no pagan, se les embargarán las cuentas.


Aroa no sólo libra una batalla por cobrar las obras que ejecutó en Castilleja de Guzmán. Junto a este ayuntamiento tiene reclamado unos 7 millones de euros por obras realizadas en los municipios de Burguillos, Santiponce, El Real de la Jara, Albaida del Aljarafe y Cazalla de la Sierra. Para reclamar esa deuda su gerente, Antonio Díaz, estuvo 46 días en huelga de hambre, que no sirvieron más que para llamar la atención sobre su caso y para sacar a la luz como la morosidad de los municipios puede hacer que una empresa que estos días cumple 25 años de vida haya pasado de tener a casi 400 trabajadores a quedarse en la mitad, «y mira que he dicho que simplemente con que cobrara las deudas de los organismos públicos no despedía a nadie».

De momento, el caso de Castilleja de Guzmán apunta a una resolución, los otros van a otro ritmo, aunque Díaz apunta a que emprenderá actuaciones contra el consejo de administración de una empresa municipal del Real de la Jara y recuerda que el caso de Santiponce es, si cabe, más grave que el de Castilleja. Construyó un Centro de Servicios Sociales que ya disfrutan sus vecinos; hasta que gobernó IU le pagaron sin problemas, pero, de nuevo, cuando llegó el PSOE se negó a pagarle a pesar de que había un reconocimiento de deuda cercano a los 400.000. La pregunta que se hace Díaz es si no le han pagado a él ¿dónde está el dinero?

Municipios en el ojo del huracán

Son seis los municipios a los que Aroa ha reclamado dinero ante los tribunales: Castilleja de Guzmán, Burguillos, Santiponce, El Real de la Jara, Albaida del Aljarafe y Cazalla de la Sierra. Entre todos le deben en torno a siete millones de euros. Ninguno les paga y con ello la empresa no puede pagar a sus trabajadores, muchos de los cuales están abocados al paro si la situación no se arregla. El caso de Aroa no es el único, hay muchas empresas que no cobran obras y servicios prestados a los ayuntamientos pero callan.

Cuando las barbas de tú vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar. Atención a las deudas como consecuencia del despilfarro de gastos superfluos y excesivos que se pueden considerar como derroches.

Con la Borrasca que se avecina, veremos quien se atreve a pilotar la nave.