Casas-Ibáñez - Albacete

Durante el pasado viernes día 8 el Gobierno de España aprobó en el primer Consejo de Ministros del año su paquete de medidas para cerrar webs de descargas, las cuales, como ya adelanté por aquí, se escapan completamente de toda lógica. ¿Y en qué va a consistir? Pues de forma resumida y sin haber podido leer la norma (ni yo ni nadie, ya que no se ha publicado, se supone que eso pasará hoy) el proceso será tal que así:

Los propietarios de derechos de autor (particulares o entidades) denunciarán ante una Comisión de Propiedad Intelectual a aquellos sitios que supuestamente infrinjan derechos de autor. Dicha comisión decidirá si infringen o no derechos de propiedad intelectual para, en los casos afirmativos, comunicárselo a los responsables de las webs. En este punto se abre plazo de alegaciones para dichos responsables tras el cual si la comisión administrativa entiende son insuficientes, se ordena la retirada del material protegido de los sitios. Finalmente si las presuntas infracciones persisten, solicitarán autorización ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional para bloquear o cerrar la web que toque, Sala que tendrá que resolver en un máximo de cuatro días. Recibida la autorización, la Comisión de Propiedad Intelectual hará efectiva la medida.

Esta es la explicación que más o menos han dado la mayoría de medios de comunicación sobre el nuevo procedimiento, recalcando una y mil veces que ahora aparece la figura del juez en el mismo, una de las cosas que se pedían en el #manifiesto. Pero eso, al igual que otras muchas cosas más que están saliendo en los medios de comunicación de boca de la Ministra de Cultura o algún representante de la asociación protectora de derechos de autor de turno, son verdades totalmente parcializadas y si nos ponemos a rascar un poco resulta que ante lo que realmente estamos es un galimatías administrativo y jurídico con un único objetivo: blindar, más, una industria cultural totalmente obsoleta que no es capaz a sustentar su arcaico modelo de negocio.

Pero estamos a tiempo de intentar frenar esta barrabasada, la normativa aún tiene que pasar por el Parlamento y por el Senado y además el Gobierno también necesita modificar varias leyes más si quiere ponerla en funcionamiento. Es necesario pues hacer entender al resto de fuerzas políticas y ciudadanía ante lo que realmente estamos y para eso esta pequeña “Guía básica de insurrección contra la normativa del Gobierno de España para cerrar webs”, que paso seguidamente a describir.

Tres pilares fundamentales la conforman: el primero, lo leído hasta aquí (una explicación general de la situación y la normativa), el segundo, argumentos contra la norma, el procedimiento y todo lo que les rodea y finalmente el tercero, acciones que puede emprender cualquier ciudadano con conexión a Internet para intentar que esto no llegue a aprobarse. Sin más dilación, al turrón.
Argumentos contra la normativa y el proceso

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La nueva normativa carece de sentido. La Justicia española ya cuenta a día de hoy con herramientas suficientes para luchar contra los que se salten derechos de propiedad intelectual. Que esta siempre resuelva en contra de la industria no es culpa de nadie y menos de los ciudadanos
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El poder ejecutivo intenta traspasarse competencias que son propias del judicial y con ello dinamita uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia que es la separación de poderes
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Se le da rango de derecho fundamental a la propiedad intelectual, algo que debería ser dilucidado con mucha más calma y por varios estamentos y no solamente por el ejecutivo
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Si la normativa se aprueba, supondrá un agravio comparativo con otros sectores industriales y los propios ciudadanos. ¿Por qué la industria cultural tiene que tener “juicios rápidos” y el resto no?
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Se va a cargar de más trabajo a la Audiencia Nacional, tribunal excepcional que se ocupa de los casos más graves, como por ejemplo los relacionados con terrorismo o corrupción
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Los ciudadanos no somos los culpables de que un sector se esté muriendo por el avance tecnológico. Ha pasado lo mismo en innumerables ocasiones a lo largo de la historia y en ninguna se impulsó su supervivencia a base de leyes
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Quien decidirá en primera instancia si hay o no infracción será una comisión administrativa, no un juez
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Los jueces pasarán por encima del asunto, no decidirán si determinada web ha vulnerado derechos de propiedad intelectual
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El proceso puede utilizarse contra cualquier sitio de la red que los demandantes consideren está violando derechos de propiedad intelectual, aunque el Gobierno asegure que solamente se usará contra “no más de 100 webs”
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El intercambio de archivos o enlaces en sitios para facilitar el intercambio de los mismos no es delito en España. La ley está dando por supuesto que lo anterior es un delito al establecer una comisión para investigarlo
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La normativa choca o vulnera varios artículos de la Constitución (20, 24.2)
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No es de recibo que para llevar la nueva norma hacia delante el Gobierno tenga que modificar nada más y nada menos que cuatro leyes, una de ellas la Ley Orgánica del Poder Judicial

Acciones contra la normativa y el proceso

* Si tienes acceso a medios tradicionales distribuye en ellos los argumentos citados anteriormente
* Deja patente tu disconformidad con la normativa en tu cuenta de Twitter, Facebook o cualquier otro sitios social
* Distribuye los argumentos aquí expuesto (u otros), en tu web o blog
* Copia esta imagen donde quieras
* Pide a resto de fuerzas políticas del país voten negativamente contra toda medida relacionada con la nueva normativa (vía Twitter por ejemplo: @ppopular, @iunida, @pnveaj, @ciu etc)
* Inicia cualquier otra acción de lucha que se te ocurra y apoya las que conozcas
* Contribuye a centralizar las quejas en determinados canales (si ya existe un grupo en Facebook de protesta, no crees otro, únete a ese)
* Menea, retwittea y copia

Y poco más que añadir a lo dicho hasta aquí. Es el momento de que nosotros, los ciudadanos, actuemos. La red nos otorga un poder de presión tremendo, como ya vimos con el #manifesto el cual demostró que la línea entre la vida real e Internet ya está rota. Se consiguió forzar una reunión con la Ministra de Cultura, también hubo reuniones con representantes de otros partidos políticos y la revuelta impactó de lleno en los medios de comunicación masivos.

Aunque sea cierto que el objetivo máximo, la eliminación de la disposición primera, no se consiguió, eso no es razón para aflojar. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues que todo se quede como está, pero eso ya lo tenemos seguro al cien por cien si no hay movilización.

https://lt1040.com/2010/01/guia-basica-de-insurreccion-contra-la-normativa-para-cerrar-webs-en-espana?utm_source=twitter.com&utm_medium=shortlink&utm_campaign=Twitter

La técnica utilizada por Moncloa es ya habitual: proponer una ley impopular y dejar que los críticos se ceben en sus peores aspectos para luego retirar éstos y dejarlos sin argumentos. En general, los internautas se han opuesto desde hace mucho tiempo a la intervención del Gobierno en internet para favorecer los intereses del lobby de la propiedad intelectual, pero centraron sus críticas en la forma subrepticia en que se intentaba pasar la legislación y el órgano administrativo encargado de censurar los sitios web.

Así, al eliminar, al menos en apariencia, ambos problemas, el Gobierno espera poder recuperar la iniciativa en un debate que tenía perdido frente a la opinión pública.

Sin embargo, hay varias trampas en este "afeitado" de la ley. La primera es que en el texto no se modifica ningún aspecto de ninguna Ley Orgánica, tal y como prometió Caamaño en rueda de prensa este viernes. Además, la reforma continúa inserta en la Ley de Economía Sostenible. De modo que se sigue hurtando del debate necesario en el parlamento, al incluirse estas medidas dentro de una legislación más amplia.

Esta ley no coloca a los jueces en el papel de decidir si un sitio web vulnera o no los derechos de propiedad intelectual de un tercero; ese papel continuará perteneciendo a la Comisión de Propiedad Intelectual, dependiente del Ministerio de Cultura. La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional se limitará a evaluar si el cierre vulnera los derechos de libertad de expresión.

La llamada Ley Sinde, en definitiva, elimina de las jurisdicciones penal y civil los casos sobre la posible violación de las leyes sobre propiedad intelectual de las webs de enlaces, que no albergan contenidos protegidos sino sólo facilitan encontrarlos en los ordenadores de otros internautas, y permite al Gobierno cerrar cautelarmente estas web. Tendrían que ser los propietarios de las mismas quienes recurrieran la decisión, a sus expensas. A la SGAE y demás gestoras, en cambio, les saldrá gratis, pues será el Gobierno quien defienda sus intereses en los tribunales.

Perdondad mi ignorancia, pero hay un par de cosas que no me quedan claras, a ver si alguien pudiera resolvérmelas:

1) Hace un tiempo, la SGAE impuso el famoso "canon" aplicado a cualquiero medio o soporte para compartir información. Mi primera pregunta es, si ya pagamos ese canon, no tenemos ya el derecho para descargar en nuestros soportes "canonizados"?

2) Dicen que van a cerrar varias páginas de descargas. Si nos ceñimos a "páginas de descargas", son muy pocas las que cerrarían, porque lo que hacen muchas de ellas es enlazarte la descarga en eMule, por ejemplo, con lo cual, y esto es lo importante: no te dicen dónde está el archivo, sino quien lo tiene para compartirlo. Eso también es delito?

Como bien han dicho arriba, el avance tecnológico es lo que tiene. Si quieren sustentar a cuatro vividores a cambio de frenar el avance tecnológico, ellos verán y cargarán con las consecuencias.

La Ministra de cultura es la peor valorada del gobierno, apenas sale en los medios de comunicación, se esconde, pero se reune con el grupillo de derechos de autor le han comido el tarro defiende más a estos personajes que al resto de los españoles.

Este gobierno cada vez cae más bajo recuciendo libertades a los ciudadanos,la verda lo tiene dificil de ganar proximas elecciones, creo que se tiene que poner más con el ciudadano.