San Mateo de Gállego - Zaragoza

Diario El Plural 08/03/10:

La Iglesia sigue aprovechándose de la modificación que hizo el Gobierno de José María Aznar en 1996 de la Ley Hipotecaria para registrar a su nombre iglesias, casas sacerdotales e incluso fincas o plazas públicas. La mayoría de los casos se da en pequeños municipios en los que los vecinos y ayuntamientos se ven incapaces de recurrir estas inmatriculaciones al carecer de documentos en los que se reconozca que el pueblo ha sido el propietario y el encargado de cuidar y financiar estos diversos bienes inmuebles. En muchos casos, además, el municipio se entera de la jugada de la Iglesia varios años después de que se produzca el registro, ya que este puede hacerse sin publicidad.

Como ha venido informando El Plural, la reforma que hizo el Gobierno de José María Aznar en 1996 de la Ley Hipotecaria se ha convertido en un filón para la Conferencia Episcopal, que ahora tiene la capacidad legar de registrar a nombre de la Iglesia todo tipo de propiedades que nunca habían tenido dueño y que habían sido atendidas y utilizadas por los ayuntamientos o por los vecinos y fieles de las localidades. No hay ningún informe a nivel nacional que indique el número de inmatriculaciones que han hecho desde 1996 por esta vía. Los únicos datos oficiales son los de Navarra, donde la Iglesia se hizo con más de mil propiedades hasta 2007.

"Que nos lleven ante los tribunales"
Según un reportaje de Público, la Iglesia trata de lavarse las manos ante esta polémica. El ecónomo diocesano y delegado episcopal para el patrimonio, Javier Aizpún, asegura que la Conferencia Episcopal no quiere “nada que no sea nuestro”, por lo que invita a que “si quieren reclamar, los reclamantes deberían llevar al arzobispado a los tribunales”, aunque él mismo reconoce que “hasta ahora, ninguno lo ha hecho”.

Problemas para denunciar
Pero el problema está en que los municipios en los que se hacen estos registros suelen chocar, por un lado, con el desconocimiento tanto de los registros como del camino a seguir para recurrirlos, y, por otro, con la protección que ofrece a la Iglesia la propia Ley Hipotecaria. Gracias a ella, basta con que los obispos den fe de que el bien pertenece a la Iglesia para hacer la inscripción, que ni siquiera tiene que ponerse en conocimiento público. No hacen falta poderes notariales ni administrativos, algo que muchos expertos consideran inconstitucional, junto con la propia norma de Aznar.

No jodas... ¿y qué podemos hacer...?