Villaverde de Medina - Valladolid

La investigación del 'caso Gürtel'
El PP busca corrupción en el PSOE valenciano para tapar el escándalo
La televisión autonómica oculta la imputación del presidente Camps
C. VÁZQUEZ / J. FERRANDIS - Valencia - 16/05/2009

La imputación del presidente valenciano, Francisco Camps (PP), por un supuesto delito de cohecho ha liberado a los socialistas valencianos, principal partido de la oposición en esa comunidad autónoma, del tono contenido y prudente que habían adoptado desde que estalló el caso Gürtel.

Una noticia a medias

Camps dice que el PP trabaja "legítimamente, dignamente, en cada proceso electoral"
Francisco Camps Ortiz

Ahora, tras conocerse la citación judicial, el secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, ha pasado a la ofensiva. El jueves comparecía, horas después de hacerse pública la providencia del Tribunal Superior de Justicia, exigiendo la dimisión de Camps. Unas semanas antes lo había avanzado: "Los socialistas iremos unos pasos por detrás de las decisiones de los jueces". El entorno de Alarte ha dejado recaer el peso de una oposición con más mordiente en el portavoz parlamentario, Ángel Luna.

Los populares valencianos siguieron ayer con la campaña de apoyo al presidente de la Generalitat en tono superlativo -él sólo incluyó en su agenda institucional un acto en el que, como viene siendo habitual, no se aceptaron preguntas-. El vicepresidente primero del Gobierno valenciano, Vicente Rambla, preguntado por si acompañará a Camps a declarar ante el juez, respondió: "Si el juez me dejara lo acompañaría hasta dentro; y el resto de miembros del Gobierno, también".

La unanimidad no es tal. Dirigentes del PP, como el presidente del partido en Alicante, el zaplanista José Joaquín Ripoll, afirmó que "Camps siempre tomará las decisiones que sean mejores para el partido". Aunque no aclaró si ello significa dimitir.

La estrategia de ensalzar la figura de Camps puesta en marcha por el PP valenciano estuvo acompañada de una segunda fase basada en acusar a los socialistas de orquestar "una campaña difamatoria llena de insidias" y tramar "un montaje seudopolítico" para intentar ganar en las próximas elecciones europeas. Unas elecciones que, según el consejero de Inmigración, Rafael Blasco, serán "el comienzo del funeral político de Zapatero y la mortaja de Alarte", informa Jaime Prats.

La situación no es nueva. Desde que saltó el caso de los trajes, los populares han iniciado una auténtica ofensiva en los principales ayuntamientos socialistas. En Alaquàs, ayuntamiento gobernado por Jorge Alarte, el PSPV denunciaba hace poco que, desde que estalló el caso Gürtel, "el PP ha pasado de 30 preguntas anuales a 250 en un mes". El propio secretario general de los socialistas valencianos, cansado del hostigamiento, aireó ante los micrófonos y las cámaras de televisión que el PP tenía en su sede un panel con fotos y datos de él y de su familia, para investigarlos. "Creen que, si hay 20 o 30 imputados de diferentes partidos, los trajes de Camps y, en general, el caso Gürtel parecerá una tontería", sostienen en el PSPV.

Simultáneamente, desde el PP se insistió ayer en denunciar supuestas actuaciones irregulares, con base o sin ella, del secretario general del PSPV, Jorge Alarte, y del alcalde socialista de Elche, Alejandro Soler. Sólo en este caso el PP tiene una base sólida: el regidor socialista está imputado por un juez por malversación y prevaricación por pagar con fondos municipales facturas del partido.

El argumentario defensivo de los populares cuenta con la colaboración de un potente altavoz: Canal 9, la televisión pública valenciana. Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) obvió la condición de imputado de Camps y su número dos, Ricardo Costa. La noticia de la citación judicial del presidente -sin decir que está imputado- se dio en mitad del informativo vespertino, dentro de un bloque de noticias breves y antes de otro relacionado con la ley del aborto. A las pocas horas, los sindicatos, la Unió de Periodistes Valencians, el partido socialista y el grupo parlamentario de Compromís pel País Valencià denunciaban la censura y pedían la dimisión del director general del ente. Ayer, Esquerra Unida informó de que el Canal 24 horas, de RTVV, ni siquiera dio la noticia.

El mismo canal ha ocultado que el director general de RTVV, Pedro García, figura entre las personas que supuestamente recibieron trajes de Milano y Forever Young pagados por las empresas de la trama corrupta, según la documentación que consta en el sumario de la Operación Gürtel. Pedro García es, además, amigo personal del Álvaro Pérez, El Bigotes, responsable de Orange Market, una de las empresas de la trama.

TOMÁS GÓMEZ


Recorro estos días ciudades y pueblos de Madrid: participo en los numerosos mítines en los que los socialistas explicamos las razones para votar nuestra lista al Parlamento Europeo. Estoy en contacto, cara a cara, con miles de hombres y mujeres que llenan los recintos habilitados para los actos electorales, y en todos los sitios advierto el mismo espíritu que, simbólicamente, se llama ya el de Vistalegre.

He comprobado de nuevo la imprescindible exigencia de que los políticos bajemos a la calle para dar a conocer nuestras ideas ante la necesidad de superar las barreras de incomunicación que se levantan para silenciar nuestros mensajes en algunos poderosos despachos, y os aseguro que me impresiona la respuesta que recibo cuando en mi discurso introduzco la referencia directa a la insoportable situación que estamos sufriendo en la Comunidad de Madrid. Esos miles de madrileños que interrumpen para aplaudir las denuncias a la corrupción que afecta ya,
inequívocamente, a tantos personajes y personajillos del entorno de Esperanza Aguirre comparten plenamente la necesidad de utilizar todos los recursos, políticos y legales, que nuestro partido ha puesto en marcha.

La gente está harta del supuesto sentimiento de impunidad que blinda los desmanes del Partido Popular y nosotros, desde la oposición, tenemos que cumplir el doble mandato de las urnas: presentar propuestas alternativas y controlar al Gobierno de la Comunidad de Madrid. Estamos trabajando en ambas direcciones, pero parece que, ante la incapacidad del equipo de Gobierno de abrirse al mínimo dialogo constructivo con la oposición para abordar los problemas reales que hacen referencia a la crisis económica, el paro, la sanidad o la educación, en un esfuerzo coordinado al servicio de los ciudadanos, una lectura realista de la situación nos conduce a la única alternativa de esperar al año 2011 para poner en marcha nuestras ideas desde el Gobierno de la Comunidad.

Con el horizonte de esa fecha, sin olvidar nunca que no se trata de conseguir el poder por el poder, sino de transformar la sociedad, ahora nos vemos obligados a denunciar sistemáticamente, sin desmayo, aunque el grito de la protesta intente acallarse o minimizarse en razón de oscuras motivaciones que pervierten el libre juego de la expresión plural de las ideas, todos y cada uno de los casos en los que la corrupción o el uso sectario de las instituciones convierten a esta región española en el más triste ejemplo de decadencia democrática. Es una situación de emergencia.

Los socialistas madrileños acabamos de anunciar un conjunto de actuaciones parlamentarias y legales, utilizando todos los recursos a nuestro alcance, para que se esclarezcan las fundadas sospechas de utilización ilegal de fondos, sea cual sea su procedencia, para el desarrollo de las campañas electorales del PP en Madrid. Queremos que actúe la Fiscalía Anticorrupción, la Inspección de Hacienda, el Tribunal de Cuentas y la Junta Electoral Central, que vela por la transparencia y legalidad de los procesos electorales. Queremos saber si el entusiasmo que despierta la señora Aguirre entre los sectores económicos más poderosos no esconde algo más que una simple comunión ideológica. Y lo queremos saber, estimulando a las instituciones encargadas de cuidar los intereses de los ciudadanos, porque es ahí donde se concentran los recursos para hacerlo después de que algún medio de comunicación haya cumplido con su deber de denuncia.

Personalmente, estoy dispuesto a soportar todo tipo de querellas, hasta ahora la única contestación recibida a mi solicitud de explicaciones ante comportamientos sospechosos que van convirtiéndose en certidumbres morales. ¡Qué gran oportunidad para llegar al total conocimiento de los hechos! Hay demasiadas preguntas sin respuesta. Por ejemplo: ¿Qué impide a Esperanza Aguirre exigir a sus diputados imputados la renuncia a sus escaños o a los ex alcaldes imputados que abandonen sus concejalías. ¿Por qué clausuró abruptamente la Comisión de Investigación sobre el espionaje impidiendo declarar a supuestas víctimas que pertenecen a su propio partido y que insisten en sus denuncias? ¿Por qué se niega el conocimiento de la declaración de bienes del Consejero de Presidencia, Justicia e Interior?

Lejos de mí cualquier entusiasmo por la judicialización de la política. En democracia deben existir suficientes cauces en el ámbito parlamentario o en el debate de los medios para que el ciudadano pueda acceder al conocimiento de los hechos y forme su propio juicio. Lamentablemente, esas vías están obstruidas en Madrid, pero no tanto como para que la opinión pública no vaya percibiendo la realidad y exigiendo a la oposición que actúe contundentemente. Ese es el mensaje que recibo en mis encuentros con los madrileños y al que no puedo traicionar. Me corresponde dirigir el trabajo de un gran partido que en sus 130 años de historia en Madrid ha pasado por muy difíciles circunstancias, por eso estamos muy curtidos y en disposición de levantarnos cada mañana con toda la ilusión puesta en la defensa de nuestras ideas.
Seguiremos forzando al máximo, pese a todas las artimañas reglamentarias al servicio de una mayoría absoluta, nuestros recursos parlamentarios en la Asamblea de Madrid, iremos a los tribunales cada vez que haga falta, pero, sobre todo, seguiremos pisando la calle, recogiendo firmas contra la privatización de la sanidad, acompañando a los trabajadores en sus demandas y explicando a los colectivos ciudadanos nuestras posiciones. Y prometo que nadie fuera de nuestras filas, y ahí siento a todos los hombres y mujeres que exigen el cambio en Madrid, va a frenar o condicionar
nuestro rumbo.

Tomás Gómez es secretario general del PSM-PSOE

POBRES FACHITAS, QUE PENITA DAN