Nava del Rey - Valladolid

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía ha concluido la primera fase de la operación Edu con el hallazgo de sólidos indicios de fraude en la gestión de los fondos públicos para la formación de trabajadores. Las pruebas se refieren a un único expediente de ayudas aprobado en 2010 por la Junta de Andalucía que sirvió para financiar diferentes acciones formativas en la provincia de Málaga, pero los expertos en delitos económicos de la Policía han recabado datos que apuntan a la existencia de una conducta ilícita generalizada que afectaría a muchas otras convocatorias. Además, han conseguido informaciones sobre las empresas implicadas que les van a permitir extender el foco de las pesquisas a otras regiones andaluzas.

Según fuentes cercanas a la investigación consultadas por este diario, el informe que ha redactado la UDEF con las conclusiones definitivas de esa primera parte de la operación Edu es “completamente demoledor”. El documento acredita que al menos 17 de las 20 empresas del expediente de 2010 analizado habrían destinado el dinero de las ayudas para la formación de trabajadores a fines distintos los que estipulaba esa convocatoria de la Junta de Andalucía.

Los beneficiarios de las subvenciones tampoco habrían respetado los requisitos de ese expediente. Los funcionarios de la UDEF pudieron comprobar en los interrogatorios a alumnos y tutores que han realizado en el último mes que, tal y como sospechaban, esas 17 empresas no cumplieron con la obligación de contratar al 60% de los trabajadores que participaron en las formaciones al concluir el periodo lectivo. Algunas de esas sociedades ni siquiera contaban con la experiencia ni el personal necesario para ofrecer servicios de formación. Es decir, que la Junta nunca debería haberles concedido las ayudas.

Presencia en otras provincias

No obstante, la UDEF se centra por ahora en describir el presunto comportamiento delictivo de los administradores de esas 17 mercantiles, según revelan las fuentes preguntadas. Se da la circunstancia de que algunos de esos empresarios señalados por la investigación tienen también firmas en el resto de provincias andaluzas con las que consiguieron otras subvenciones, un hallazgo que puede permitir a los policías ampliar el ámbito de la operación Edu. Uno de los administradores del expediente de Málaga, por ejemplo, también es propietario de centros de formación en Córdoba, Jaén, Granada, Sevilla y Almería.

Lo cierto es que, aunque los agentes han comenzado centrándose en una sola convocatoria de Málaga, ya disponen de documentos y testimonios suficientes para sostener que la presunta malversación de las ayudas para cursos se habría producido en toda la comunidad con una incidencia masiva. En ese contexto, la UDEF espera que las conclusiones de la primera fase de la investigación sirvan para justificar el salto de Málaga al resto de demarcaciones andaluzas.

Se enviará esta semana

Según ha podido saber El Confidencial, la redacción del informe de conclusiones ya ha terminado y será remitido esta misma semana a la Fiscalía Anticorrupción de Málaga, el órgano que ha supervisado los primeros pasos de la operación Edu. La UDEF pretendía enviárselo la semana pasada para agilizar el procedimiento, pero finalmente tuvo que aplazar unos días la entrega por el enorme volumen de la documentación generada únicamente en la fase inicial de las pesquisas.

Una vez reciba el informe de conclusiones de la Policía, el representante del Ministerio Público deberá valorar si los hechos que refleja son suficientes para dar traslado de las pesquisas a un juzgado de instrucción. Todo indica que así será. A partir de ese momento, la operación Edu pasaría a estar dirigida por un magistrado. El Ministerio del Interior quiere que ese trámite se produzca cuanto antes para evitar que la seguridad jurídica de los potenciales encausados pueda verse lesionada.
https://www.foro-ciudad.com/valladolid/nava-del-rey/?ac=2&idforo=19391

Desbandada en la UDEF: el policía que encarceló a Díaz Ferrán deja la lucha contra la corrupción El inspector que llevaba la 'Operación Crucero' pasa al sector privado y su 'número 2' en el caso pide el cambio a otro grupo. Las salidas se producen días antes de que Interior elija quién dirigirá las brigadas que investigan los casos Gürtel y Bárcenas.

De grupo policial estrella a destino casi maldito. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), responsable entre otros de la investigación de los casos 'Gürtel' y 'Bárcenas', vive jornadas convulsas. La última, con la reciente salida del inspector que ha dirigido con éxito la 'Operación Crucero' que permitió encarcelar al expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y al 'liquidador' de Marsans, Ángel de Cabo. Este mando policial ha abandonado la jefatura del grupo de la Brigada de Blanqueo de Capitales que dirigía para pasar a la empresa privada. No ha sido el Zx fúnico. La inspectora responsable del otro grupo que participó en esta investigación, también con amplia experiencia en la lucha contra la corrupción, ha pedido pasar a otro destino dentro de la UDEF, la Brigada de Inteligencia Financiera, no directamente implicada en las pesquisas de los casos más polémicos. El doble cambio se produce escasos días después de que Interior haya anunciado una congvocatoria para cubrir por "el procedimiento de libre designación" (a dedo) las plazas, entre otras, de los máximos responsables de cuatro de las cinco brigadas que integran en la Unidad.

El doble cambio no afectará, sin embargo, a la investigación del saqueo del grupo Marsans. Según destacan fuentes policiales a este diario, las pesquisas sobre las actividades supuestamente delictivas de Díaz Ferrán y el resto de imputados en la causa están prácticamente finalizadas y sólo queda que el juez de la Audiencia Nacional que instruye la causa, Eloy Velasco, dé por concluso el sumario y lo eleve a la sala para que ésta fije la fecha de celebración del juicio. De hecho, apuntan que ambos agentes han esperado a finalizar las mismas para consumar su salida. Sin embargo, estas mismas fuentes insisten en que el movimiento es muy significativo del mal ambiente que se vive actualmente en la UDEF, fruto de las supuestas presiones políticas surgidas después de que varios informes elaborados por sus agentes para el 'caso Gürtel' pusieran contra las cuerdas a una integrante del Ejecutivo de Mariano Rajoy, la ministra de Sanidad, Ana Mato. "No son los primeros ni serán los últimos en marcharse", augura una de las fuentes consultadas, que recalca que en el último año un grupo significativo de los policías que contaban con amplia experiencia en la lucha contra este tipo de delincuencia económica ha ido saliendo en busca de destinos con 'menos carga política'.

Siempre según estas fuentes, esto se ha traducido en una carencia de efectivos en un momento en el que los diferentes juzgados que investigan casos de corrupción reclaman más pesquisas a la Policía, lo que ya ha provocado varios roces con los representantes del poder judicial. De hecho, el pasado martes, los jueces José Castro y Pablo Ruz dictaron sendas providencias en las que echaban un serio rapapolvo a la UDEF por no haber entregado informes que habían solicitado hace tiempo y sin los cuales no pueden avanzar, respectivamente, en los casos 'Nóos' y de los 'papeles de Bárcenas'. Las fuentes policiales consultadas insisten en que gran parte de dichos retrasos es consecuencia del exceso de trabajo acumulado por la marcha de funcionarios y la necesidad de adiestrar a los agentes que se han incorporado para relevar a los que salen. "Un policía recién llegado a una unidad tan especializada tarda un tiempo en alcanzar la capacidad de investigación de los veteranos a los que sustituyen y esto necesariamente se ha terminado notando". El resto de la tardanza la adjudican al interés de determinados mandos en "leer y releer" dichos análisis policiales antes de que sean enviados a los magistrados instructores para evitar nuevas situaciones comprometidas con el Gobierno.

Más cambios en breve

La regañina judicial es, sin embargo, el último episodio que sacude a una unidad que el propio Ministerio del Interior ha puesto en el disparadero con la reciente convocatoria para cubrir 'a dedo' cuatro jefaturas de sus cinco brigadas. Aunque a la misma pueden aspirar los comisarios que actualmente las ocupan, fuentes policiales han confirmado a este diario que al menos uno de los afectados ya ha anunciado a su círculo más cercano que no optará a la misma convencido de que "ya está dada" a otro mando. Desde la Dirección General de la Policía se insiste en que este procedimiento, que estará concluido las próximas Navidades, es el ordinario para acabar con la provisionalidad de los mandos que actualmente ocupan estos puestos. No obstante, en el seno de la propia Unidad existe el convencimiento de que su convocatoria precisamente ahora busca que algunos de sus actuales responsables renuncien a aspirar al puesto para colocar en su lugar a otros mandos más cercanos.

A ello se une el convencimiento de que el actual jefe de la propia UDEF, el comisario Manuel Vázquez, también estudia pedir su traslado a otra unidad después de haber reconocido a su círculo más próximo las enormes presiones que ha recibido en los últimos meses por los informes de la 'Gürtel' y el desmentido que hizo del llamado informe 'fantasma' que acusaba a Artur Mas y la familia Pujol de tener cuentas en Suiza. El propio Ministerio del Interior le ha tendido un 'puente de plata' al convocar la plaza de jefe de la Unidad de Investigaciones Tecnológicas, un puesto nuevo tras la reciente creación de este grupo de lucha contra el cibercrimen. Los alicientes para el comisario son varios. En primer lugar, sería el regreso a un tipo de investigación que conoce perfectamente, ya que hasta que hace año y medio fue ascendido a jefe de la UDEF él era el responsable de la Brigada de Investigación Tecnológica, el antecesor de la nueva unidad y que ahora ha sido absorbida por la misma. Además, mantendría el nivel 29 en la Administración y el consiguiente complemento salarial, cercano a los 26.000 euros anuales.

El pasado verano ya circularon rumores de que el comisario Vázquez iba a ser cesado junto al que entonces era su superior, el comisario general de Policía Judicial, José García Losada, una decisión que finalmente frenaron desde Moncloa para evitar precisamente el revuelo mediático de la medida en pleno auge del 'caso Bárcenas'. Losada fue finalmente relevado de su puesto hace menos de dos meses, cuando llevaba sólo un año en el puesto, para ser trasladado a un puesto burocrático. La caída de éste ya provocó rcevuelo en el seno de la propia Policía y en los grupos parlamentarios de la oposición, que han pedido explicaciones al Gobierno en el Congreso sobre lo que consideran un cambio 'sospechoso' en un momento clave para dilucidar el archivo o no de la investigación sobre la supuesta contabilidad B del PP

Una polémica que, sin embargo, no parece haber afectado a los planes del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien la semana pasada ya dejó entrever en una comparecencia ante la prensa que habrá más cambios al defender que el nuevo comisario general, José Santiago Sánchez Aparicio, puede realizar los cambios que considerase oportunos en las unidades bajo su responsabilidad para crear "su propio equipo de trabajo". El terremoto en la UDEF no ha terminado. El próximo temblor, el lunes 25 de noviembre, cuando concluya el plazo para optar a los jefaturas de las brigadas de la UDEF y se conozcan las identidades de los que optan a ellas y los que tiran la toalla.

21/11/2013