Vilallonga/Villalonga - Valencia

Los consistorios que no rindan cuentas ni sean transparentes en su gestión perderán todo tipo de subvenciones y ayudas estatales y sus dirigentes tendrán que responder de forma personal a las sanciones que se impongan al municipio en aplicación a la nueva Ley de Transparencia que tramita el Gobierno. Así lo recoge el borrador de la norma de haciendas locales, y que el Ejecutivo de Mariano Rajoy espera tener listo el mes que viene.

Los técnicos del Instituto Nacional de Administración Pública elaboraron ya en mayo la versión 1.2 de la modificación de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, o lo que es lo mismo, la norma que controla las competencias de los ayuntamientos. Ahora ese borrador está en manos de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que a principios de septiembre dará su veredicto.

De momento, según recoge el documento de Hacienda, los consistorios serán los únicos responsables de sus gastos y estarán sujetos a la Ley de Estabilidad Presupuestaria, así como a la nueva norma de transparencia, que se encuentra en trámite parlamentario y que recoge sanciones tales como la destitución de cargos públicos y su inhabilitación para ejercerlos. Además de perder derecho a recibir ayudas del resto de Administraciones cuando incumplan su deber de presentar un informe con la justificación de sus gastos ante el Tribunal de Cuentas –una circunstancia que ahora es la tónica habitual–, los ayuntamientos verán reducidas sensiblemente sus competencias.

Según el borrador de ley, los municipios no tendrán que seguir sufragando los gastos de conservación y mantenimiento de los colegios públicos. Una competencia que, sin embargo, no echarán de menos los alcaldes, que se han quejado amargamente de tener que abonar los gastos corrientes de los centros sin tener potestad para incidir en su gestión, pues las competencias de educación recaen en las comunidades autónomas.

Reglas de juego

La nueva norma, que modifica la ley de 1985, tiene algunas “reglas ineludibles”. La primera, según recoge el borrador, que “cada municipio es responsable de los gastos asumidos sin posibilidad alguna de que cualquier otra Administración pueda financiarlos de forma extraordinaria”.

Además, las diputaciones provinciales tendrán un papel clave en la nueva gestión de los pueblos españoles. Así, esta escala intermedia del Estado que muchos han denostado será la encargada de “gestionar servicios obligatorios de los municipios de menos de 20.000 habitantes”.

Es más, si se aprueba este borrador, los ayuntamientos tendrán que pasar un examen anual para determinar si han cubierto de forma positiva con los servicios mínimos. De no ser así, las diputaciones asumirán también la prestación de los mismos.

Y sobre todas estas modificaciones pivotará un objetivo primordial: el cumplimiento con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad financiera.

A la vuelta de las vacaciones la FEMP presentará sus propuestas en la reunión de la Comisión Nacional de Administración Local, para la cual todavía no hay una fecha fijada. Lo que es seguro, explican desde el Ministerio de Hacienda, es que en esa cita se aprobará el borrador de la reforma que se trasladará al Consejo de Ministros inmediatamente. Según las mismas fuentes, ese mismo mes el Gobierno dará luz verde al anteproyecto de ley para comenzar con su tramitación parlamentaria.

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