Domeño - Valencia

La corrupción política en España ha sustraído en los últimos 10 años, y en tan sólo 28 casos, 4.158 millones de euros. Así se deduce de las memorias de la Fiscalía Anticorrupción y de otros procedimientos abiertos en diferentes Tribunales Superiores de Justicia.

También hay que resaltar que en el año 2005 España se encontraba en el puesto 23 del ranking de corrupción mundial, según un informe de la ONG Trasparencia Internacional. Uno de los casos más importantes de los últimos 10 años es el saqueo I de Marbella, que reveló EL MUNDO en 1999, y donde se defraudaron 25 millones de euros.

Y en el reciente 'caso Pretoria', donde han sido detenidos el alcalde socialista de Santa Coloma de Gramanet y dos ex altos cargos de Convergència, entre otros, se calcula que el fraude asciende a 45 millones de euros. Es decir, unos 70 millones en tan sólo dos casos.

En los próximos meses, la Audiencia Nacional señalará la fecha del inicio de la vista oral del saqueo II de Marbella -descubierto también por este periódico en 2003- y donde el actor principal volverá a ser Juan Antonio Roca.

El dinero defraudado en Marbella entre 1999 y 2006, y detectado tanto por la Fiscalía Anticorrupción como por el Tribunal de Cuentas, ascendería a la friolera de unos 314,6 millones de euros.

En años posteriores, la corrupción fue tomando cuerpo y en 2001 se destapó el caso Gescartera. Al frente de la sociedad de inversiones Gescartera estaba Antonio Camacho, que estafó unos 88 millones de euros a sus clientes.

El año 2006, según se desprende de la memoria de la Fiscalía Anticorrupción, fue el punto de inflexión de la corrupción urbanística y en ese periodo se dieron casos tan importantes como: Ciempozuelos (40 millones de euros), Malaya (2.400) y Andratx (cinco).

La Fiscalía Anticorrupción analiza y explica en su memoria de 2006 por qué se han descubierto muchos más casos de corrupción en ese periodo y llega a la conclusión de que todo ello es producto de "un trabajo realizado con mayor profundidad de lo desarrollado habitualmente".

El 'caso Malaya', cuya investigación se inició a finales de 2005, marcó un antes y un después en el destape de escándalos de corrupción urbanística y política en España. Desde que se detuviera en 2006 por ese caso a la entonces alcaldesa de Marbella (Málaga), Marisol Yagüe (GIL), otros 19 regidores municipales en el ejercicio de sus funciones han sido detenidos y han sido imputados otras decenas de alcaldes y concejales, y hasta ex presidentes de comunidades autónomas, de todos los signos políticos y en todos los rincones de España, incluidos los archipiélagos.

Pero antes del 'caso Malaya' también había corrupción urbanística y política, que tiene especialmente en los ayuntamientos de la costa un caldo de cultivo importante. Los recientes casos de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Castro de Rei (Lugo) o El Ejido (Almería) vienen a engrosar la cifra del más de medio centenar de ayuntamientos españoles con casos de corrupción, en investigación o ya sentenciados, y más de 800 imputados entre políticos, funcionarios o empresarios.

Por el caso de Santa Coloma de Gramenet, la denominada 'Operación Pretoria', están en prisión el alcalde, Bartomeu Muñoz, del PSC, y dos ex altos cargos de CiU con Jordi Pujol, por su presunta implicación en una trama a la que se imputan modificaciones de ordenación urbana, cobro de comisiones, cohecho y fraude a la Hacienda Pública, entre otros delitos.


Prisión para el alcalde de Santa Coloma y otros cuatro detenidos Prisión para el alcalde de Santa Coloma y otros cuatro detenidos
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En la 'Operación Poniente', desatada también este pasado octubre, fueron detenidos el alcalde de El Ejido, Juan Enciso (PAL) -en prisión incondicional-, y otras 19 personas, entre ellas el interventor municipal y el ex gerente de una sociedad municipal, además de varios empresarios, por delitos de blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y falsedad en documento mercantil.

El caso de Castro de Rei, en el que fueron detenidos el alcalde, Juan José Díaz Valiño (PSOE) y otros tres concejales, dos de ellos socialistas y uno de Terra Galega, no se encuadra específicamente en la corrupción urbanística, aunque sí contempla presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias, pero en esta ocasión por presuntas irregularidades en la tramitación de expedientes sancionadores en la Jefatura Provincial de Tráfico. En definitiva, un presunto uso del cargo público para el provecho personal.

En Sevilla, este año también se destapó el 'caso Mercasevilla' -una sociedad participada por el Ayuntamiento y una sociedad estatal-, en el que están imputados un alto cargo de la Junta de Andalucía, el delegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas (PSOE), el ex gerente de la sociedad y varias personas más. Se investiga la presunta petición de una comisión de 450.000 euros a dos empresarios a cambio de subvenciones de la Junta, además de la presunta venta fraudulenta de suelo.

Pero estos son sólo tres de los múltiples casos de corrupción que manchan el mapa de España y cuya investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción se incrementó notablemente a partir de 2006, coincidiendo con el 'caso Malaya'. Y eso, según la Fiscalía General del Estado, ha sido gracias, sobre todo, a la "perfecta coordinación" entre jueces, fiscales, Policía Judicial o la Agencia Tributaria y a una investigación "con mayor profundidad".

La corrupción afecta a todos los partidos políticos
Estos son, por comunidades autónomas, algunos de los casos más sonados de corrupción cuyos protagonistas han sido, en la mayoría de los casos, expulsados de sus partidos si no han dimitido antes:

Andalucía
Sólo el 'caso Malaya' se saldó con más de 100 procesados, con el paso por prisión de dos ex regidores municipales, Yagüe y Julián Muñoz (GIL) y con la primera disolución de un ayuntamiento (el de Marbella) en la historia de la democracia española.

En toda la comunidad hay más de 200 imputados por malversación de fondos, prevaricación urbanística o blanqueo de capitales. Entre los afectados, además del alcalde de El Ejido en Almería, del PAL -un partido escindido del PP-, también está imputado el de Almogía (Málaga), Cristóbal Torreblanca (PSOE); el de Estepona, Antonio Barrientos (PSOE), detenido en la 'Operación Astapa'; el de Alcaucín (Málaga), José Manuel Alba (PSOE); el de Zurgena (Almería), Cándido Trabalón (PA); o el de Alhaurín el Grande (Málaga), Juan Martín Serón (PP), entre otros.


Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana: 'caso Gürtel'
Uno de los casos más sonados ha sido el de la trama Gürtel, cuyos tentáculos se extienden por dos comunidades autónomas, la de Madrid y la Valenciana, y liderada por el empresario encarcelado Francisco Correa, presuntamente vinculada a cargos del PP en ambas autonomías. El caso ha costado el cargo al secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, pese a que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJCV) archivó su imputación y la del presidente de la Generalitat, Francisco Camps.

También en la Comunidad de Madrid se han visto afectados y están imputados -en total son 64 personas- diputados populares de la Asamblea de Madrid y varios alcaldes y ex regidores de municipios madrileños como Pozuelo, Boadilla del Monte o Majadahonda, mientras que un senador y un diputado del PP, Luis Bárcenas y Jesús Merino, están imputados por el Tribunal Supremo.

Pero los casos de corrupción no estas dos comunidades no se limitan a Gürtel. En Madrid, en el caso Ciempozuelos hay dos ex alcaldes socialistas, Pedro Antonio Torrejón y Joaquín Tejeiro, imputados en 2006 por el presunto cobro de una comisión de 40 millones de euros por beneficiar a una promotora; o el 'caso Guateque', en la capital, en el que están implicados varios funcionarios que presuntamente cobraron comisiones para agilizar las concesiones de licencias municipales.

En la Comunidad Valenciana, en 2008 ingresó en prisión provisional el alcalde de Bigastro (Alicante), José Joaquín Moya (PSOE), por presunta prevaricación por una permuta de terrenos en suelo industrial; también en octubre de 2008 fue detenido el alcalde de Zarra (Valencia), el independiente y ex socialista Juan José Rubio, por prevaricación, fraude y estafa; y ese mismo año, en julio, fue detenido el alcalde de Benitatxell (Alicante), el también independiente Juan Cardona, por presunta prevaricación en una recalificación de terrenos. El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra (PP), está imputado por delitos como tráfico de influencias, cohecho o fraude fiscal.

La corrupción en las islas
La corrupción también cruza 'charcos' y en Baleares está imputado, entre otros, el ex presidente del Govern, Jaume Matas (PP), en el denominado 'caso Palma Arena', por el sobrecoste en la construcción del velódromo de Palma de Mallorca; mientras que otros antiguos consejeros populares de su Ejecutivo están imputados en otros presuntos casos de corrupción, como Jaume Font, Josep Juan Cardona o Bartolomeu Vicens (UM). De éste último partido, Unió Mallorquina (UM), está imputada su presidenta y también del Parlamento balear, María Antonia Munar, por la presunta venta de solares públicos a mitad de precio.


La juez dicta orden de prisión sin fianza para el alcalde de Estepona La juez dicta orden de prisión sin fianza para el alcalde de Estepona
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También en Mallorca, en Andraxt, el ex alcalde Eugenio Hidalgo (PP) fue condenado a cuatro años de cárcel por corrupción urbanística por construir un chalet ilegal; y por presuntas irregularidades en ese mismo municipio la Fiscalía Anticorrupción se ha querellado contra el ex presidente balear Gabriel Cañellas.

A 2.500 kilómetros, en las Islas Canarias hay alrededor de 200 imputados entre políticos, funcionarios y empresarios en varios casos de corrupción. Uno de los más polémicos es el 'caso Faycan', por el presunto cobro de comisiones por la concesión de licencias de obras que se saldó con la detención del alcalde de Telde (Gran Canaria), Francisco Valido (PP) y cinco concejales; o el caso Las Teresitas, de presunta prevaricación y malversación en una compra de terrenos y en el que está imputado el alcalde, Miguel Zerolo (CC). También hay cargos del PP, PSOE, Coalición Canaria y otros partidos canarios implicados en casos de presunta corrupción en Santa Brígida (Gran Canaria), Yaiza (Lanzarote), Santa Lucía (Gran Canaria), Mogán (Gran Canaria) o El Rosario (Tenerife).

En el resto de la piel de toro
En otras comunidades autónomas tampoco se libran del mal de la corrupción. En Murcia hay alrededor de 40 imputados en varios casos, como el de Totana, que se saldó con la detención de su alcalde, José Martínez Andreo (PP), en noviembre de 2007, por el intento de cobro de comisiones a cambio de recalificaciones; o el de Torre Pacheco, cuyo primer edil, Daniel García Martín (PP), fue detenido en abril de 2008 por prevaricación y malversación en permutas de terrenos. También están imputados alcaldes y ex alcaldes de Águilas, Juan Ramírez (PP), Los Alcázares, Juan Escudero (PSOE), y Librilla, José Martínez García (PP).

En Aragón, en La Muela está imputada la alcaldesa, María Victoria Pinilla (PAR), y un concejal por su implicación en una trama de corrupción urbanística; en Cantabria, está imputado el alcalde de Castro Urdiales, Fernando Muguruza (no adscrito a ningún partido y expulsado del regionalista PRC), por presunta prevaricación en la construcción de viviendas; en Extremadura está imputado el ex alcalde de Plasenzuela José Luis Villegas (PSOE); en Castilla-La Mancha, el ex alcalde de Seseña José Luis Martín (PSOE), está imputado por prevaricación, cohecho y delitos contra la Hacienda Pública por la recalificación del suelo para la urbanización de Paco El Pocero.

En Galicia, además del reciente caso de Castro de Rei, en Gondomar (Pontevedra) fueron detenidos dos concejales del PP en 2007 por el cobro de comisiones y el fiscal pide dos años de inhabilitación para el alcalde de Portas, Roberto Vázquez (PP), por supuesto trato de favor a sus empresas desde el ayuntamiento.

Dicen las últimas encuestas del C.I.S. que una de las mayores preocupaciones de los españoles es el comportamiento general de la clase política.


No es para menos. Con casos como el de Jaume Matas, expresidente Balear por el Partido Popular e imputado con varios cargos por corrupción, lo más normal sería que los españoles decidieran echar a la mayor parte de la clase política al mar y comenzar de nuevo.


Siempre me surgen las mismas preguntas con cada caso conocido de corrupción entre políticos y otros servidores públicos: ¿Nadie de su entorno vio nada? ¿Nadie supo nada?


Cualquier corrupto medianamente listo sabe que el mejor modo de protegerse es haciendo partícipes a otros. No ha habido un solo caso importante de corrupción en el que no se haya descubierto una organización, más o menos extensa, de personas que se llevaban mayores o menores comisiones por sus servicios. No creo que todo este asunto de Jaume Matas vaya a ser una excepción. Hay operaciones demasiado grandes y complicadas para ser obra de una sola persona, como se pudo comprobar en otras situaciones similares tales como la Operación Malaya.


Pero, afinando un poco más el objetivo de las preguntas anteriores, mi intención es mirar hacia la punta de la pirámide, no hacia la base que constituyen los “pringados” que caen a las primeras de cambio nada más comenzar la instrucción de diligencias previas al juicio. Quizás el caso Matas no sea el más indicado para lo que voy a exponer porque, aún siendo un escándalo económico y político en toda regla, no se ha comentado nada concreto de delitos urbanísticos, que suelen ser los que más dinero mueven. Pero si que pueden existir ciertos paralelismos. ¿Cómo es posible que nadie, en altas instancias, haya sentido al menos curiosidad cuando un político o funcionario viven por encima de las posibilidades que corresponderían a las retribuciones que se les paga? Aún más: Ante casos tan flagrantes de sospechas fundadas, ¿por qué Hacienda no investiga las irregularidades que seguramente existen en estas circunstancias?


Hasta el momento de subir estas líneas a Internet, Esperanza Aguirre ha sido la única que ha condenado firmemente, sin circunloquios, la corrupción política que pueda existir en su propio Partido Popular. Mariano Rajoy vuelve a perder la oportunidad de dar imagen de autoridad al haber evitado expresar una condena contundente. Es en ocasiones como estas en las que me viene a la memoria lo que José María García le dijo a Rajoy hace muchos años, según confesó a Jesús Quintero en cierta entrevista censurada en Televisión Española: “Hay algo que no me gusta de ti. Que por donde pasas no manchas, pero tampoco limpias”.


Yo dejaría al margen las declaraciones de cierto político socialista, que ha asegurado que la corrupción le llega al PP hasta el tuétano. Es patético. Como si un carterista acusara a otro de robar carteras. Si bien es cierto que Jaume Matas ha fallado a la confianza de sus electores, aunque todavía siga siendo presunto culpable, no creo que nadie que hable en nombre del PSOE tenga la más mínima autoridad moral para reprochar algo a cualquier otro partido, dados sus conocidos antecedentes.


El Abogado de Matas ha anunciado hoy que se hará efectiva la fianza de 3.000.000 € (la más alta pedida jamás en España) para evitar que el acusado ingrese en prisión hasta la celebración del juicio. Seguramente muchos nos preguntamos de dónde saldrá semejante cantidad de dinero. Más adelante quedará por ver si Jaume Matas puede justificarse o si será hallado culpable e ingresará definitivamente en prisión. Todo este asunto promete grandes titulares y tremendas confrontaciones políticas pero, al final solo habrá servido para que los partidos políticos tengan más madera para hacer la guerra.

corrruptos

alabras del pais. Oye y por que no pones los demas casos de corrupcion o es que solo ves lo que te interesa solo con el gobierno del Celipe le dan 40 patas a lo de ahora y sin GAL ni Cal:

la corrupción fue la causa de que el PP llegase al poder,pero el caso "GÚRTEL"es el escandalo más grande,por su cantidad de implicados como en dinero robado. Desde hace muchos años, nunca un caso a llenado tantas paginas en los diarios,sin duda es el caso del siglo en materia de corrupción.

Consuelo de tontos es pensar que el PP roba más que el PSOE (hablo a nivel nacional), los dos roban y no merecen nuestro respeto, que pareces tontO (caso filesa, PSC, Bono, etc...)

Los mismos llad.... que el Pesoe aunque con más categoria ya que se hacen merendillas con Montilla.

ya aparecio el poble migue

Eres vaquilla o Vaquillo .

yo diria que vaquillo

y tu quinto o sexto?

y tu macho o hembra o algun hibrido.

picaraza,chirivita,marianito,caricaba y diago.

La Caja Mágica, una de las grandes estrellas de los Juegos Olímpicos madrileños que no llegan, ha costado a los madrileños dos veces y media lo inicialmente presupuestado: de 120 millones a 294. Sorprendentemente, la noticia, reconocida por el propio Ayuntamiento, la ofrece este lunes El País

Antonio Garrigues considera que no es imposible luchar contra la corrupción.



Con estas palabras ha comenzado su exposición Antonio Garrigues Walker, como Patrono vitalicio de la Fundación Ortega y Gasset, en el acto de presentación del índice de percepción de la corrupción 2009 de Transparency Internacional que ha tenido lugar esta mañana en la sede de la Fundación.

Para Antonio Garrigues, la corrupción es controlable perfectamente, siempre que haya voluntad política. Ha manifestado, asimismo, que cuanta más transparencia, menos corrupción. Con informes de este tipo, dice, no se pretende destapar escándalos sino crear sistemas que controlen efectivamente la corrupción. Hay que superar esa cultura social que acepta sin más que tiene que haber corrupción, no podemos resignarnos ante este fenómeno.