Espinoso del Rey - Toledo

Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) propone en el Congreso "la supresión de las subvenciones a los partidos si no han cumplido con los requisitos de transparencia exigidos por el Tribunal de Cuentas y la deducción de las cuantías en las que los partidos se hubieran excedido en el gasto electoral". Dicho de forma más sencilla: que el Estado no dé ningún tipo de ayudas a aquellas fuerzas políticas que sean opacas en sus cuentas. La federación ha sido tradicionalmente una de las formaciones que más ha empujado para conseguir un mayor grado de transparencia en la clase política, más aún cuando el crédito de los partidos se hunde por los casos de corrupción. Para "profundizar" en la transparencia, Izquierda Plural también aboga por que las fundaciones ligadas a los partidos tengan las mismas limitaciones previstas para estos en su financiación.

Las otras enmiendas de IU casan con las quejas planteadas en otros momentos por su grupo: que las subvenciones del Estado se repartan "exclusivamente" en función del número de votos obtenido por cada formación en las últimas elecciones o que en caso de que los bancos quieran condonar las deudas contraídas por los partidos, sea "preceptivo el informe previo del Tribunal de Cuentas" (u órgano homólogo en las comunidades autónomas) y del Banco de España. La información relativa a los créditos concedidos por las entidades financieras, prosigue el grupo de Cayo Lara, debe estar "a disposición de todos los ciudadanos de forma accesible".


El PSOE sugiere que se vuelva a los niveles de 2007, y el PNV, que el ajuste sea sólo del 10%

Los socialistas también reclaman que se suprima el primer artículo del proyecto de reforma del Gobierno, que dice que será la Ley de Presupuestos la que fije cada año el importe de las subvenciones.

El PNV exige asimismo borrar ese artículo del texto, para que los partidos puedan contar con una previsión determinada de ingresos y para que sus recursos no estén "al albur de decisiones coyunturales anuales".

CiU no ha presentado modificaciones al texto del Gobierno.

ERC demanda que sean los partidos respondan subsidiariamente a la responsabilidad civil o a los delitos que hayan cometido sus cargos públicos.

UPyD quiere de uno a cuatro años de cárcel para los administradores de las fuerzas políticas que falseen sus cuentas y también que las cuentas de los partidos sean publicadas cada año para que las puedan conocer los ciudadanos.

El proyecto debe pasar ahora a debate a la Comisión Constitucional, para luego ser aprobado en el pleno del Congreso y de ahí viajar al Senado.

Por cierto a la iglesia se la ha recortado el 0%.

vacaciones de semana santa suprimirla al ser religiosa y trabajar todo el mundo

ole