Escalona - Toledo

Estos datos los he obtenido del diario ABC, y de Libertad Digital, en referencia al tema económico de la Seguridad Social y al tema de las Pensiones futuras:

Son varias y profundas las claves que incluye la reforma de pensiones que el Gobierno aprobará este viernes en Consejo de Ministros. En primer lugar, pretende retrasar la edad de jubilación desde los 65 a los 67 años de forma progresiva a partir del 2013 hasta el año 2025, según ha conformado el propio ministro de Trabajo, Celestino Corbacho. El texto contempla, además, que el objetivo último del Gobierno es que "el cálculo de la pensión debe realizarse sobre los periodos de cotización real, sin que el procedimiento pueda añadir o restar sin justificación periodos o bases de cálculo". Es decir, que el cálculo de la pensión a percibir se realice sobre toda la vida laboral lo que, según los expertos, podría reducir la prestación hasta en un 30% de media.

Prejubilaciones

Corbacho también ha señalado que las prejubilaciones de las empresas con beneficios no tengan coste para la Seguridad Social. En su opinión, sería "ilógico" pedir a una persona que trabaja en una pequeña empresa que espere unos meses para jubilarse a los 65 años, cuando "a su vecino, que trabaja en una empresa con beneficios, le mandan a casa con 55 años". Según explicó el ministro, no tiene "nada en contra" de que se jubile anticipadamente a trabajadores siempre y cuando corra a cargo de la empresa ese coste. Sin embargo, consideró que otra cosa es que esas empresas con beneficios quieran que una parte del gasto lo asuma la Seguridad Social. "Eso debería estar prohibido" afirmó el responsable de Trabajo e Inmigración.

Unificar las bases

El proyecto introduce la posibilidad de unificar las bases de cálculo, restringiendo así la pensión a la carta que realizan muchos autónomos, que deciden elevar la base de cotización en los 15 últimos años (los que hoy se tienen en cuenta para calcular la prestación) para obtener así la mayor cuantía posible. Según el texto, "la capacidad de elección de base de cotización debe limitarse para evitar una planificación prestacional desvinculada del nivel de ingresos del cotizante". En concreto, "debe establecerse una única base reguladora para el cálculo de todas las prestaciones del sistema, que utilice mecanismos homogéneos para configurar la media de las bases de cotización que la conforman", según el proyecto.

En la actualidad, existen bases distintas en función del régimen, (asalariados, autónomos, empleados del hogar). Con la reforma desaparecerían estas diferencias. Por otro lado, el proyecto incluye la posibilidad de eliminar la pensión de viudedad vitalicia para algunos casos como, por ejemplo, las convivencias familiares que han sido "breves" y en las que "no existen descendientes". De hecho, propone sustituir la actual pensión vitalicia por "una indemnización en pago único o una prestación temporal". Es más, según el texto, "la consideración de una edad determinada a partir de la cual sobrevive un cónyuge al otro o su pareja de hecho, que podría hacerse coincidir en torno a la legal de jubilación, también debería ser motivo para una reestructuración de la pensión de viudedad, tanto para el acceso al derecho como respecto de su cuantía".

Viudedad y orfandad

Por otro lado, aboga por estudiar "la compatibilidad de la pensión (de viudedad) con el trabajo", hasta ahora absoluta, estableciendo "una relación más flexible entre las rentas de trabajo y la pensión de viudedad". En cuanto a la pensión de orfandad, pretende otorgar a todos los descendientes los mismos derechos, independientemente de la relación familiar entre los progenitores.

Por último, abre la puerta a emplear diversas medidas, son contempladas hasta el momento, para estimar las futuras subidas y bajadas de pensiones como, por ejemplo, la evolución "del PIB, la tasa de dependencia o el desplazamiento de la edad legal de jubilación y la esperanza de vida a partir de los 65 años para que una combinación de las mismas puedan acompasar el crecimiento de los gastos con las posibilidades del sistema". "Tales parámetros deberían tenerse en cuenta para modular en su caso el periodo de carencia, el cómputo de la base reguladora, el porcentaje aplicable a la misma según el número de años cotizados".

Los partidos políticos con representación parlamentaria deben renovar esta legislatura el Pacto de Toledo, firmado en 1995 y que establece las bases del sistema de pensiones español. Aunque se renovó en 2002, el Gobierno y el PP quieren modificarlo, ya que según los datos oficiales del Ministerio de Trabajo, las pensiones de los que tienen menos de 50 años no están garantizadas.
Según se avanzó el pasado 11 de noviembre, el objetivo de los dos principales partidos es cambiar el sistema de cálculo de la pensión, ampliándolo a toda la vida laboral del trabajador. En la actualidad el plazo es de 15 años (los últimos antes de la jubilación) y la intención del PP y el PSOE es aumentarlo cada dos años en 12 meses, de forma que dentro de 20 o 30 años el cómputo del cálculo abarque ya toda la vida laboral.

Un informe elaborado para la Seguridad Social admite que “el alargamiento del periodo de cálculo de las pensiones de jubilación tendría, sin lugar a dudas un impacto negativo sobre aquellos que se jubilan a los 65 años”. Así, un aumento de 10 años en el modelo implicaría una rebaja cercana al 10%, si se suman los efectos de la reforma de 1997. Pero si se extiende el plazo a toda la vida laboral (unos 45 años) los efectos sobre el dinero que reciben todos los meses los jubilados sería devastador.
Un estudio publicado a este respecto por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada revela que la rebaja respecto a las cantidades actuales alcanzaría, al menos, el 30%.

Por lo tanto, habrá que estar atentos a las reuniones de la comisión parlamentaria que debate estas cuestiones. De momento ya existe borrador de la reforma y el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, junto con el líder del PP, Mariano Rajoy, quieren hacer de esta cuestión una de sus principales prioridades en el futuro. Este enfoque quedó patente en el encuentro que mantuvieron ambos en La Moncloa el pasado 14 de octubre, según señaló el presidente del Ejecutivo en rueda de prensa tras el encuentro.

"Hablar de todo lo que reúna consenso"

En el PSOE lo tienen claro, todo es negociable cuando del futuro de las pensiones se habla. La portavoz socialista en la comisión del Pacto de Toledo, Isabel López Chamosa, explica que la intención de su grupo es de “hablar de todo lo que reúna consenso”.
Por este motivo, elude mencionar propuestas concretas, aunque sí reitera que se debe hablar del cómputo de la pensión, recordando que el Pacto de Toledo habla de una mayor contributividad "no de toda la vida laboral".
Ahora es el momento de acordar cómo se logrará este objetivo. Por su parte, el portavoz del PP, Tomás Burgos, recalca que cualquier medida que se adopte exige “un desarrollo conjunto y equilibrado para no desnaturalizar el Pacto de Toledo”.

En cuanto a la ampliación de vida laboral, Burgos recuerda que en esta legislatura se debe fijar la fórmula gradual. En todo caso, dijo, el objetivo es “no perjudicar a los que están a punto de jubilarse ni a los que comienzan a cotizar”.

Burgos recalca que “no se puede perjudicar a los que están a punto de jubilarse ni a los que comienzan a cotizar”. Además, el PP espera que el Gobierno presente iniciativas, “sin ponerse a la defensiva", ya que su posición será la de "no lesionar derechos siempre que la fórmula que se presente se haga con gradualidad y cautelas”.
Asimismo, Burgos considera imprescindible concienciar a la sociedad de la necesidad de los planes complementarios a las pensiones públicas, porque “el último salario y la pensión se van a ir separando”. En este capítulo el PP pide al Gobierno que fomente el ahorro con un mejor tratamiento fiscal.

En cuanto a prolongar la vida laboral más allá de los 65 años, el PP cree que las bonificaciones deben orientarse a apoyar a colectivos con dificultades para encontrar trabajo. En ningún caso, fomentar el anticipo de la jubilación con recursos públicos.
Sobre las cotizaciones, desde el PP se considera “difícil tocarlas”, porque, a su juicio, con cotizaciones más bajas se destruyen empleo. Por su parte, el portavoz de CiU, Carles Campuzano, insiste en que todas las reformas se han hecho buscando la equidad y hacer sostenible el sistema. También defiende fórmulas graduales para ampliar a la vida laboral, y que se busquen “estrategias” para que cada vez más trabajadores tengan un plan de pensiones.

Por ello, no ve mal la reforma que se hizo en Suecia, donde se decidió que dos puntos de las cotizaciones de cada trabajador fueran a un plan de pensiones.
También defenderá una reforma “integral” de la pensión de viudedad y que no se discrimine a los trabajadores por su edad.
Finalmente, los sindicatos recuerdan a los partidos que todavía quedan puntos del Pacto de Toledo por desarrollar, como es la equiparación de los regímenes del sistema o el tratamiento a la jubilación anticipada, recuerda el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer.
Y el responsable de CCOO, Salvador Bangueses, dice que “no tenemos ningún problema para ampliar el periodo de cálculo. Se trata de ver los datos”, aunque considera que ahora mismo “no es una necesidad”. Eso sí, recalca, lo que se haga que sea de forma gradual, porque ahora la estabilidad laboral es peor.

Por tipos de activos financieros, los fondos de pensiones en renta variable de la zona euro registraron una rentabilidad negativa del 41,6%, más de lo que perdieron los de renta variable de fuera de la zona euro (-34,4%).
Por el contrario, los fondos de pensiones de renta fija lograron cerrar el año en positivo, con una rentabilidad del 6,5%, a pesar de haber estado en negativo durante la primera mitad del año.
Mercer se considera líder en consultoría e inversiones con más de 25.000 clientes a escala mundial, a los que ayuda a diseñar y gestionar seguros personales, así como a optimizar su capital humano, junto a otros beneficios.

La firma también se dedica a externalizar la gestión de beneficios. Sus servicios de inversiones incluyen consultoría de inversiones y gestión de gestores de inversiones. En la actualidad, Mercer tiene más de 18.000 empleados en 41 países.
La Seguridad Social tendrá que recurrir al Fondo de Reserva para pagar las pensiones a partir del año 2023. Esto significa que las pensiones de los menores de 50 años dependen de las aportaciones a dicho fondo que, en la actualidad tras varios años de bonanza del mercado laboral sólo cubre nueve meses de pagos a los jubilados. No obstante, el Ministerio de Trabajo insiste en que la Seguridad Social está "mejor que nunca".

El informe trianual de Estrategia Nacional de Pensiones elaborado por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, que todos los estados miembros de la UE envían a la UE, asegura que la Seguridad Social tiene garantizado el equilibrio de sus cuentas hasta 2029, aunque para ello habrá tenido que acudir al Fondo de Reserva seis años antes.
Esto significa que las pensiones de los menores de 50 años dependen de las aportaciones al Fondo de Reserva. En la actualidad, según el documento publicado por el departamento que dirige Celestino Corbacho, "las dotaciones al Fondo de Reserva alcanzan en este momento un total de 56.000 millones de euros, lo que supone el 5,32 por ciento del PIB y servirían para cubrir el pago de nueve mensualidades de la nómina de pensiones".

Trabajo pretende defender la sostenibilidad del Sistema de la Seguridad Social asegurando que hasta el año 2023, "se seguirá produciendo superávit, continuará incrementándose el Fondo de Reserva y sus correspondientes intereses, que alcanzarán previsiblemente una cifra equivalente al 6,5 por ciento del PIB en 2023".

Gracias por leerme
luismgon