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Uno de los imputados en Pretoria ocultó 300.000 euros en Andorra
Agencias | 11/12/2009 - 14:45
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El presidente de la inmobiliaria Grupo Espais, Lluís Casamitjana, ocultó un total de 300.000 euros en cuentas bancarias de Andorra que no declaró a Hacienda y que podrían "proceder de las ilícitas actividades empresariales" que llevó a cabo en el marco de la presunta trama de corrupción 'Pretoria'.

Así consta en un auto de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el que acuerda mantener la fianza de medio de millón de euros que el juez Baltasar Garzón impuso al empresario el pasado 30 de octubre por su vinculación con este grupo, que habría dejado un aguejero 44,7 millones de euros en los ayuntamientos barceloneses de Santa Coloma de Gramenet, Sant Andreu de Llavaneres y Badalona.

Los jueces jerárquicamente superiores a Garzón, que se pronuncian por primera vez sobre los recursos presentados por los implicados en el caso 'Pretoria', también revelan en su auto que Casamitjana negó ante el juez instructor que tuviera dinero escondido fuera de España.

Asimismo, ponen de relieve que las empresas de Casamitjana compraron un solar recalificado en las inmediaciones del puerto deportivo de Badalona (Barcelona), en cuya adquisición supuestamente mediaron "pagos irregulares a otros miembros de la trama, que recibieron también comisiones en otros proyectos posteriores" impulsados por el empresario.

Los magistrados Angela Murillo, Teresa Palacios y Juan Francisco Martell también consideran que Casamitjana desarrollaba, a través de sus empresas, actividades tendentes a lograr modificaciones de los planes de ordenación urbana, el cobro de comisiones ilegales, el fraude a la hacienda pública y el tráfico de influencias, aprovechando los cargos y los contacos políticos y empresariales de los distintos componentes del grupo".
"Sustración a la justicia"

Para justificar el mantenimiento de su fianza, los miembros de la Sección Cuarta alegan que existe una "nada desdeñable expectativa de sustracción de la justicia" pese al "indudable arraigo laboral" de Casamitjana que alegaron sus abogados.

En este sentido, el auto destaca las "actividades económicas" del empresario y su "relación con personas que pudieran coadyuvar a su fuga, sin que pueda obviarse que se le imputa la posible perpetración de cuatro delitos", en referencia a asociación ilícita, fraude fiscal, tráfico de influencias y blanqueo de capitales, que están castigados individualmente con penas de hasta seis años de cárcel.

De igual modo, el tribunal justifica esta decisión por las "graves" responsabilidades penales que debería afrontar Casamitjana y sus "contactos" con personas que podrían ayudarle para fugarse, destruir pruebas o reiterar los delitos.

La Sala también tiene que resolver los recursos de apelación presentados por los otros ocho ex altos cargos y empresarios que formaban parte de la primera tanda de imputaciones realizada por Garzón. Entre ellos se encuentran Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, que quedaron el pasado martes en libertad bajo fianzas de un millón de euros.

En la actualidad únicamente se encuentran en prisión el ex diputado del PSC y presunto cerebro de la trama, Luis García; y el ex alcalde de Santa Coloma Bartomeu Muñoz (PSC). Además, esperan la decisión de la Sala el ex concejal de Urbanismo de Santa Coloma Manuel Dobarco; el director de Servicios Pasqual Vela y los empresarios Manuel Carrillo, Josep Singla.

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