Cambrils - Tarragona

Fabra: "Yo no sé la cantidad de gente que habré colocado en 12 años”

El presidente de la Diputación de Castellón alardea de nepotismo

"Yo no sé la cantidad de gente que habré colocado en 12 años...". Lo que era un secreto a gritos finalmente se puede oír en voz del propio presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra (PP), en una grabación en la que admite utilizar la Administración para "colocar" a gente de la que, después, espera su "voto agradecido". "Porque el que gana las elecciones coloca a un sinfín de gente (...), y con las oposiciones puedes meter a uno o dos ayudantes", añade.


Para Fabra, ganar las elecciones "supone mucho poder en un ayuntamiento, en una diputación". La grabación, desvelada ayer por la Cadena SER, corresponde a una conversación, antes de las pasadas elecciones municipales, con un miembro de su partido, el PP. Esos comentarios suponen, a juicio de la oposición, una "autoinculpación" de Fabra, a quien un juzgado de Nules investiga por supuesto fraude fiscal y tráfico de influencias. El portavoz socialista en la diputación, Francesc Colomer, exigió una "explicación inmediata”.

"Ni sé", dice Fabra en referencia al número de personas que ha colocado. Y cita entre las entidades donde ha practicado el enchufismo la Diputación, donde mantiene contratados a más de una treintena de asesores. También asegura haber colocado a conocidos en el Hospital Provincial, el Instituto de Promoción Cerámica, dependiente de la Diputación; la Escuela Taurina, un proyecto puesto en marcha por Fabra; el complejo socioeducativo de Penyeta Roja, también dependiente de la Diputación, y el Puerto de Castellón, integrado en Puertos del Estado pero cuyo personal está transferido a la comunidad autónoma, con lo que la designación de su plantilla y del consejo de administración, al que pertenece Fabra, depende de la Generalitat Valenciana.

"Voto cautivo”

En todos ellos y en algunos otros, según palabras del propio Carlos Fabra, se puede "colocar a un sinfín de gente, asesores, secretarios, directores generales, subdirectores, subsecretarios, asesores de los consejeros, directores territoriales, secretarias de no sé qué... (...). Y toda esa gente es un voto cautivo. Ese es un voto cautivo, que lo tengáis muy claro", añade.

Fabra pone un ejemplo, una "tontería", según él. "Madre que quiere entrar en el colegio de la Consolación de Burriana. Está muy difícil. No hace falta, Fabra llama a Baila y Baila mete en ese colegio y esa señora es un voto agradecido". Se refiere a Francisco Baila, entonces director territorial de Educación en Castellón y actualmente director general de Centros Docentes de la Generalitat Valenciana, que está siendo investigado por un posible delito de prevaricación después de que CC OO lo acusara de intervenir irregularmente en el proceso de matriculación del colegio de la Consolación, pero no de Burriana, sino de Castellón.

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Este es uno de los "campeones" de honradez del PP. Pero ni dimite ni le piden que lo haga.

Bnb

Alcaldes del PP en Madrid y Valencia contratan al bufete del diputado Michavila


El bufete de abogados Eius, en el que trabaja como asesor externo el ex ministro de Justicia del PP y actual diputado José María Michavila, ha sido contratado por ayuntamientos gobernados por el PP. Entre ellos están los de Valencia y el Boadilla del Monte (Madrid). El alcalde de este último municipio, Arturo González Panero, dimitió tras conocerse su imputación en la investigación del juez Garzón sobre la trama corrupta de Francisco Correa.

Eius ha sido contratado para defender al Ayuntamiento de Boadilla en al menos cinco casos y por más de 100.000 euros. Varios de esos procesos tienen que ver con el aumento de sueldo a cargos de confianza, hasta 30, del gobierno municipal.

Entre esos cargos figura Elena Cerezo, esposa del portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, David Pérez. Su sueldo como asesora del alcalde pasó de 45.000 a 55.000 euros anuales en mayo de 2008. "Lo grave no es que pagasen teniendo unos funcionarios que se dedican a eso, sino que contraten a amiguetes para defender ilegalidades", afirma Ángel Galindo, concejal en Boadilla del partido opositor Alternativa por Boadilla. El municipio cuenta con servicios jurídicos propios.

No es la única relación profesional de Michavila con imputados en la trama. El Consejo de Administración de la Televisión Municipal de Valencia, que controla con mayoría absoluta la alcaldesa Rita Barberá, del PP, también ha contratado a Eius. La contratación, por 7.000 euros, se produjo después de que los socialistas interpusiesen un recurso contra la venta del 80% de las acciones de Ondas 13 SL -empresa que logró la gestión de la Televisión Municipal en 2007- a Mediamed, sociedad controlada por José Luis Ulibarri, imputado por Garzón.

Ulibarri cuenta con 13 licencias de televisión digital terrestre en la Comunidad Valenciana, bien mediante concesión directa de la Generalitat bien mediante la compra de las empresas que lograron la licencia. El diario Levante aseguró ayer que Eius cobró al menos 150.000 euros a la empresa de Ulibarri, antes de la adjudicación de las licencias de TDT del Gobierno valenciano.

Eius tiene como administrador a Alberto Dorrego, antiguo subordinado de Michavila en Justicia. La relación de ambos con el Gobierno valenciano es estrecha, ya que una hermana del ex ministro, Ana Michavila, es jefa de gabinete del presidente valenciano, Francisco Camps. Dorrego figura como secretario en una empresa pública de la Generalitat. El portavoz de Economía del PP en las Cortes Valencianas, José Marí, ha reconocido que también asesora a través de Eius al promotor Andrés Selma, socio de Ulibarri en Mediamed y otros proyectos urbanísticos.

Uno de los miembros destacados del bufete asesorado por Michavila insistió en que es "frecuentísimo" que los ayuntamientos contraten algunos casos con despachos externos a causa "del desbordamiento de sus propios servicios jurídicos". También subrayó que la falta de concurso público se debe a la premura con que deben de atenderse las demandas, "20 días", y reivindicó que en su bufete se encuentran "los mayores especialistas en contratación pública”.


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Otro más en el ajo.

Bnb