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La caradura de Monteseirín: el fax y los nombres eran del PSOE, mas no indagó porque era cosa del PP

martes, 19 de mayo de 2009
Alfredo Sánchez Monteseirín, alcalde de Sevilla, le dijo ayer al juez que no ordenó investigar el fax al dudar de su autenticidad. Ante el Juzgado de Instrucción número 14 afirmó que no ordenó investigar el fax aportado por el PP a la causa del 'caso Unidad', que investiga presuntas facturas falsas en dicha entidad vecinal, porque no da "crédito" al PP. Seolvidó tener en cuenta que el fax desde el que se envió el documento incriminatorio era el fax oficial de la sede del PSOE y que los nombres que aparecían eran personas empleadas por el PSOE. A pesar de ello, "no creo que nadie del grupo municipal socialista -desde donde se emitió el fax - hiciera algo así", ha afirmado Sánchez Monteseirín.

Pero, claro, no pudo precisar cómo es posible que se enviara el citado fax desde este lugar. De hecho, ni siquiera ha respondido a la pregunta sobre quién o quiénes serían sus autores. Sin embargo, en la rueda de prensa ofrecida en la sede del PSOE de Sevilla, donde llegó sobre las 12.30 horas cogido del brazo del secretario provincial socialista, José Antonio Viera, tras declarar como testigo, el primer edil ha afirmado que todo este asunto -convertido ya en un expediente judicial- "se trata de una pelea puramente política; esto no tiene nada que ver con el Ayuntamiento de Sevilla". Y ha señalado: "Es un intento del PP de hacerle daño al PSOE" usando para ello las instituciones judiciales.

Recordemos qué es esto del famoso fax: Lo que declaró "La Pepi"

El famoso fax aportado por el PP era auténtico y el PSOE mentía. Lo aeguró la Policía y se demostró oficialmente cuando el juez vio indicios de delito. La Pepi, la que fuera contable de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos, Unidad, en el momento en que se produjo el envío del fax con membrete del Grupo Municipal Socialista -año 2002- dando instrucciones para «inflar» una factura, declaró como testigo en el juzgado de Sevilla por el caso de la denuncia interpuesta por el PSOE contra el que fuera candidato del PP a la alcaldía, Juan Ignacio Zoido, por falsedad documental e injurias en torno a ese fax. En su declaración, J. P. F. dijo desconocer la vinculación que tenía la organización con el Grupo Socialista del Ayuntamiento, aunque indicó saber que «varios miembros de la junta de la Federación pertenecían a entidades públicas» que el PSOE controlaba, usando los ejemplos de Carmen Peral o Ángeles Nevado en «Siglo XXI», dependiente de la Diputación.

En este punto, cabe recordar la militancia socialista del entonces presidente, Manuel Gómez Lobo, y su segundo, Enrique Castaños, quienes luego pasaron a formar parte del Gobierno local en la Delegación de Vía Pública como delegado y director de área, respectivamente. Antes, ambos trabajaban juntos en la Federación vecinal. De hecho, la contable subrayó que recibió órdenes directas de los ex miembros de la directiva de Unidad Manuel Gómez Lobo y Ángeles Nevado, ambos claramente vinculados a la formación socialista. Eso sí, esta trabajadora de la entidad vecinal señaló que nunca las recibió explícitamente del Grupo Municipal del PSOE.

En el acta de las declaraciones, a la que ABC tuvo acceso, J. P. F., conocida como «Pepi» y que trabajó como contable en Unidad entre 2002 y 2006, indicó que la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos Unidad tenía por objeto la asesoría jurídica a diferentes asociaciones así como la realización de diferentes programas sociales que estaban subvencionados, como el polémico «Movida y Sociedad».

Reconoció J. P. F. que en el fax remitido al juzgado aparece manuscrito con su puño y letra la mención «factura pagada», si bien preguntada por la diferencia que hay en el fax entre el total de la factura y el concepto real, manifestó que «el gasto real podría ser el gasto imputable al programa que se estuviera realizando en ese momento», es decir, que la factura incluía el total del proyecto más los gastos relacionados con dicho programa. Esa es la justificación del desfase, que ella rubricó.

La declarante, además, dijo desconocer el significado de la expresión «preparar un sobre con 1.218,90 euros y mandar al Ayuntamiento con Susana», precisando que se referiría a «una conversación previa» que se habría tenido y «se trataría de llevar ese dinero a un miembro de la junta directiva que se encargaría de pagar a la empresa». El responsable de los dineros que se movían en la organización durante aquella etapa era Enrique Castaños.

En cuanto a la frase «el resto a caja fuerte», la contable sugirió al juez que se trataría de «un pago aplazado» y que luego se abonaría el resto, aunque admitió que esta práctica de pago no se realizaba normalmente en la entidad. La otra de las testigos, la auxiliar administrativo S. D. V. , «Susana», apuntó que su cometido era llevar documentación a los diferentes organismos públicos por lo que desconocía el contenido de los sobres. De esta manera, la declarante dijo no tener relación con ningún miembro del Grupo Municipal Socialista y que llevaba documentación a los diferentes grupos municipales. Aseguró que recibía órdenes de la contable, la trabajadora social y la asesora jurídica.

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