Pilas - Sevilla

Mientras discutíamos a principio de año sobre la ley del tabaco, la ley Sinde, o analizábamos aterrados las cifras del paro o el estado de nuestra economía, los "padres de la patria" (llamarán patria a sus cuentas bancarias), nuestros políticos en el Parlamento en teoría representantes de la soberanía popular (¿la nuestra?), perpetraban con carácter urgente uno de los mayores atentados a la democracia de este país que se recuerdan.


Cuando finamente ha estallado esta carga explosiva, directamente en la línea de flotación de esta nave que es España, el suceso ha pasado prácticamente inadvertido para una gran mayoría de los españoles. Su trascendencia en los medios, como hemos comentado más arriba, ha quedado difuminada por las ya acostumbradas maniobras de distracción del gobierno, verdadero experto en esta materia, y que esta vez ha contado con el apoyo del resto de los partidos que forman el arco parlamentario.


Nos referimos a la aprobación primero, y a la publicación consiguiente en el BOE el 29 de Enero de este año, de la modificación de algunos artículos de la LOREG, y en especial al artículo referido a las condiciones necesarias para poder presentar candidaturas en las elecciones al parlamento de la nación, que textualmente expresa lo siguiente:


Para presentar candidaturas, las agrupaciones de electores necesitarán, al menos, la firma de 1% de los inscritos en el censo electoral de la circunscripción. Los partidos, federaciones o coaliciones que no hubieran obtenido la representación en ninguna de las Cámaras en la anterior convocatoria de elecciones necesitará la firma, al menos, del 0,1% de los electores inscritos en el censo electoral de la circunscripción por la que presentan su elección. Ningún elector podrá prestar su firma a más de una candidatura


(Modificado por Ley Orgánica 2/2011, de 28 de Enero)


Con este artículo en particular, nuestros representantes políticos han dado un paso trascendental para completar la transformación de nuestra democracia en una partitocracia completa. Han reforzado su blindaje, al parecer no lo bastante satisfechos con la anterior ley electoral, que consagraba el bipartidismo en este país y dejaba las migajas del pastel al resto.


Con esta aprobación, han conseguido cercenar de raíz el que, eventualmente, alguno de los partidos minoritarios, que en la actualidad están fuera del parlamento, puedan acceder a él. A nadie se le escapa que añadir la exigencia de un porcentaje de firmas que avalen una candidatura, por mínimo que sea, sumada a los escasos medios económicos de la mayoría de pequeños partidos o agrupaciones que existen en nuestro país, supondrá un obstáculo insalvable, y condenará a la larga a la desaparición de estas opciones políticas.


En un país, en un mundo, en que está surgiendo una corriente de ideas, nuevas y regeneradoras, alternativas y críticas, con la mayoría de los imperfectos sistemas democráticos actuales , nuestros "grandes" partidos: PSOE y PP (ambos alimentados con dinero de todos los españoles) acompañados de sus comparsas, han actuado para cerrar las puertas a estas corrientes, que en el futuro hubiesen podido poner en peligro sus privilegios de casta instalada en el poder, en la creencia que no hay nada más allá de sus propios intereses, y existencia, y que estos están por encima de los derechos de los ciudanos.


Con su decisión se han asegurado su futuro, no sea caso que algún día, los españoles abramos los ojos, y de la mano de algún partido político, independientemente de su ideología, llegue a desalojarles de su poder por turnos, y comience a cambiar las cosas, en busca de un verdadero sistema democrático más participativo y con mayores cotas de justica social.



Alguno pensará que este 0,1% es muy poco, prácticamente nada, pero está completamente equivocado. Por poner un ejemplo, en Castellón significaría que unos 2.300 castellonenses, que son los ciudadanos que en las ultimas convocatorias generales, escogieron votar a uno de esos partidos sin representación parlamentaria , no habrían podido ejercer ese derecho fundamental consagrado por nuestra constitución, de introducir la papeleta en la urna. Es como si hubiesen sido borrados del mapa, al igual que las diecisiete opciones políticas que habrían recibido esos votos en circunstancias normales.


Más gráficamente para entenderlo mejor, sería como si les dijésemos a los vecinos de otras localidades que no pueden votar, que alguien en Madrid ha decidido que no tienen derecho a elegir la opción política que más les atraiga, que obligatoriamente sus opciones deben limitarse a las que forman el limitado y pobre catálogo de la partitocracia. Por extensión lo mismo ocurriría en el resto de España.


Se trata tan sólo de coger una calculadora, para darnos cuenta que serán decenas de miles de personas las afectadas por esta medida anti-democrática. Decenas de miles de personas cuyo voto vale exactamente lo mismo que el de esos otros ciudadanos, que son mayoría, y que están abonados, como también es su derecho, al “bipartidismo con flecos” actual.


Hemos retrocedido, nuestra democracia ha emprendido un camino peligroso hacia atrás. De momento este camino acaba de comenzar, pero sus implicaciones en el futuro serán incalculables. No podemos permanecer callados y quietos ante este ataque a nuestra democracia, si lo hacemos, seremos los cómplices de estos partidos que nos quieren conducir hacia donde más les interesa: la perpetuación de un poder en el que irán alternándose por el paso de los siglos.


En la Alemania de la segunda guerra mundial los ciudadanos judíos, una minoría dentro del país, fueron obligados a salir a a calle llevando un brazalete que les identificaba como tales, después todos lo sabemos, fueron eliminados. Sin ánimo de hacer comparaciones con un episodio tan triste en la historia de la humanidad, en las próximas elecciones generales muchos de nosotros, que también somos una minoría diferente como lo fueron ellos, portaremos otro brazalete, uno que no será visible en nuestros hombros pero que nos marcará en nuestra conciencia y que dirá: “VOTANTE POLÍTICAMENTE MINORITARIO SIN DERECHO AL VOTO”. Será un genocidio electoral y la muerte de los que creemos en otras alternativas políticas distintas a las actuales. No lo permitamos, entre todos no dejemos que esto suceda, están en juego muchas cosas, y si no lo atajamos ahora todos pagaremos sus consecuencias.

Túnez, Egipto, Argelia... ¿cuándo hablará España?

Nos preguntamos también ¿dónde está el derecho a voto secreto? porque resulta lógico que ese porcentaje de personas que se exige para constituir un partido político, al firmarlo sean sus potenciales votantes. Y lógicamente, esa información constará en listas de ¿personas discrepantes con el sistema? ¿españoles de segunda clase? ¿listas para el Servicio de Información, Ministerio del Interior, o para el Rubalcabra de turno?

Vaya, igual no basta con el control de medios de comunicación (teléfono, internet, etc) y ya descaradamente obligaran a firmar y dar sus datos a todo el que no desee ser cómplice del sistema partitocrático.

Muy mal pinta el asunto.

¿Dónde está la democracia?

Métete tqmbién con tus amiguetes del PP, o ¿con esos no?, se te ve el plumerillo, chiquillo (o chiquilla o chiquite)