Pilas - Sevilla

Por desgracia somos pocos quienes pensamos que el sindicalismo ha de tener cierta participación en la vida política y en la configuración del Estado. Somos pocos y de escasa influencia. Todavía.

Por eso no se entiende la pasión que ponen algunos comentaristas al referirse a la vertiente sindicalista que adquirió el Estado nacido el 18 de Julio para poner en cuestión al enteco sindicalismo de la España constitucional.

Primero porque no hay ninguna relación entre este último y el sindicalismo vertical, ni por sus protagonistas ni por la función que ambos se atribuye, y, segundo, porque la valoración histórica de la aportación nacionalsindicalista dista mucho de ser negativa. A no ser que se juzgue todo con óptica liberal o socialista, que de todo hay, y en esto van de la mano.

Cualquier comparación es odiosa.
Salvo algunas actuaciones subversivas de escaso relieve y solo en los últimos años, al sindicalismo de izquierda se le vio poco en la llamada oposición al Régimen de Franco. Primero, por la propia eficacia de la organización sindical estatal y, sobre todo, porque la propia evolución social y económica de España dejaba cada vez más en la estacada fórmulas y modelos propios de los años treinta.

Algunos nostálgicos parecen añorar los tiempos en que unas organizaciones revolucionarias pretendían monopolizar la representación obrera (en competencia sangrienta entre ellas mismas, como ocurría en esa idealizada Segunda República) al tiempo que se enfrentaban directamente a las exigencias patronales sin apenas mediación del Estado. La asociación sindical, así entendida, era instrumento de la lucha de clases y no de participación, cooperación y desarrollo social.

Apenas se conocen en España ejemplos del sindicalismo reformista que trataba de procurar el cambio por vía legislativa y pacífica (cuyo prototipo es el laborismo inglés). De hecho fueron políticos conservadores como Eduardo Dato o Miguel Primo de Rivera los primeros en introducir tímidas correcciones al sarcástico despotismo de la libre competencia, del libre mercado o del libre acuerdo entre patronos y obreros para fijar las condiciones de trabajo. Más tarde, la propia dinámica que desembocó en la Guerra Civil y el posterior progreso económico propio de un mundo social interdependiente determinaron un cambio radical de escenario favorecido por la experiencia de los regímenes comunistas, con su dictadura opresiva de todos los ciudadanos y, en especial del trabajador que decían defender.

A partir de entonces (y a este modelo va a responder, el sindicalismo vertical español):

«El Sindicato se convierte progresivamente en una institución social, que ya no se interesa por la defensa de intereses inmediatos (aunque ésta sea siempre una de sus funciones importantes), sino que se interesa por la educación profesional y técnica, por la racionalización y productividad del trabajo, por la política económica general, etc. Colabora con el Estado, a la vez que reclama la asistencia y protección de éste. Controla bienes importantes y los administra cuidadosamente. Es hoy, en definitiva un poderoso instrumento de ordenación social» (esto escribía Manuel Fraga en 1961, Estructura política de España, Doncel, Madrid, p.166).

La quiebra de este modelo —llevada a cabo por la oligarquía política a partir de 1975— es el que da paso a la situación actual. Por lo tanto, para entender el papel atribuido a los sindicatos en la muy democrática España de hoy no parece lógico remontarse al régimen saliente sino al proceso denominado, con notable inexactitud, la Transición.

El coste económico y social del “cambio” político.
Es por estos años cuando, en primer lugar, no se hicieron los ajustes que la crisis de 1973 demandaba porque ello comportaba costes sociales a corto plazo que no se deseaban como escenario del cambio político. En realidad, se puede decir que se sacrificó la economía y la empresa a la política que ya protagonizaban los partidos y a la paz social que, por otra parte, se esforzaban en hacer imposible los nacientes sindicatos. El crecimiento del déficit público, del paro, de la inflación serán el escenario económico de la Transición al tiempo que los sindicatos —longa manus de la todavía indigente izquierda política— ponen en práctica su táctica de derribo y acoso.

Como explicó, en su momento, Luis Olarra «Aquí en España resultó que tanto los últimos gobiernos de Franco como el primero de la monarquía se pasaron de la raya en la toma de la economía como colchón para el cambio. Y después, los gobiernos de UCD, desde el que hizo la reforma política hasta el que perdió las elecciones de 1982 frente al socialismo, el colchón para el cambio lo convirtieron en cama redonda. El refocilamiento con las izquierdas sindicales y con las no sindicales y el pacto de claudicación de la mala conciencia con los portaestandartes de la revancha, acabaron por sentar para las empresas españolas lo peor de las condiciones posibles» (“La empresa”, en España diez años después de Franco (1975-1985), Planeta, Barcelona, 1986, p.107).

Más escandaloso aún fue el sistema arbitrado —y posteriormente perpetuado por la ley del estatuto de los trabajadores y la ley orgánica de libertad sindical de 1985— para otorgar a la socialista UGT y a los comunistas de CCOO el monopolio de la representatividad sindical. Mediante ese sistema un porcentaje mínimo permitía establecer una frontera insuperable entre estas organizaciones de izquierdas y el resto de los nacientes sindicatos democráticos. El fraude se completó atribuyéndoles la exclusiva de la representación institucional y favoreciendo a UGT y CCOO en el reparto de bienes inmuebles y de generosas subvenciones.

Lo perverso del sistema echó en manos de los sindicatos de izquierdas a la masa dejada a la intemperie por los partidos políticos que han fagocitado el resto del espacio social. De esta manera, tanto el PSOE, como la extinta UCD, como el PP han contribuido (en sus etapas de control del poder político) a la ausencia de un sindicalismo de sólida base y fuerte implantación favoreciendo la supervivencia de unos organismos parasitarios de las leyes, los respectivos gobiernos y la patronal.

El déficit democrático del proceso orquestado por la oligarquía política en 1978 es la verdadera raíz de la situación actual. Así se explican fenómenos como la ausencia de conflictividad en situaciones de crisis tan graves como la que atravesamos y escenificaciones como la huelga general del 29 de septiembre, varios meses después de que se anunciaran las medidas gubernamentales que, presuntamente, las provocan.

Las fuentes del sindicalismo vertical.
Resulta simplista reducir la inspiración del sistema sindical articulado en España a partir de la Guerra Civil a las aportaciones del nacionalsindicalismo en cualquiera de sus formulaciones más o menos radicales. Es cierto que la Falange se propuso desde sus inicios la superación de la lucha de clases como instrumento al servicio de la subversión política y propuso la participación en la vida económica, social y política a través de la organización sindical. No es menos palmario que «la preocupación falangista por las gentes menos favorecidas, por la función social de la propiedad, por la redistribución de las rentas, por la dignificación del trabajador, por la reforma agraria, por la superación de la lucha de clases y por la humanización de la empresa era más auténtica e iba mucho más lejos que cuanto hasta entonces habían ofrecido, entre nosotros, los católicos, los conservadores y los liberales» (FERNÁNDEZ DE LA MORA, Gonzalo, «Estructura conceptual del Nuevo Estado», Razón Española 56(1992)279).

Pero no es menos cierto que, como recientemente ha recordado González Cuevas, la zona nacional se configuró a partir del apoyo recibido por fuerzas políticas muy diversas: falangistas, carlistas, monárquicos alfonsinos, cedistas, republicanos conservadores, regionalistas moderados…, de una legitimación llevada a cabo por la jerarquía católica y de una hegemonía impuesta por los militares a los políticos bajo el arbitraje del Generalísimo Franco (Cfr. GONZÁLEZ CUEVAS, Pedro Carlos, «Los grupos político-intelectuales en la era de Franco», Razón Española 134(2005)301-323).

Por eso, por el largo transcurso del tiempo y las cambiantes realidades, el Estado nacido del 18 de Julio —y no solo en el sindicalismo— no será el resultado de una inspiración homogénea sino de un proceso al que contribuyeron aportaciones muy diversas. Como muy bien ha explicado Luis Mayor Martínez (Ideologías dominantes en el sindicato vertical, Zero, Algorta, 1972) entre las fuentes de la organización sindical española se contaban, sin duda, las JONS de Ramiro Ledesma y Onésimo Redondo y la Falange de José Antonio, pero también el pensamiento tradicionalista español y autores como Ortega y Maeztu. Todo ello sin desdeñar los precedentes del sindicalismo marxista y del movimiento anarco-sindicalista con el que había concomitancias evidentes al tiempo que grandes diferencias.

No olvidemos, por último, que la concepción orgánica de la comunidad política que hace del sindicato o asociación profesional instrumento de organización social había sido expuesta con todo vigor por Pío XI en la Encíclica Quadragesimo Anno (1931): «Como, siguiendo el impulso natural, los que están juntos en un lugar forman una ciudad, así los que se ocupan de una misma arte o profesión, sea económica, sea de otra especie, forman asociaciones o cuerpos, hasta el punto que muchos consideran esas agrupaciones que gozan de su propio derecho, si no esenciales a la sociedad, al menos connaturales con ella» (nº 36). Por cierto, que la evolución posterior de la Doctrina Social de la Iglesia y el apoyo, todavía hoy, de la llamada “Pastoral Obrera” a los sindicatos de izquierda han mandado al baúl de los recuerdos las enseñanzas del papa Ratti.

Las realizaciones.
No creo que recordar el trabajo de muchos de los miles de españoles que trabajaron al servicio de la Organización Sindical Española pueda emplearse para denigrar a alguno de sus descendientes. Convendría releer el trabajo publicado por Ángel López de Fez en el que se deja constancia de dónde procedían, qué eran, cómo eran, qué hicieron algunos de los trabajadores de aquel sindicalismo (“La dimensión humana en la Organización Sindical Española”, en El legado de Franco. II, FNFF, Madrid, 2000, pp. 163-216). Aquí se apunta a la “clave sindical” como una de las razones que explican la transformación económica y social de España:

«Esa gigantesca red humana extendida por toda España estaba integrada por auténticos trabajadores elegidos en las empresas como enlaces, jurados y vocales en Consejos de Administración, como vocales locales, provinciales y nacionales en sus Juntas Sociales (más tarde Uniones de Trabajadores) y Consejos Provinciales y Nacionales. Auténticos trabajadores, muchos de ellos procedentes de las antiguas UGT y CNT, muchos de ellos auténticos líderes sindicales, que participaron en el desarrollo de la legislación social y en sus reivindicaciones, ajenos seguramente a muchos aspectos de la política, pero firmes y duros en no retroceder un paso en las conquistas laborales desde sus Juntas y Congresos hasta las Cortes» Ibid., p.164).

Una realidad en acentuado contraste con lo que había ocurrido hasta entonces, mientras las premisas teóricas y las realizaciones prácticas del liberalismo gestaron la aparición de unas alternativas revolucionarias que condujo en 1936 a un paroxismo del que se empezó a salir no sin grandes dificultades. Por el contrario, el estado de cosas que comenzó en una Guerra Civil acabó desembocando en un cambio decisivo.

Nadie niega las deficiencias y los desequilibrios, menos aún se pretende que el nacionalsindicalismo tuviera en la arquitectura del Nuevo Estado una hegemonía que en ningún momento alcanzó ni se ocultan las diferencias entre las realizaciones y algunas de las propuestas teóricas de José Antonio o de Ramiro Ledesma. Pero del sano realismo que supone comparar la España en cuya edificación intervino aquel sindicalismo con la España anterior e incluso con la de nuestros días se deduce la importancia de la “clave sindical” como base de la pacificación social y de una legislación laboral avanzada.

Aunque parezca paradójico, va a ser un Gobierno socialista el que liquide los últimos restos del sistema de protección al trabajador y del Estado social construido con tanto esfuerzo. Quizá por eso también, liberales y socialistas coinciden en denigrar aquella época histórica. Será porque es la herencia que hay que liquidar para consolidar definitivamente el Estado cipayo que nos administra en nombre de sus amos.

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Te equivocas: el foro no es mío, es de todas las personas que tengan una idea que expresar y argumentos para defenderla.
El problema puede ser que tú no cumplas esos requisitos.

La credibilidad de los sindicatos está bajo mínimos, y su falta de transparencia no ayuda en nada a generar confianza. Y es que las respuestas sin contestar se van multiplicando. Las organizaciones sindicales más representativas siguen sin aclarar cuál es el monto total de financiación pública que reciben y no sólo la que ingresan del Estado, sino también de las autonomías y de los ayuntamientos. En especial, la que perciben a través de ese pozo sin fondo denominado formación. Además han creado un gran interrogante sobre el número de sus liberados e incluso sobre su propia afiliación.

No obstante, han intentado enterrar esta realidad con afirmaciones como la que realizó Ignacio Fernández Toxo, secretario general de CCOO, en el programa de 59": "El 90 por ciento de la financiación del sindicato son las cuotas de los afiliados". Pero las cuentas no salen. Si CCOO tiene 1,2 millones de afiliados, a 10 euros la cuota como mucho, supondría que la financiación del sindicato se establece en unos 150 millones de euros al año.

Financiación pública
El principal criterio de la financiación pública es el del sindicato más representativo, es decir, los que obtienen un mínimo del 10 por ciento del resultado electoral en las centrales de ámbito nacional. Los sindicatos mayoritarios recibieron de los Presupuestos del Estado 15.798.500 euros para 2010, la misma cifra que se estableció en 2009. Esta cuantía se entrega por la representatividad de las organizaciones en las tareas de intermediación y representa la parte más visible de la financiación sindical, tal y como adelantó elEconomista el pasado mes de octubre.

Sin embargo, las organizaciones se apoyan económicamente en otros pilares. El más sólido, sin lugar a dudas, es la formación. Para gestionarlo, el Estado cuenta con la Fundación Tripartita. Esta fundación se nutre de las cotizaciones de formación, que pagan los empresarios y los trabajadores, y de las dotaciones del Fondo Social Europeo. A través de ella, se entrega la financiación a las organizaciones empresariales y sindicales al 50 por ciento. Para 2010, el presupuesto de esta institución fue de 1.545 millones de euros y se utiliza para llevar a cabo Planes Intersectoriales. Hasta aquí, todavía estamos en terreno visible y justificable, dejando a un lado la calidad y eficacia de los cursos formativos que ofrecen CCOO y UGT.

Ahora bien, cuando miramos las cuentas de las autonomías, las cifras empiezan a multiplicarse y a hacerse incalculables. En primer lugar, el Estado transfirió en 2010 3.209 millones de euros a las autonomías por las políticas activas de empleo (cursos, reinserción laboral, talleres, etc). De este total, las comunidades destinan una parte para formación que es impartida, a su vez, por los sindicatos. Pero, en los casos en los que este periódico ha podido contrastar las cifras resultan infinitamente más altas. "A través de las comunidades, por ejemplo la Junta de Andalucía, CCOO y UGT reciben un goteo permanente de subvenciones", según fuentes sindicales.

Las organizaciones de Méndez y Toxo realizan convenios de colaboración con los servicios públicos de empleo autonómicos, en los que tan sólo se utiliza el criterio de la administración autonómica. Es decir, los fondos son el presupuesto autonómico directamente, por eso las cuantías son superiores a las que entrega el Estado a las autonomías. A modo de ejemplo, la Junta de Andalucía tiene firmado un contrato-programa con los sindicatos, en el que éstos funcionan de intermediadores laborales. Los demandantes de empleo acuden a ellos para buscar ofertas de empleo.

Las subvenciones se vuelven a multiplicar si se analizan las transferencias de los ayuntamientos. Pero también si se estudian las subvenciones que aprueba el Boletín Oficial del Estado. En los últimos dos años, el Gobierno ha destinado a los sindicatos cerca de 500 millones de euros en subsidios adicionales, según afirma el sindicato minoritario USO. Estas cesiones se realizan a través de diferentes ministerios, por ejemplo, el Ministerio de Presidencia destinó el pasado 4 de agosto 29.036.380 euros a los sindicatos para el desarrollo de planes de Formación Continua en el ámbito de las Organizaciones Sindicales.

Financiación oculta
Todavía hay más fuentes de ingresos aparte de la formación. Durante los primeros meses de la crisis económica, el presidente del Gobierno otorgó a los sindicatos un poder incalculable: "Sólo se autorizarán los ERE que tengan la aceptación de los sindicatos". Con estas palabras, Zapatero dejó vía libre a CCOO y UGT.

Las organizaciones cobran a cada trabajador afectado por un expediente en torno a un 10% de la indemnización por negociarlo con la empresa, si no está afiliado al sindicato, según fuentes consultadas de los sindicatos. Teniendo en cuenta que la crisis ha disparado el número de expedientes hasta los 20.757 durante 2009, los servicios jurídicos de los sindicatos salen bastante rentables. Por este motivo, los sindicatos han intentado, en múltiples ocasiones, que el Gobierno hiciera obligatorio que los trabajadores pagaran al sindicato por intermediar en un ERE.

Por otro lado, también es sabido que las organizaciones sindicales se han aprovechado, en alguna ocasión, de su poder en la negociación colectiva. En 2009, por ejemplo, los sindicatos recibieron 650.000 euros de Citibank por colaborar en diferentes acuerdos laborales con la empresa.

Afiliados
Los secretos de los sindicatos continúan. En este caso, con las cuotas de los afiliados: su número esté también rodeado de muchos claroscuros. Aunque los sindicatos mayoritarios publican exactamente lo que deben pagar los afiliados en función de su estatus laboral (si son empleados, parados, estudiantes, jubilados, pensionistas,...), resulta prácticamente imposible averiguar cuantos afiliados agrupan, sobre todo por parte de UGT.

La media que pagan los afiliados en el caso de CCOO ronda los 7,6 euros mientras que en el caso de UGT roza los 6 euros. Pero la pregunta es ¿Cuántos pagan? En el caso de Comisiones Obreras, las cifras todavía están algo claras. El sindicato admite que su afiliación se estancó en 2009 en los 1,2 millones y, a pesar de la crisis, cuando la afiliación suele aumentar, el número de afiliados continúa igual de rezagado.

Tal y como informó elEconomista el pasado julio, el caso de UGT es mucho más misterioso. Según la organización, el sindicato cuenta con 1,2 millones de afiliados, pero fuentes del sindicato afirman que suelen contar también a los afiliados que llevan varios meses sin pagar y que el número real no supera los 815.000 miembros. Lo que significa que su afiliación ha caído de forma vertiginosa. No obstante, el secretario general del sindicato, Cándido Méndez, sigue negándolo, pero, eso sí, sin ofrecer ningunos datos oficiales. Además cabe considerar que el sindicato de la UGT regala la cuota durante varios meses, si el trabajador cae en el desempleo.

La política que están llevando a cabo estas organizaciones está empezando a ser mal vista por sus filas. De hecho, algunos sindicalistas han optado por cambiarse de barco: a un sindicato de menor representación, pero con más independencia política. Así las cosas, en plena crisis económica, algunos sindicatos como la CSIF (el sindicato mayoritario en la función pública), USO o la CNT han incrementado sus afiliados.

Liberados
Lo mismo ocurre con el número de liberados. Cada medio de comunicación defiende una cifra, pero los únicos que lo saben realmente han optado por mantener la boca cerrada. No obstante, la vicepresidenta primera del Gobierno acudió al rescate de sus perseguidos sindicatos pero, nuevamente, sin decir las cosas claras: "En las empresas públicas los liberados sindicales son apenas el 1 por ciento del conjunto de sus trabajadores", explicó María Teresa Fernández De La Vega, que recordó que en la Administración General del Estado esa cifra ascendía al 0,14 por ciento del conjunto de los funcionarios. Unas cifras clarísimas y completamente explicativas.

Aplicando estos porcentajes, el número de liberados sindicales en el Estado y sus empresas se elevaría a 2.369, de los que 816 corresponderían a la Administración Central y el resto se repartiría entre los 320 de la Sepi, correspondientes al 1 por ciento de 32.000 empleados; 693, en Patrimonio y 540, en las empresas del Grupo Fomento.

Claro que, ésos siguen sin ser todos los liberados que existen en España. Hay que contabilizar también los liberados en empresas privadas, que, según la CEOE, son 4.127. Además los delegados sindicales, en teoría, superan los 300.000 entre empresa privada y Administración.

Por último, hay que contabilizar, los liberados de las comunidades autónomas, que todavía parece un secreto mejor guardado que el de la Administración. El único dato que ha trascendido ha sido el número de liberados en la Comunidad de Madrid que, según la presidenta, Esperanza Aguirre, asciende a 3.500, lo que supone 1.930 más de los que establece el Estatuto de los Trabajadores y Ley de Libertad Sindical. El resto de autonomías han preferido, igual que los sindicatos, mantenerse en silencio.

Patrimonio
A todos los privilegios económicos, se suma uno más: el patrimonio. Los sindicatos pueden disfrutar de forma gratuita del patrimonio acumulado, que formaba parte de la Organización Sindical durante el régimen franquista. En 1981, el Gobierno suscribió con CEOE, UGT y CCOO un acuerdo por el que se comprometía a ceder de manera gratuita todo el inventario de la Organización Sindical. Más tarde, a través de la Ley 4/1986 del 8 de enero, el Gobierno estableció la distinción de los inmuebles incautados por el régimen y los que eran patrimonio de la Organización Sindical. Así las cosas, los sindicatos disfrutan de numerosos edificios, muchos de ellos de un gran valor histórico y con una ubicación excelente. En ellos han establecido sus sedes y diversos centros de trabajo sin pagar nada de alquiler.

Sin embargo, el sindicato de Méndez todavía se ha beneficiado aún más. El Gobierno de la UCD devolvió a UGT el patrimonio histórico que le incautó el régimen. Pero, no contento con esto, Zapatero, a través de un Real Decreto Ley en 2005, que modificó la ley de 1986, restableció más patrimonio para UGT, eliminando de la ley el hecho de que tenía que haber sido "incautado" por el régimen.

En definitiva, aunque los sindicatos se empeñen en transmitir credibilidad a sus convocantes, la opacidad de algunos de sus datos no juega en su favor.