Los Palacios y Villafranca - Sevilla

Fraude en empleo

La juez señala a Griñán por saber que el procedimiento era inadecuado

Vuelve a pedir las actas de los consejos de Gobierno y ve paradójico que no detectara el fraude en diez años

Día 02/04/2011 - 08.13h

Mercedes Alaya, en imagen de ayer a su llegada al juzgado, ha vuelto a pedir a la Junta las actas de los consejos de Gobierno

Resulta paradójico según la juez Alaya que «durante diez años la Junta de Andalucía no haya detectado las graves irregularidades que se estaban cometiendo con los fondos públicos y que ahora se extrañe de que el juez que investiga el caso quiera conocer los motivos de ello». Así de contundente se pronunciaba la juez que investiga el caso de los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, en un auto firmado el pasado jueves en el que vuelve a pedir a la Junta de Andalucía que le envíe las actas de diez años de Consejos de Gobierno, recordándole además que no son secretas las actas sino las deliberaciones.

El auto, un contundente escrito de 21 folios, apunta directamente al entonces consejero de Economía y actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y al entonces consejero de Innovación, Francisco Vallejo. En este sentido, la magistrada señala que, desde los informes de cuentas anuales y de cumplimiento de los ejercicios 2002 y siguientes la Intervención General «ha estado de manera incesante poniendo de manifiesto al consejero de Economía, a IDEA y al consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, que con la utilización de dicha figura de transferencia de financiación se ha estado prescindiendo de forma total y absoluta del procedimiento administrativo adecuado». E insiste en que estas subvenciones «se otorgaron por una persona, el director general de Trabajo, que carece de competencia para ello, pues el competente es el titular de la Consejería».

La juez, que se extiende en detalles sobre la figura de la transferencia de financiación, manifiesta que se trataba de una «indebida utilización de fondos públicos para beneficiar a amigos, familiares y personas vinculadas al partido de gobierno y su entorno».

Pero asegura que, al margen de eso, también se investiga «si el procedimiento utilizado con el indiciario conocimiento de su ilegalidad y de sus legítimas consecuencias, puesto de manifiesto año tras año por la Intervención General, puede constituir un delito de prevaricación». Y añade, como colofón, que en muchas de las empresas acogidas a EREs, los compromisos de pago se realizaban prescindiendo de protocolo y comprometiéndose el pago por el director general en escuetos escritos de varias líneas».

En este sentido, la magistrada también especifica que las diferencias fundamentales entre las subvenciones excepcionales y las transferencias de financiación no están solo en la finalidad sino en la «intensidad de control previo al gasto y al pago».

Se enteró por los medios

El auto también recrimina a la Junta de Andalucía que haya decidido no entregar las actas del Consejo de Gobierno pese a su «publicitado ánimo de colaborar con la Justicia» y también por el hecho de que ni siquiera se lo haya comunicado mediante un escrito «como correspondería», ya que está personada en las actuaciones, y se haya tenido que enterar por los medios de comunicación.

Por ello insiste, por si la Junta no lo había entendido, en requerir las actas de los consejos de Gobierno desde el año 2001, que es la fecha del acuerdo marco de 17 de julio de 2001 que ha servido de instrumento para que «se haya otorgado dichas ayudas excepcionales durante apróximadamente una década». Y especifica que resulta importante para la investigación conocer si ese acuerdo estuvo amparado en un Consejo de Gobierno y en qué términos se expresó el mismo, y si desde 2001 hasta el 2003 se adoptó algún otro acuerdo ante la existencia de algún reparo por los órganos fiscalizadores: en concreto la Intervención General y la Cámara de Cuentas».

Además recalca que, a partir de 2003 y 2004 le interesa conocer si el Consejo de Gobierno adopto algún acuerdo al poder tener conocimiento del déficit de financiación acumulado desde 2001 a 2003 en las ayudas comprometidas por el IFA por encargo de la Dirección General de Trabajo, ascendente a 38.317.849 euros. Y también recuerda que, a partir de 2005, la Intervención General de la Junta comenzó a realizar informes definitivos de cuentas anuales del IFA, ejercicio tras ejercicio. «Se ha prescindido totalmente del procedimiento establecido, lo que ha generado un importante déficit presupuestario», reitera la magistrada que cuantifica el déficit acumulado desde 2001 a 2007 en 39.249.138 euros.

Por ello en su reiteración de petición de las actas, la juez recuerda a la Junta «la importancia y extensión de esta investigación» y dice que «nada está más lejos del ánimo de esta instructora obligar a la Administración autonómica a desvelar extremos que sean materia reservada». «Si esta instructora conociera qué actas son relevantes para la investigación sólo pediría esas, pues ningún interés tiene esta titular con la sobrecarga que pesa sobre este juzgado de examinar más documentación de la necesaria».

E insiste en que no es legítimo sino «un abuso de derecho» que la Junta de Andalucía se persone como perjudicada y de otro lado pretenda ocultar, o al menos aparentar que lo hace, datos que puedan ser relevantes para la investigación, incumpliendo con el mandato constitucional».

«Lo que se han pedido son las actas en las que consten los acuerdos del Consejo de Gobierno», recalca la juez que además le recuerda varios artículos de la Ley para insistir en que las actas no son secretas. «Las actas del Consejo de Gobierno ni son reservadas ni son secretas, solo los documentos que se presentan al Consejo de Gobierno tienen carácter reservado», asegura el auto.

Y además, por si acaso también la hace la advertencia de que las comunidades autónomas y otras «no podrá negarse a expedir las certificaciones y testimonios que sean solicitados por los tribunales, ni oponerse a exhibir los documentos que obren en sus dependencia y archivos excepto cuando se trate de documentación legalmente declarada».

Citación a la Junta el lunes

Además la juez dictó ayer otra providencia en la que cita a la representación legal de la Junta de Andalucía para que el próximo lunes se pronuncie personalmente sobre «si mantiene su requerimiento de inhibición por incompetencia» hacia este mismo juzgado. Según ese texto, el gabinete jurídico de la Junta había presentado un escrito en el que se requería esa inhibición, por lo que ahora solicita que el lunes ratifique si mantiene esa petición. La magistrada ha denegado la personación a UGT y le advierte de que debe formular querella si desea personarse como acusación particular, debiendo explicar detalladamente los motivos del ejercicio de su acción, aunque no le pide fianza.

La juez también emitió otro auto en el que, en respuesta a una petición de la Fiscalía para que la Inspección de Trabajo la auxiliase en la investigación rechaza esa solicitud aunque «agradezca» que el Ministerio Público participe. El sindicato Manos Limpias, personado como acusación particular, insistió ayer en que la Junta debe remitir a la juez las actas porque no es información reservada.
La Junta dice que estudiará el auto
El Gobierno andaluz va a estudiar «en detalle y con rigor» el nuevo auto dictado por la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, en el que vuelve a pedirle todas las actas de los Consejos de Gobierno desde el año 2001 hasta 2011 en el marco de las diligencias incoadas sobre la «trama» de prejubilaciones fraudulentas de los ERE gestionados por la Junta, aunque en una «primera lectura» percibe que la magistrada realiza un «acotamiento» de la petición formulada en relación con las actas del Consejo en el auto precedente del pasado 21 de marzo. Fuentes del Ejecutivo consultadas por Europa Press recordaron que el requerimiento de inhibición de competencia anunciado por la Junta el martes en caso de que la juez no accediese a «vías alternativas» para conocer «idéntica información» a la demandada a través de la «certificación de acuerdos o informes concretos» del Consejo no se dirige contra la actuación de la magistrada, sino que se refiere a su petición de «levantamiento generalizado de la reserva de las actas del Consejo de Gobierno».

https://ww.abcdesevilla.es/20110402/andalucia/sevi-juez-senala-grinan-saber-201104012243.html