Los Palacios y Villafranca - Sevilla

TRAS LA NEGATIVA DEL GOBIERNO A ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

El PSOE carga contra la juez y la vincula con filtraciones de datos

Jiménez: «Al día siguiente de remitirle la documentación, está en los medios». La ley no fija como secretas las actas del Consejo de Gobierno, le rebate el PP

a. r. v. | j. m. / sevilla

Día 31/03/2011 - 08.06h

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La juez Mercedes Alaya, investiga la trama de ERE fraudulentos

El portavoz del PSOE en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, insinuó ayer que desde el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, cuya titular es Mercedes Alaya, se están filtrando a los medios de comunicación informes sobre los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos que le ha enviado la Junta de Andalucía. Tras matizar que su partido «no hace juicios de valor sobre los órganos jurisdiccionales ni vamos a someter a escarnio público a ningún juez ni a las fuerzas de seguridad», Jiménez lamentó que «es un hecho objetivo que cuando la Junta remite al Juzgado la documentación, al día siguiente está en los medios de comunicación».

La «fuga» se produce —puntualizó— «antes incluso de que la documentación se comunique a las partes». La de ayer es la primera crítica velada del grupo socialista a la magistrada, que custodia los informes —que suman más de 150.000 folios— que le ha enviado el Gobierno andaluz desde que arrancó la instrucción, donde la Administración andaluza también está personada.

Hasta ahora desde el PSOE y el Ejecutivo los reproches a la actuación judicial habían quedado de puertas adentro. El propio presidente de la Junta, José Antonio Griñán, había dado instrucciones precisas de no entrar en confrontaciones con la magistrada. Pero la decisión de ésta de solicitar las actas de los Consejos de Gobierno desde 2001 hasta la actualidad, alrededor de 480 reuniones, se ha llevado también por delante las clásicas normas de cortesía.

En una rueda de prensa previa a la junta de portavoces celebrada ayer, Jiménez defendió la negativa del Consejo de Gobierno a entregar las actas argumentando que sus deliberaciones tienen carácter reservado y la citada información «no es relevante para la causa que se está instruyendo».

El parlamentario socialista elevó la negativa del Ejecutivo a la categoría de «conflicto de competencias», puesto que «la juez tiene todo el derecho de conocer la información y la Junta de Andalucía tiene la obligación de trasladar toda la documentación a la Administración de Justicia». Sin embargo, insistió en poner coto a la información que se remite dada la confidencialidad de algunas deliberaciones del Ejecutivo, tal y como planteó ayer la consejera de Presidencia, Mar Moreno. «Creemos que la documentación tiene que pedirse de manera detallada para no violar la ley que establece la reserva», aseguró.

Jiménez manifestó su «estupor» a que el caso derive en un intrigante «Wikileaks» del Ejecutivo: «Que nos terminemos encontrando en los medios toda las actas de los Consejos de Gobierno desde 2001... Yo creo que la Junta hace bien en esgrimir la ley».

Por su parte, el PP rebatió ayer la argumentación dada por la Junta para no entregar a la juez Mercedes Alaya, que investiga la trama de ERE fraudulentos, las actas de todos los Consejos de Gobierno de los últimos diez años, al asegurar este partido que, según marca la Ley, esos documentos no son secretos.

El carácter reservado de esos documentos fue lo que esgrimió la consejera de Presidencia, Mar Moreno, para negarse a facilitar a la juez esas actas de los Consejos de Gobierno, que esta le había requerido a la Junta para su investigación.

El PP-A, sin embargo, afirma que, según marca el artículo 30.3 de la Ley de gobierno, esas actas «no son reservadas», por cuanto no incluyen ni las deliberaciones realizadas en esos consejos ni los votos individuales expresados por sus integrantes, tal como señaló ayer la portavoz de esta formación, Rosario Soto.

Argumentos legales

Según aclaró Soto, esas actas incluyen el lugar de la celebración del Consejo de Gobierno, la relación de asistentes, los acuerdos adoptados y los informes presentados. «En ningún lugar aparecen ni las deliberaciones ni los votos individuales ni los debates», añadió, por lo que, según la propia Ley, «no hay motivo alguno para que la Junta diga que esas actas son reservadas», en referencia a lo dicho por la consejera de Presidencia. Por ello, Soto instó a la Junta a colaborar con la Justicia y entregar toda la documentación requerida a la juez, sin que tenga que verse «obligada a darle un ultimátum de 48 horas, como ya ha sucedido».

Por otra parte, la portavoz del PP se refirió al hecho de que la Fiscalía Anticorrupción haya asumido la investigación de los ERE, sobre lo que espera que suponga un «salto cualitativo» en las pesquisas y no se produzca una «vuelta atrás», en referencia a los intentos de recusación de la juez que se produjeron durante la tramitación del caso Mercasevilla. Soto entiende, además, que la Fiscalía debería haber actuado «desde el minuto uno por la trascendencia y el volumen de lo defraudado».

Por último, el sindicato Manos Limpias, personado como acción popular en la causa por los Expedientes de Regulación de Empleo presuntamente fraudulentos, solicitó ayer a Alaya que vuelva a requerir a la Junta las actas del Consejo de Gobierno. En caso de negarse, estima que debe advertirle de que incurriría en un delito. En su escrito, esta organización dice que la negativa de la Junta de aportar las actas del Consejo de Gobierno desde 2001 no está amparada por la Ley 6/06 del Gobierno de la Comunidad Autónoma, ya que «las deliberaciones son secretas, no así las actas, que deben reflejar la transparencia». La juez ha pedido las actas con las resoluciones del Consejo, que se incluyen entre los documentos que las administraciones públicas están obligadas a facilitar al Poder Judicial según el artículo 332 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, explica Manos Limpias.

https://ww.abcdesevilla.es/20110331/andalucia/sevi-psoe-carga-contra-juez-201103302250.html