Los Palacios y Villafranca - Sevilla

La Junta se resiste a investigar los ERE ya pagados pese a requerirlos la juez

Recio cree que «no sería adecuado revisarlo todo» tras ampliar Alaya las pesquisas a 108 expedientes más que tuvieron ayudas entre 2001 y 2010

Día 27/03/2011 - 08.22h

Loa 9 millones de euros en los que la Junta ha cifrado el desvío de fondos públicos a expedientes de regulación de empleo (ERE) con 72 «intrusos» (personas que se prejubilaron en empresas donde nunca trabajaron) pueden ser sólo la punta del iceberg de un fraude de mayores proporciones. La jueza de instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha extendido sus pesquisas a todos los ERE que incentivó la Administración autonómica entre 2001 y 2010, lo que incluye tanto los 68 que están actualmente en vigor y que han sido analizados por un equipo de funcionarios de la Consejería de Empleo como 108 expedientes más que el Gobierno tramitó en ese periodo, en su mayoría ERE «muertos» o ya pagados.

La existencia de irregularidades en estos últimos es un misterio, pues la Junta no los ha revisado y, de entrada, no tiene intención de someterlos a un escrutinio general como sí ha hecho con los llamados ERE «vivos», donde a los 72 intrusos hallados se suman 111 anomalías. La juez discrepa de estas cifras y, a la luz de los primeros informes policiales que han llegado a sus manos, detecta más falsos empleados en otras tres sociedades: Surcolor, Saldauto e Hytemasa.

Pese a que la magistrada ha puesto ahora la lupa sobre los ERE «muertos» tramitados por las consultoras Vitalia y Uniter, el consejero de Empleo, Manuel Recio, se mostró ayer remiso a abrir una investigación global sobre los mismos. Desde Almería, donde asistió a la inauguración de la Escuela Municipal de Música, Recio argumentó que su departamento actúa «ante cualquier indicio de irregularidad», pero que, si no lo hay, «desde el punto de vista administrativo no sería adecuado revisar todas las actuaciones que se han llevado a cabo en la Consejería durante no sé cuánto tiempo ni qué años».

También terció ayer en el asunto la consejera de Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Mar Moreno, quien manifestó sus reticencias a estudiar los ERE ya extinguidos. Cuestionada por la solicitud de la jueza Mercedes Alaya sobre estos expedientes, como informó «El País», se limitó a señalar que el Ejecutivo autonómico ha abierto una investigación «sobre los expedientes que tienen a personas que no deben estar para que dejen de cobrar y no se siga produciendo un daño público». «Hemos dado orden de que deje de cobrar quien no tenga derecho a esa pensión y vamos a recuperar el dinero que se ha cobrado indebidamente», declaró a los periodistas, al tiempo que aclaró que todos los ERE están en el juzgado.

Más trabajadores

Pero por un lado van los deseos y las palabras de los responsables autonómicos y por otro muy distinto las pesquisas de la magistrada, determinada a llegar hasta el fondo de un asunto donde están en juego más de 647 millones de euros canalizados por la Junta de Andalucía desde 2001 a 2010. No en vano, a las pocas horas de que la Consejería de Empleo diera por concluida su investigación, Mercedes Alaya hacía trizas el anuncio del responsable autonómico en Facebook dándole un ultimátum de 48 horas para que entregara más papeles.

La ampliación de las pesquisas a los ERE «muertos» podría dar como resultado un quebranto mayor para las arcas públicas, toda vez que se quedarían muy cortos los 5.982 involucrados en las 68 firmas con expedientes de regulación de empleo analizadas hasta ahora por la Junta.

En una década, el Ejecutivo ha tramitado 176 ERE saltándose los procedimientos de control y fiscalización estipulados para este tipo de fondos públicos, como le advirtió la Intervención General. Este órgano dependiente de la Consejería de Hacienda emitió tres informes entre 2005 y 2007 —estando al frente del departamento el actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán— en contra del trámite administrativo. Cuestionó la gestión de las ayudas como transferencias de financiación de explotación en vez de hacerlo como subvenciones excepcionales.

A rebufo del escándalo, que lleva meses monopolizando el debate político en el Parlamento de Andalucía y ha provocado la dimisión de cargos intermedios del PSOE de Sevilla, el Gobierno andaluz anunció que introducirá cambios en la norma.
Más interrogantes sobre el caso
Más intrusos
La ampliación de las pesquisas a 176 expedientes de regulación de empleo tramitados entre 2001 y 2010 aumenta de forma exponencial las posibilidades de encontrar a nuevos intrusos
Al margen del convenio
El convenio que regulaba los incentivos a empresas para costear prejubilaciones expiró a finales de 2003. Desde 2004 se dieron ayudas sin que lo avalara ningún documento
¿Y las comisiones?
La Junta no ha aclarado hasta ahora cuánto dinero público se embolsaron las consultoras (Vitalia y Uniter), «brokers» e intermediarios por tramitar las ayudas a las empresas

https://ww.abcdesevilla.es/20110327/andalucia/sevi-junta-resiste-investigar-pagados-201103262130.html